miércoles, noviembre 30, 2005
Enrique Cabrera duda sobre el cumplimiento de la DMA en la Comunidad Valenciana
¿Son necesarias más infraestructuras hídricas?
ENRIQUE CABRERA - U. POLITÉCNICA DE VALENCIA
Atónito asisto al debate actual del agua centrado de manera exclusiva en cuáles y cuántas infraestructuras hídricas se necesitan para no entorpecer el crecimiento económico de nuestra Comunidad. Debate que, en ocasiones, llega hasta la segunda derivada. Porque cuando todos asumen que una obra es necesaria (el Júcar-Vinalopó) la discusión se traslada al cómo realizarla. De tal manera que para que el debate no decaiga, todos, tirios y troyanos, ponen cuanto está de su parte. Y siempre sobre el mismo tablero, cuando lo que importa discutir es cómo realizar la transición que lleve esta política del subsidio a otra que, en línea con la Directiva Marco del Agua (DMA), repercuta al usuario todos los costes. Sin excepción en el uso urbano y con los matices que otro día expondré en el riego.
Porque ya en el ecuador de los diez años de plazo que la Directiva Marco del Agua (DMA) estableció para que entre en vigor su artículo 9, el que podrá obligar al usuario a asumir todos los costes del agua que consume, su precio apenas si ha cambiado. De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la factura del agua urbana va al compás de la inflación, mientras se mantiene el coste del agua de riego. Tanto que el reciente intento de aumentar un céntimo el metro cúbico del Ministerio de Medio Ambiente ha sido abortado por otro Ministerio, el de Agricultura, que hizo suya la frontal oposición de los regantes al conato.
Se han perdido, pues, cinco de los diez años que la DMA estimó necesarios para pasar de una política subsidiada a otra en la que el usuario asuma todos los costes. Y ello porque, con independencia del credo, el político no está por asumir el desgaste de algo tan impopular como necesario. Probablemente porque el agua es el único maná que cae del cielo, desde siempre el ciudadano ha creído que el Gobierno de turno debe propiciar que llegue a su grifo a un precio simbólico. Sin embargo, los más ignoran que el subsidio fomenta el despilfarro y aumenta la contaminación. La recuperación de costes no es, pues, una maldición de Bruselas a la que algún día los políticos se tendrán que enfrentar. Es, sencillamente, el motor de la eficiencia, la esencia de toda política que quiera recuperar el buen estado ecológico de las aguas continentales y marítimas.
Estudios llevados a cabo en la Unión Europea concluyen que, de media, España subsidia el agua urbana en un 75%. Es decir, de recuperar los costes, se pagaría hasta cuatro veces más por ella, igualándonos con quienes hace una década decidieron hacerlo: los europeos del norte. Porque el recibo no sólo debe incluir, como ahora, costes de explotación y personal. El mantenimiento y la amortización de las infraestructuras del ciclo también deben ser asumidos por el usuario. Desde la presa y el bombeo que, para que el hombre tenga (y contamine) el agua en casa, alteran su camino natural, hasta la depuradora que, previa al vertido al medio receptor le devuelve la calidad perdida. Y sin olvidar etapas intermedias. Canal de derivación, potabilizadora, depósito de regulación, redes de transporte, distribución y drenaje y, en fin, los elementos electromecánicos necesarios. Un conjunto de infraestructuras casi siempre subsidiadas y casi nunca ni mantenidas ni amortizadas.
Con todo conviene subrayar que el principio de recuperación de costes no comporta pagar más. Consiste, simplemente, en un reparto distinto, más justo y eficiente, porque el importe global es el mismo. En efecto, las inversiones las definen los estándares de calidad del servicio prestado y el nivel de conservación del medio natural deseado. Habiendo consenso en ello (la sociedad, desde el respeto al medio ambiente, quiere servicios de calidad) las inversiones están definidas. Falta decidir, pues, el reparto de la factura. Y, al respecto, la DMA es clara: el usuario asumirá todos los costes, y no sólo el 25 % (con el resto a cargo -vía Europa, Estado o autonomía-, de los impuestos generales). Por tanto, con la actual distribución, quienes ahorran agua pagan por quienes no lo hacen. Por ello, erradicar subsidios es educar al ciudadano. Al fin y al cabo se le explica la lección que todo padre enseña a su hijo: el valor de las cosas.
No acaba ahí la lección educativa inherente a la implantación del artículo 9 de la DMA. Obliga también a que las administraciones del agua asuman todas las responsabilidades de lo que gestionan. Porque, al ingresar todos los costes, se contrae la obligación de mantener y reponer las infraestructuras que se explotan, de tal modo que quien gestione un servicio tenga todos los derechos y todos los deberes. Se abre así un proceso descentralizador, en el que la administración exclusivamente inversora pierde su razón de ser, que responsabilizará de los problemas a quien más próximo esté a ellos. Al fin y a la postre, esa es la razón que justifica un estado de las autonomías que nadie discute.
El actual debate está, pues, descentrado. Y por más que, tratando de justificarlo, se nos diga que esta Comunidad usa el agua eficientemente, la realidad es bien otra. Porque ser tuerto en un país de ciegos no equivale a tener buena vista. Y aún cuando puede que necesitemos más infraestructuras, trasvases y desaladoras incluidos, demos prioridad a lo que más importa. Sin ordenar el actual desorden, seguiremos en esta irracional huida hacia delante.
La sociedad ha recibido un legado maravilloso, un medio natural virgen y sin contaminar, que tiende a degradar. La DMA fue concebida para frenar este deterioro y, en la medida de lo posible, revertir la situación. Y ello, sin renunciar al nivel de vida actual, exige implantar el principio de recuperación de costes y aumentar la eficiencia. Con las salvaguardas del caso, será el mejor valedor de los intereses de las generaciones venideras. Urge explicarlo y, con buen tino, implantarlo. Hay mucho en juego. Tanto que el debate actual sólo merece un papel secundario. Otórguesele, pues, el protagonismo a quien corresponde.
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Del.icio.us
ENRIQUE CABRERA - U. POLITÉCNICA DE VALENCIA
Atónito asisto al debate actual del agua centrado de manera exclusiva en cuáles y cuántas infraestructuras hídricas se necesitan para no entorpecer el crecimiento económico de nuestra Comunidad. Debate que, en ocasiones, llega hasta la segunda derivada. Porque cuando todos asumen que una obra es necesaria (el Júcar-Vinalopó) la discusión se traslada al cómo realizarla. De tal manera que para que el debate no decaiga, todos, tirios y troyanos, ponen cuanto está de su parte. Y siempre sobre el mismo tablero, cuando lo que importa discutir es cómo realizar la transición que lleve esta política del subsidio a otra que, en línea con la Directiva Marco del Agua (DMA), repercuta al usuario todos los costes. Sin excepción en el uso urbano y con los matices que otro día expondré en el riego.
Porque ya en el ecuador de los diez años de plazo que la Directiva Marco del Agua (DMA) estableció para que entre en vigor su artículo 9, el que podrá obligar al usuario a asumir todos los costes del agua que consume, su precio apenas si ha cambiado. De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la factura del agua urbana va al compás de la inflación, mientras se mantiene el coste del agua de riego. Tanto que el reciente intento de aumentar un céntimo el metro cúbico del Ministerio de Medio Ambiente ha sido abortado por otro Ministerio, el de Agricultura, que hizo suya la frontal oposición de los regantes al conato.
Se han perdido, pues, cinco de los diez años que la DMA estimó necesarios para pasar de una política subsidiada a otra en la que el usuario asuma todos los costes. Y ello porque, con independencia del credo, el político no está por asumir el desgaste de algo tan impopular como necesario. Probablemente porque el agua es el único maná que cae del cielo, desde siempre el ciudadano ha creído que el Gobierno de turno debe propiciar que llegue a su grifo a un precio simbólico. Sin embargo, los más ignoran que el subsidio fomenta el despilfarro y aumenta la contaminación. La recuperación de costes no es, pues, una maldición de Bruselas a la que algún día los políticos se tendrán que enfrentar. Es, sencillamente, el motor de la eficiencia, la esencia de toda política que quiera recuperar el buen estado ecológico de las aguas continentales y marítimas.
Estudios llevados a cabo en la Unión Europea concluyen que, de media, España subsidia el agua urbana en un 75%. Es decir, de recuperar los costes, se pagaría hasta cuatro veces más por ella, igualándonos con quienes hace una década decidieron hacerlo: los europeos del norte. Porque el recibo no sólo debe incluir, como ahora, costes de explotación y personal. El mantenimiento y la amortización de las infraestructuras del ciclo también deben ser asumidos por el usuario. Desde la presa y el bombeo que, para que el hombre tenga (y contamine) el agua en casa, alteran su camino natural, hasta la depuradora que, previa al vertido al medio receptor le devuelve la calidad perdida. Y sin olvidar etapas intermedias. Canal de derivación, potabilizadora, depósito de regulación, redes de transporte, distribución y drenaje y, en fin, los elementos electromecánicos necesarios. Un conjunto de infraestructuras casi siempre subsidiadas y casi nunca ni mantenidas ni amortizadas.
Con todo conviene subrayar que el principio de recuperación de costes no comporta pagar más. Consiste, simplemente, en un reparto distinto, más justo y eficiente, porque el importe global es el mismo. En efecto, las inversiones las definen los estándares de calidad del servicio prestado y el nivel de conservación del medio natural deseado. Habiendo consenso en ello (la sociedad, desde el respeto al medio ambiente, quiere servicios de calidad) las inversiones están definidas. Falta decidir, pues, el reparto de la factura. Y, al respecto, la DMA es clara: el usuario asumirá todos los costes, y no sólo el 25 % (con el resto a cargo -vía Europa, Estado o autonomía-, de los impuestos generales). Por tanto, con la actual distribución, quienes ahorran agua pagan por quienes no lo hacen. Por ello, erradicar subsidios es educar al ciudadano. Al fin y al cabo se le explica la lección que todo padre enseña a su hijo: el valor de las cosas.
No acaba ahí la lección educativa inherente a la implantación del artículo 9 de la DMA. Obliga también a que las administraciones del agua asuman todas las responsabilidades de lo que gestionan. Porque, al ingresar todos los costes, se contrae la obligación de mantener y reponer las infraestructuras que se explotan, de tal modo que quien gestione un servicio tenga todos los derechos y todos los deberes. Se abre así un proceso descentralizador, en el que la administración exclusivamente inversora pierde su razón de ser, que responsabilizará de los problemas a quien más próximo esté a ellos. Al fin y a la postre, esa es la razón que justifica un estado de las autonomías que nadie discute.
El actual debate está, pues, descentrado. Y por más que, tratando de justificarlo, se nos diga que esta Comunidad usa el agua eficientemente, la realidad es bien otra. Porque ser tuerto en un país de ciegos no equivale a tener buena vista. Y aún cuando puede que necesitemos más infraestructuras, trasvases y desaladoras incluidos, demos prioridad a lo que más importa. Sin ordenar el actual desorden, seguiremos en esta irracional huida hacia delante.
La sociedad ha recibido un legado maravilloso, un medio natural virgen y sin contaminar, que tiende a degradar. La DMA fue concebida para frenar este deterioro y, en la medida de lo posible, revertir la situación. Y ello, sin renunciar al nivel de vida actual, exige implantar el principio de recuperación de costes y aumentar la eficiencia. Con las salvaguardas del caso, será el mejor valedor de los intereses de las generaciones venideras. Urge explicarlo y, con buen tino, implantarlo. Hay mucho en juego. Tanto que el debate actual sólo merece un papel secundario. Otórguesele, pues, el protagonismo a quien corresponde.
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