viernes, noviembre 11, 2005

Historia de los proyectos de trasvases en España - por Edmundo Fayanás

"La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático."

De la España humeda a la España seca
Historia de los proyectos de trasvases en España
por Edmundo Fayanás


Las primeras solicitudes de trasvases documentadas históricamente corresponden a la región de Murcia y Almería, cuyo régimen de lluvia, siempre ha sido escaso, destacando además por su irregularidad.

Cuando este territorio se encontraba todavía dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, la ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia planteó a Enrique II la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encontraban a más de cincuenta kilómetros de distancia.

En 1420, la villa de Elche decidió gestionar un trasvase con las aguas perennes del Júcar, consiguiéndolo de Villena y Chinchilla que se encontraban en el territorio de Castilla, permitieron pasar por sus territorios las conducciones de agua.

Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traer el agua de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.

El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentin desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros por un terreno muy accidentado.

Otros proyectos que pretendían traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acabaron también en fracaso. A ellos se opusieron no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino el rechazo de los lugares de donde debía salir el agua.

El Antiguo Régimen proyectó la realización de grandes obras hidráulicas, debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comarcales, intentaba la ordenación del territorio, tal y como lo propugnaba el reformismo borbónico.

Este tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacaríamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón, canal de Tauste entre otros, como fracasos muy sonoros, los canales de Murcia y de Guadarrama.

Si en los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado le sobraron utopías y limitaciones técnicas, es verdad, que hubo un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753, los canales del Ebro, y el fracaso del Canal de Murcia. En el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” del reinado de Fernando VII.

Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el reconocimiento hidrológico de España, a partir de la creación en 1865 de las Divisiones Hidrológicas, organismos, que conocerán una serie de vicisitudes, suprimidas en 1870, restablecidas y reajustadas en 1881, nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX pero ya desvirtuadas y convertidas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.

Éstas elaboran el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, año en que se crearon las Confederaciones Sindicales Hidrográficas.

El plan de 1902, fue elaborado con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento de Joaquín Costa. Impulsado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, siendo la respuesta del liberalismo a la grave crisis agraria en que estaba inmerso el país. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo.

El plan de 1902, optó por un planteamiento uniforme, considerando beneficioso cualquier regadío y no utilizando como criterio de transformación del mismo el coste por hectárea. La consecuencia de este hecho fue que se hicieron muchos regadíos interiores, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan tuvo unos resultados poco satisfactorios.

Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1923, se modificó radicalmente la política hidráulica, planteando la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.

La política hidráulica española tiene pues, un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.

Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados obedecen más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentaron solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho plan tiene una perspectiva unitaria, supeditando cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.

Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea fue marginada.

Para lograr esto, se ideó el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para realizar dichos regadíos se necesitaba un volumen de agua de 2.300 hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua se contó con los sobrantes de agua de los ríos valencianos y murcianos, pero se requería aguas de otras cuencas fundamentalmente de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.

Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirmaba su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero este no se hace realidad hasta 1979.

Por Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.

Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionado a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo del 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.

Se argumenta como motivo de su creación, el que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.

La representación de las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de construcción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio, formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.

La gran obra hidráulica del siglo XX fue el trasvase Tajo-Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera pero fue aprobado, en el año 1933, en tiempos de la II República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realizó. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.

El proyecto consiste en un canal de 286 km. de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas-Buendía, llegando al de Alarcón sobre el Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.

Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Comisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “ En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.

Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.

Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 ha y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha llegado a trasvasar tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.

La experiencia de este trasvase debe servir, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores. Si se estudia su funcionamiento y su historia, veremos los conocimientos suficientes para evitarlos en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el trasvase del Ebro.

El trasvase del Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones pueden generar más desequilibrios y conflictos que los que pretende resolver.

La cesión de los recursos hídricos desde el Tajo no sólo no ha aliviado, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que ha servido para agravar la situación, al transformar un 40% más de ha de tierra que inicialmente se iban a poner en regadío.

El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel cifra en 57.000 ha de regadío las que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada por el trasvase del Tajo.

Esta extensión del regadío, que surge al margen de la ley, y sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.

El crecimiento descontrolado del regadío, al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.

Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, obra de Julia Martínez y Miguel Angel Esteve, señalan que el déficit de la región murciana es por lo menos de 1.000 hm3, en el año 2003 y con una tendencia creciente.

Este trasvase ha tenido un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando fue aprobada y realizada su construcción.

El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propiciando roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si se realiza el trasvase del Ebro aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicitó en el verano del 2004, el doble del caudal previsto en el PHN del PP que traería el trasvase del Ebro.

Por Real Decreto 1821/1985, se integra en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas, modificándose su estructura orgánica. En las Cuencas Hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen en Organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan por ley.

Los Organismos de Cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son conferidos; para adquirir y enajenar los bienes y los derechos que puedan constituir sus propios patrimonios; para contratar y obligarse, para ejercer ante los Tribunales todo genero de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

En el siglo XX, en los años sesenta y setenta, la política económica de España introduce la mecanización y la agroquímica en el campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la emigración hacia los grandes núcleos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegan en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y al crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas económicas y políticas demandan otro plan hidráulico. Así nos encontramos con el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, presentado por el PSOE y el ministro Josep Borrell.

La política hidráulica en vigor mantiene la falsa idea de que la solución del problema del agua en España pasa por enderezar el desequilibrio entre la abundancia de la España húmeda y la escasez de la seca. Por razones técnico-económicas las grandes operaciones de trasvases no se plantean desde la verdadera España húmeda, sino desde cuencas que están sometidas al clima mediterráneo, que son también deficitarias. No se trata de resolver el problema técnico del agua de un territorio naturalmente excedentario a otro deficitario, sino de discutir la conveniencia de utilizar un recurso deficitario en un territorio o en otro.

En España, se acusan cada vez más los efectos de un siglo de políticas de fomento de obras hidráulicas que soslayan sus crecientes costes económicos, ecológicos y sociales. Al alejar el fantasma de la escasez a base de obras públicas y de ofertas promovidas desde el Estado, se incentivan también usos extremadamente consumistas, que acrecientan más todavía el déficit de agua que los nuevos abastecimientos trataban de paliar.

Resulta ingenuo creer, que el trasvase del Ebro pueda resolver los problemas hídricos tan diversos como los planteados en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Estos problemas requieren análisis y políticas más finas, pegadas a las realidades de cada territorio. Así como otro tipo de inversiones más adecuadas a la gestión del agua en cada lugar. Lo que ocurre es que el trasvase, al estar promovido desde el Estado, encubre mejor que la desalación u otras opciones, los verdaderos costes económicos, ecológicos y sociales que conlleva, por eso los beneficiarios lo prefieren a otras soluciones mejores que tendrían que acometer y sufragar directamente, adoptando la máxima “a caballo regalado no le mires el diente”.

El fiasco técnico-económico-ecológico del trasvase del Ebro evidencia el agotamiento que acusa la política de promoción de obras hidráulicas de oferta actualmente en vigor. Este proyecto tenía sentido hace un siglo, cuando empezó a tomar cuerpo esta clase de políticas, con Joaquín Costa a la cabeza. Cuando el Ebro llevaba el doble de caudal y mejor calidad y menos salinidad que ahora. En la medida que el consumo y la contaminación aumentan, disminuyen el caudal y la calidad de las aguas del mismo.

El trasvase del Ebro es una incoherencia y nos recuerda a la melancolía de otros tiempos, lo que unido a la presión de los intereses en juego, intenta prolongar la inercia de una política de obras hidráulicas, revelándose que cada vez más se revelan insostenibles y ajenas a los problemas y a las posibilidades que brinda la gestión del agua en nuestro territorio.

En los inicios del siglo XXI, se está realizando el llamado trasvase Júcar/Vinalopó, teniendo un nivel de ejecución del 45% en el año 2004. Pero están surgiendo serias dudas de si habrá agua suficiente en el río Júcar para ser trasvasada al Vinalopó, sin poner en cuestión el ahora inexistente caudal ecológico en el tramo final del río y la alimentación del Parque Natural de la Albufera.

Según se ha sabido, hay una manipulación de los modelos matemáticos de asignación de recursos, dando prioridad a las demandas urbanas de Alicante sobre las demandas agrícolas de la Ribera, mientras se sostiene lo contrario entre la población afectada y ante las autoridades comunitarias.

La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático.

A ello hay que unir que las extracciones de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental que surten el río Júcar sin cesar de crecer, así como las expectativas de demandas en Castilla la Mancha para usos residenciales y turísticos.

El Banco Europeo de Inversiones en su informe de julio del 2004, establece en 50 hm3 de media anual el caudal que se puede transferir al Vinalopó en los próximos años. Aunque la obra está diseñada y realizada técnicamente para transportar hasta 200 hm3. En dicho informe, se concluye que a largo plazo no hay una recuperación suficiente de los costes de la obra, aspecto este importante, porque va en contra de la Directiva Marco sobre el agua de la Unión Europea.

Es positivo volver a utilizar las diferentes alternativas que existen para llevar agua al Vinalopó, entre ellas la utilización del trasvase Tajo/Segura, el cese de la extracción de agua en los pozos del Alto Vinalopó para las zonas litorales y utilizar en estas zonas agua de desalación.

Debe verificarse las demandas reales en la agricultura del Vinalopó, y en los abastecimientos urbanos de Alicante y Benidorm

Antonio Estevan, Premio Nacional de economía del año 2000 y José Naredo afirman que la esencia del cambio que inspira la directiva marco del agua europea es el tránsito desde una política sectorial extractiva, como puede ser la minería o la pesca, hacía una política de carácter ambiental y luego sectorial. La política del agua va ganando cada vez más una forma territorial, adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas.

En España, la política del agua se ha confundido con la política de obras. Hasta hace poco, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón, el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros.

Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Redactor, El Inconformista Digital.

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