viernes, diciembre 16, 2005
Según Adena, el gobierno autoriza un mercado de aguas sin garantías
WWF/Adena considera que la flexibilización de las ventas de agua aprobada hoy por Real Decreto Ley no respeta el marco legal europeo, perjudica al medio ambiente y promueve los pozos ilegales. Según WWF/Adena, la Administración tiene que velar de una forma más transparente y participativa para que las transacciones de los mercados de aguas no dañen al medio ambiente.
Según WWF/Adena, los bancos de agua no deberían servir como excusa para construir nuevos trasvases intercuenca, sino para mejorar la gestión dentro de las cuencas, tal y como exige la Directiva Marco del Agua Europea. Por esta razón, la organización cree que el texto constituye una infracción de la normativa europea y que su puesta en funcionamiento podría ser derogada porque supone un deterioro del medio ambiente.
WWF/Adena pide una evaluación para que todas las transacciones se hagan bajo un control homogéneo de sus efectos sobre la calidad y cantidad de agua. Igualmente, exige que el Ministerio establezca límites en los volúmenes cedidos (así, en California, los agricultores no pueden ceder más del 70% de sus asignaciones) y mecanismos reguladores que imposibiliten la especulación, estimando cada año el agua disponible para evitar la venta de agua “virtual”.
Según WWF/Adena, los bancos de agua no deberían servir como excusa para construir nuevos trasvases intercuenca, sino para mejorar la gestión dentro de las cuencas, tal y como exige la Directiva Marco del Agua Europea. Por esta razón, la organización cree que el texto constituye una infracción de la normativa europea y que su puesta en funcionamiento podría ser derogada porque supone un deterioro del medio ambiente.
WWF/Adena pide una evaluación para que todas las transacciones se hagan bajo un control homogéneo de sus efectos sobre la calidad y cantidad de agua. Igualmente, exige que el Ministerio establezca límites en los volúmenes cedidos (así, en California, los agricultores no pueden ceder más del 70% de sus asignaciones) y mecanismos reguladores que imposibiliten la especulación, estimando cada año el agua disponible para evitar la venta de agua “virtual”.
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