lunes, febrero 20, 2006
La Junta de Andalucía cree que las cuentas del agua no salen
José Cejudo (ABC)
«Hay bastantes asimetrías entre los diferentes usos del agua, unos son más eficientes que otros, y hay también muy diferentes precios», asegura en declaraciones a este periódico Hermelindo Castro, el director general del Instituto Andaluz del Agua, de la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.
Ambas cuestiones vienen recogidas en el avance del estudio global que sobre «Las cuentas del agua en Andalucía» ha elaborado un grupo de expertos e investigadores de universidades andaluzas y de Madrid.
Desde el punto de vista geográfico, el precio más elevado del agua aparece vinculado al litoral, «y cuanto más avancemos hacia el interior, menos cuesta el metro cúbico». Y demográficamente, «mientras mayor es el núcleo de población, el precio es superior, más europeo, más acorde a la realidad. Son asimetrías -considera Hermelindo Castro- que se deben corregir en el futuro próximo»,
Por otra parte, destaca el director del mencionado Instituto que a tenor del estudio realizado, las cuentas de resultados tanto del ciclo urbano del agua como en el ámbito de los regadíos agrícolas «no salen. Si la empresa que suministra el agua a una ciudad tuviera que pagar toda la infraestructura, el mantenimiento, la explotación del sistema. las redes de saneamiento y abastecimiento con el dinero que paga el usuario, las cuentas no salen, salvo excepciones maravillosas que las tenemos, afortunadamente».
Costes para sufragar los servicios
Señala el informe que firman, entre otros, los profesores Francisco Javier Saéz Fernández y Antonio Martín Mesa, que la Directiva Marco de Agua de la UE, establece a partir de 2010 en materia de tarifas «que la política de aguas tendrá que orientarse hacia la plena recuperación de los costes asociados a la prestación de los servicios, teniendo en cuenta no sólo los costes directos e indirectos, sino también los impactos ambientales que en su caso pudieran producirse».
«Tenemos cuatro años para intentar cumplir la directiva -declara Hermelindo Castro- y del estudio se deduce que estamos bastante lejos de ese compromiso, de ese imperativo legal de la recuperación de costes».
Teniendo como referencia los estados financieros de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, la actual Cuenca Mediterránea, el informe abunda en ese desfase, porque no se llegan «a cubrir los costes del servicio si se computan únicamente los ingresos procedentes de cánones y tarifas vinculados con el suministro, el saneamiento y la depuración».
Para los expertos, «de no ser porque estas empresas reciben subvenciones corrientes y de capital, y porque cuentan con otras fuentes de ingresos, generalmente asociadas a la prestación de otros servicios no vinculados al agua, su cuenta de resultado arrojaría un importante saldo negativo».
En la actualidad, el proyecto de Ley que sobre el ciclo integral del agua tiene elaborado la Consejería de Medio Ambiente, contempla la implantación de un «impuesto ecológico, cuya finalidad principal -afirma Castro- va a ser conseguir que las infraestructuras de depuración funcionen perfectamente, y que el agua se devuelva al sistema ecológico con la máxima lealtad posible, sin contaminar».
Infraestructura de depuración
Según Hermelindo Castro, la recaudación que se obtenga con este impuesto iría fundamentalmente focalizada al mantenimiento de las infraestructuras de depuración. «Para que funcionen bien las que tenemos y para hacer las que faltan».
El impuesto ecológico sería, en función de la estimación de la Consejería de Medio Ambiente, de tres euros por familia y mes, y su implantación se hará de forma progresiva durante tres años a partir de la aprobación de la Ley.
En función del anteproyecto de Ley de Gestión del ciclo Integral del Agua, del impuesto de nueva creación quedan excluidos los usos agrícolas, entre otros.
La comunidades de regantes, en la actualidad, según el estudio elaborado por los expertos, «suelen financiar con una cierta holgura y con sus propios recursos los gastos de funcionamiento, pero no las inversiones necesarias para la modernización de los regadíos o el mantenimiento de acequias e instalaciones, para lo que cuentan generalmente con importantes ayudas de la Administración regional».
Mecanismos
Y es que, a modo de conclusión, indican los investigadores que aunque las empresas de abastecimiento y saneamiento y las comunidades de regantes «no se alejan sustancialmente del cumplimiento del principio de recuperación de costes, existen ciertos mecanismos a través de los cuales los costes asociados al ciclo integral del agua no se repercuten íntegramente sobre los usuarios finales».
«Este desfase -subraya el documento- podría agravarse en los próximos años, al estar previstas inversiones muy importantes en el sector, sobre todo en la fase de depuración de aguas residuales».
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«Hay bastantes asimetrías entre los diferentes usos del agua, unos son más eficientes que otros, y hay también muy diferentes precios», asegura en declaraciones a este periódico Hermelindo Castro, el director general del Instituto Andaluz del Agua, de la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.
Ambas cuestiones vienen recogidas en el avance del estudio global que sobre «Las cuentas del agua en Andalucía» ha elaborado un grupo de expertos e investigadores de universidades andaluzas y de Madrid.
Desde el punto de vista geográfico, el precio más elevado del agua aparece vinculado al litoral, «y cuanto más avancemos hacia el interior, menos cuesta el metro cúbico». Y demográficamente, «mientras mayor es el núcleo de población, el precio es superior, más europeo, más acorde a la realidad. Son asimetrías -considera Hermelindo Castro- que se deben corregir en el futuro próximo»,
Por otra parte, destaca el director del mencionado Instituto que a tenor del estudio realizado, las cuentas de resultados tanto del ciclo urbano del agua como en el ámbito de los regadíos agrícolas «no salen. Si la empresa que suministra el agua a una ciudad tuviera que pagar toda la infraestructura, el mantenimiento, la explotación del sistema. las redes de saneamiento y abastecimiento con el dinero que paga el usuario, las cuentas no salen, salvo excepciones maravillosas que las tenemos, afortunadamente».
Costes para sufragar los servicios
Señala el informe que firman, entre otros, los profesores Francisco Javier Saéz Fernández y Antonio Martín Mesa, que la Directiva Marco de Agua de la UE, establece a partir de 2010 en materia de tarifas «que la política de aguas tendrá que orientarse hacia la plena recuperación de los costes asociados a la prestación de los servicios, teniendo en cuenta no sólo los costes directos e indirectos, sino también los impactos ambientales que en su caso pudieran producirse».
«Tenemos cuatro años para intentar cumplir la directiva -declara Hermelindo Castro- y del estudio se deduce que estamos bastante lejos de ese compromiso, de ese imperativo legal de la recuperación de costes».
Teniendo como referencia los estados financieros de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, la actual Cuenca Mediterránea, el informe abunda en ese desfase, porque no se llegan «a cubrir los costes del servicio si se computan únicamente los ingresos procedentes de cánones y tarifas vinculados con el suministro, el saneamiento y la depuración».
Para los expertos, «de no ser porque estas empresas reciben subvenciones corrientes y de capital, y porque cuentan con otras fuentes de ingresos, generalmente asociadas a la prestación de otros servicios no vinculados al agua, su cuenta de resultado arrojaría un importante saldo negativo».
En la actualidad, el proyecto de Ley que sobre el ciclo integral del agua tiene elaborado la Consejería de Medio Ambiente, contempla la implantación de un «impuesto ecológico, cuya finalidad principal -afirma Castro- va a ser conseguir que las infraestructuras de depuración funcionen perfectamente, y que el agua se devuelva al sistema ecológico con la máxima lealtad posible, sin contaminar».
Infraestructura de depuración
Según Hermelindo Castro, la recaudación que se obtenga con este impuesto iría fundamentalmente focalizada al mantenimiento de las infraestructuras de depuración. «Para que funcionen bien las que tenemos y para hacer las que faltan».
El impuesto ecológico sería, en función de la estimación de la Consejería de Medio Ambiente, de tres euros por familia y mes, y su implantación se hará de forma progresiva durante tres años a partir de la aprobación de la Ley.
En función del anteproyecto de Ley de Gestión del ciclo Integral del Agua, del impuesto de nueva creación quedan excluidos los usos agrícolas, entre otros.
La comunidades de regantes, en la actualidad, según el estudio elaborado por los expertos, «suelen financiar con una cierta holgura y con sus propios recursos los gastos de funcionamiento, pero no las inversiones necesarias para la modernización de los regadíos o el mantenimiento de acequias e instalaciones, para lo que cuentan generalmente con importantes ayudas de la Administración regional».
Mecanismos
Y es que, a modo de conclusión, indican los investigadores que aunque las empresas de abastecimiento y saneamiento y las comunidades de regantes «no se alejan sustancialmente del cumplimiento del principio de recuperación de costes, existen ciertos mecanismos a través de los cuales los costes asociados al ciclo integral del agua no se repercuten íntegramente sobre los usuarios finales».
«Este desfase -subraya el documento- podría agravarse en los próximos años, al estar previstas inversiones muy importantes en el sector, sobre todo en la fase de depuración de aguas residuales».
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