martes, marzo 14, 2006

El Gobierno vasco pacta con el PSE una Ley de Aguas que limita el canon ecológico

Euskadi podrá disponer a finales de este ejercicio de una Ley de Aguas, doce años después de que el Estado transfiriese la competencia de obras hidráulicas. El PSE anunció ayer el acuerdo con el Gobierno sobre la normativa, en el que supone el tercer gran pacto cerrado entre los socialistas y el tripartito en cuatro meses tras los logrados con los presupuestos y la ley de Suelo. El acuerdo supone que variará el canon ecológico inicialmente previsto, que ya no será general, sino que lo pagarán sólo los hogares que consuman más de 130 litros por persona y día.

Este gravamen se aplicará teniendo en cuenta el número de personas que viven en cada unidad residencial para no perjudicar a las familias numerosas, cuya necesidad de una mayor cantidad de líquido no implica que realicen un consumo excesivo.

La Ley de Aguas se ha intentado tramitar desde mediados de los años 90 para acabar con la dispersión de competencias entre las diferentes administraciones. La pasada legislatura estuvo a punto de aprobarse, pero la Diputación de Álava, gobernada por el PP, se opuso al aducir que invadía competencias forales. Tuvo que intervenir la Comisión Arbitral, que dio la razón al Gobierno autónomo.

Según han anunciado en rueda de prensa los parlamentarios socialistas Oscar Rodríguez y Natalia Rojo, el acuerdo se plasmará mañana en Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Parlamento vasco con la retirada de la enmienda a la totalidad del PSE-EE.

En cuanto al canon, destinado a compensar los daños ambientales derivados de la extracción, uso y contaminación del agua, han destacado que "va a ser uno y único" y que ha quedado establecido en seis céntimos de euros por cada metro cúbico consumido a partir de la cantidad que separa lo que se considera consumo normal -130 litros diarios por persona- del uso excesivo. Sin embargo la aplicación de esta cuota se efectuará, tal y como reclamaba su partido, en función del número de personas que viven en cada unidad residencial, y no por cada domicilio, indistintamente de las personas que lo habiten.

"Creíamos que se tenía que tener en cuenta el consumo de agua por persona y no por unidad de residencia, porque no es lo mismo una familia numerosa, que obviamente tiene que gastar más agua, que una en la que viven una o dos personas. De esta forma garantizamos uso responsable del agua, un coste proporcional y que quien degrada el medio pague", afirmó Rojo.

La aplicación del canon por persona obligará a la Administración a disponer de la información exacta de cuántos ciudadanos componen cada hogar y los consorcios y mancomunidades deberán ser más diligentes en las lecturas trimestrales de los contadores. En muchos casos sucede ahora que un trimestre no se compruebe el consumo, que se carga en la factura de los siguientes tres meses.

El Departamento de Medio Ambiente, que eludió ayer comentar el acuerdo, había calculado que iba a recaudar entre 13 y 15 millones de euros con este canon antes de que se incluyera la exención. El dinero obtenido, que ahora será inferior, se destinará a obras medioambientales. La aplicación del canon, según añadió Rojo, permitirá revisar por vez primera el consumo del agua de la industria y la agricultura, "que no tenían a nadie que les controlara". En los usos industriales, el texto pactado establece que las empresas no pagarán el canon sólo en los casos de reutilización del agua que no suponga una alteración de su calidad, señaló la representante socialista.

Por su parte, EHAK ha denunciado que el acuerdo en torno a la Ley del Agua dará lugar a una normativa que "privatizará un bien básico como el agua" para que "unos pocos hagan negocio a costa de las necesidades de todos los ciudadanos".

Otro de los acuerdos alcanzados hace alusión a la creación de la Agencia Vasca del Agua, organismo que centralizará la gestión del agua en Euskadi y se encargará de las obras hidráulicas que no sean de interés general del Estado. Finalmente, la agencia será un órgano público autónomo sometido a derecho privado que, por tanto, no funcionará como una sociedad anónima. Además, tal y como indicó Natalia Rojo, se ha aceptado la propuesta socialista de que el Parlamento estuviese presente en la conformación de Consejo de Administración. «De esta forma se garantiza más transparencia y control parlamentario en la gestión de este nuevo organismo», manifestó.

Fuentes: El País, El Correo, Diario Vasco.

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