lunes, mayo 15, 2006
Control a golpe de Estatuto
Interesante repaso hoy en El País al proceso de intento control de las cuencas que están reaalizando diversas Comunidades Autónomas. Este proceso deberá tener encaje con la designación de las demarcaciones hidrográficas a las que obliga la Directiva Marco del Agua.
Las comunidades autónomas que han emprendido la reforma de sus estatutos intentan garantizarse el control de las cuencas que transitan mayoritariamente por su territorio, lo que está generando disputas con aquellas otras que comparten cauce. Andalucía, Murcia, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Castilla y León están en la pugna. Éstas son las posiciones de partida.
ANDALUCÍA El control del Guadalquivir
La reforma del Estatuto de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico y registrada en el Congreso el pasado día 5, contempla la gestión del Guadalquivir por dos vías. El artículo 50 dice así: "La comunidad autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general".
La petición del Guadalquivir, que tiene una potente carga simbólica y de identidad de Andalucía, se incluye también a través de la disposición adicional cuarta, en la que, al "amparo del artículo 150.2 de la Constitución", la comunidad "asume, mediante transferencia o delegación, las facultades de ejecución de competencia del Estado" en cinco materias, entre ellas la Cuenca del Guadalquivir.
La inclusión como competencia exclusiva de la Cuenca del Guadalquivir se incluyó por sugerencia del Consejo Consultivo de Andalucía, que afirmó que la asunción de esta competencia parte de datos "incontestables", como que el Guadalquivir discurre en más del 90% por Andalucía y "casi prácticamente la totalidad de sus usuarios son andaluces".
CASTILLA Y LEÓN El Duero internacional
Desde hace una década, los principales partidos políticos de Castilla y León reivindican la gestión del agua de la cuenca del Duero. El asunto es la estrella del nuevo Estatuto de Autonomía. La cuenca del Duero, que ocupa 79.300 kilómetros cuadrados, discurre en un 98% por Castilla y León. Pero el Duero tiene carácter internacional, puesto que desemboca en Portugal, lo que obliga al Estado español a repartirse recursos con su vecino. El proyecto de Estatuto que se debate estos días en las Cortes de Fuensaldaña vuelve sobre esta competencia, que es la más sustancial que podría asumir el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, ahora limitado a una cogestión del agua, más teórica que práctica. Según reconoce el secretario regional de los socialistas, Ángel Villalba, tanto el PP como el PSOE están siguiendo "muy de cerca los avances del Estatuto de Andalucía" sobre el Guadalquivir, por considerar que "la situación de Castilla y León es muy similar" respecto al Duero.
COMUNIDAD VALENCIANA Un derecho ciudadano
El Estatuto de la Comunidad Valenciana ha sido el primero en incluir un artículo específico referido al derecho de los valencianos al agua, directamente relacionado con la guerra del agua por el trasvase del Ebro y su posterior derogación en el Plan Hidrológico Nacional. El PP valenciano que preside Francisco Camps insiste en reclamar el agua sobrante del Ebro para la comunidad, un territorio con un grave déficit hídrico pese a recibir aportes del Tajo. Fruto de esta exigencia, la reforma estatutaria incluyó el artículo que "garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad" y el "derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias". Durante su tramitación en el Congreso, populares y socialistas añadieron al articulado la coletilla "de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", redacción que garantiza que la competencia en la regulación de las cuencas hidrográficas sigue siendo del Gobierno central.
ARAGÓN Recurso contra Valencia
La inclusión del artículo 17 del Estatuto Valenciano llevó al Gobierno de Aragón a elaborar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho proyecto de reforma. El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, explicó que dicho artículo 17 vulnera los derechos de los aragoneses, porque supone abrir las puertas a otro trasvase del Ebro. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha llegado a advertir de que también Aragón podría "blindar" las aguas del Ebro en su estatuto, en fase de reforma. "Ninguna comunidad puede reclamar el uso de agua de otras cuencas sin tener en cuenta la opinión de la cuenca cedente", declaró Iglesias. Por ello, se plantea incluir una cláusula para elaborar informes preceptivo, no vinculantes, sobre la regulación de los excedentes del Ebro.
CATALUÑA Un recorte en el Congreso
Las Cortes mantuvieron casi intactas las competencias que exigía Cataluña sobre las cuencas hidrográficas exclusivas del territorio catalán, pero recortaron sensiblemente las competencias sobre el Ebro, pues afecta a más de una comunidad. El Estatuto reconoce a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre el "dominio público hidráulico y las obras de interés general", sobre las que podrá participar en su planificación y programación, pero no ejecutar y explotar, como reclamaba el Parlamento catalán. El punto más espinoso era el referido al trasvase del Ebro. Mientras el texto aprobado en Cataluña vinculaba cualquier trasvase al informe "determinante" de la Generalitat, el Estatuto aprobado en las Cortes lo rebaja a "preceptivo".
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Las comunidades autónomas que han emprendido la reforma de sus estatutos intentan garantizarse el control de las cuencas que transitan mayoritariamente por su territorio, lo que está generando disputas con aquellas otras que comparten cauce. Andalucía, Murcia, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Castilla y León están en la pugna. Éstas son las posiciones de partida.
ANDALUCÍA El control del Guadalquivir
La reforma del Estatuto de Andalucía, aprobada por el Parlamento autonómico y registrada en el Congreso el pasado día 5, contempla la gestión del Guadalquivir por dos vías. El artículo 50 dice así: "La comunidad autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general".
La petición del Guadalquivir, que tiene una potente carga simbólica y de identidad de Andalucía, se incluye también a través de la disposición adicional cuarta, en la que, al "amparo del artículo 150.2 de la Constitución", la comunidad "asume, mediante transferencia o delegación, las facultades de ejecución de competencia del Estado" en cinco materias, entre ellas la Cuenca del Guadalquivir.
La inclusión como competencia exclusiva de la Cuenca del Guadalquivir se incluyó por sugerencia del Consejo Consultivo de Andalucía, que afirmó que la asunción de esta competencia parte de datos "incontestables", como que el Guadalquivir discurre en más del 90% por Andalucía y "casi prácticamente la totalidad de sus usuarios son andaluces".
CASTILLA Y LEÓN El Duero internacional
Desde hace una década, los principales partidos políticos de Castilla y León reivindican la gestión del agua de la cuenca del Duero. El asunto es la estrella del nuevo Estatuto de Autonomía. La cuenca del Duero, que ocupa 79.300 kilómetros cuadrados, discurre en un 98% por Castilla y León. Pero el Duero tiene carácter internacional, puesto que desemboca en Portugal, lo que obliga al Estado español a repartirse recursos con su vecino. El proyecto de Estatuto que se debate estos días en las Cortes de Fuensaldaña vuelve sobre esta competencia, que es la más sustancial que podría asumir el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, ahora limitado a una cogestión del agua, más teórica que práctica. Según reconoce el secretario regional de los socialistas, Ángel Villalba, tanto el PP como el PSOE están siguiendo "muy de cerca los avances del Estatuto de Andalucía" sobre el Guadalquivir, por considerar que "la situación de Castilla y León es muy similar" respecto al Duero.
COMUNIDAD VALENCIANA Un derecho ciudadano
El Estatuto de la Comunidad Valenciana ha sido el primero en incluir un artículo específico referido al derecho de los valencianos al agua, directamente relacionado con la guerra del agua por el trasvase del Ebro y su posterior derogación en el Plan Hidrológico Nacional. El PP valenciano que preside Francisco Camps insiste en reclamar el agua sobrante del Ebro para la comunidad, un territorio con un grave déficit hídrico pese a recibir aportes del Tajo. Fruto de esta exigencia, la reforma estatutaria incluyó el artículo que "garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad" y el "derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias". Durante su tramitación en el Congreso, populares y socialistas añadieron al articulado la coletilla "de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", redacción que garantiza que la competencia en la regulación de las cuencas hidrográficas sigue siendo del Gobierno central.
ARAGÓN Recurso contra Valencia
La inclusión del artículo 17 del Estatuto Valenciano llevó al Gobierno de Aragón a elaborar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho proyecto de reforma. El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, explicó que dicho artículo 17 vulnera los derechos de los aragoneses, porque supone abrir las puertas a otro trasvase del Ebro. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha llegado a advertir de que también Aragón podría "blindar" las aguas del Ebro en su estatuto, en fase de reforma. "Ninguna comunidad puede reclamar el uso de agua de otras cuencas sin tener en cuenta la opinión de la cuenca cedente", declaró Iglesias. Por ello, se plantea incluir una cláusula para elaborar informes preceptivo, no vinculantes, sobre la regulación de los excedentes del Ebro.
CATALUÑA Un recorte en el Congreso
Las Cortes mantuvieron casi intactas las competencias que exigía Cataluña sobre las cuencas hidrográficas exclusivas del territorio catalán, pero recortaron sensiblemente las competencias sobre el Ebro, pues afecta a más de una comunidad. El Estatuto reconoce a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre el "dominio público hidráulico y las obras de interés general", sobre las que podrá participar en su planificación y programación, pero no ejecutar y explotar, como reclamaba el Parlamento catalán. El punto más espinoso era el referido al trasvase del Ebro. Mientras el texto aprobado en Cataluña vinculaba cualquier trasvase al informe "determinante" de la Generalitat, el Estatuto aprobado en las Cortes lo rebaja a "preceptivo".
Etiquetas: agua
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