Directiva Marco del Agua

L. Nadal

La Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña tendrán la misma capacidad de decisión sobre la cuenca del Júcar si finalmente salen adelante los dos reales decretos que prepara el Gobierno sobre la gestión del agua.

Los textos que ultima el departamento de Cristina Narbona ordenan la constitución de nuevos organismos, denominados Demarcaciones Hidrográficas, en los que entrarán a participar todas las autonomías que ahora están en las Confederaciones Hidrográficas, aunque tendrán más poder de decisión. De hecho, ahora ya no se tendrán en cuenta los criterios de proporción territorial. A diferencia del sistema actual, todas las autonomías tendrán el mismo poder de decisión, aunque su territorio sólo abarque un pequeño porcentaje de la cuenca.

La redacción de los reales decretos, cuyos anteproyectos ya se han remitido a las comunidades autónomas, responde a la aplicación de la Directiva Marco de Aguas de la UE a la normativa estatal.

La directiva europea establece la obligación de crear Demarcaciones Hidrográficas cuya finalidad, según la UE, es “facilitar la cooperación y establecer las autoridades competentes en materia de gestión de las cuencas hidrográficas”. En el caso de España, hasta ahora la gestión en materia de aguas sigue siendo del Gobierno central, a través de las Confederaciones Hidrográficas. No obstante, la transposición de la directiva europea supondrá vaciar de contenidos y de competencias a los organismos de cuenca que controla el Gobierno.

Para evitarlo, el departamento que dirige Cristina Narbona ha preparado dos decretos que, en el caso de la cuenca del Júcar, identifican las competencias de la futura Demarcación Hidrográfica con las de la Confederación.

Además, el Gobierno reconoce como “autoridad competente” del Júcar a la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha y la Federación de Municipios y Provincias de estas regiones, cuya afección territoral es minoritaria, frente a la Comunitat Valenciana.

El peso de la superficie territorial de Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha es muy inferior al de la Comunitat Valenciana. Según los datos que maneja el propio Ministerio de Medio Ambiente, la superficie de Aragón dentro de la cuenca del Júcar supone el 13,15% del total del territorio que gestiona la Confederación.

De todo el territorio de la Confederación, Castilla-La Mancha ocupa un 36,61% y Cataluña un 0,65%. La Comunitat Valenciana, sin embargo, representa un 49,59% del total de la cuenca.

Los decretos del Gobierno, a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, no sólo confieren el mismo nivel de competencia a las comunidades vecinas. Además, se aseguran la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y los servicios técnicos de las futuras demarcaciones.

“Esto implica que el Gobierno intenta hacer corresponder las Demarcaciones con las Confederaciones desarmando desde el punto de vista técnico y administrativo a la Comunitat”, aseguraron fuentes de la Conselleria de Territorio.

Los dos decretos que está preparando el Gobierno –añadieron– “son un intento más de influir y limitar las competencias de la Comunitat” en la gestión del agua. “Lo que tememos es que estos órganos van a excederse en la mera cooperación para ser los sucesores de las actuales Confederaciones”, indicaron. “Si eso ocurre, Cataluña por ejemplo, decidiría sobre el agua que necesite Benidorm con el mismo peso que el Consell”, añadieron.

La Conselleria agregó que el Ministerio “continúa sin reconocer en la práctica las competencias de la Comunitat en sus cuencas internas. Así, se mantienen adscritas a las Confederaciones del Ebro, Júcar y Segura, casi un millón de hectáreas (más de un 42% de la superficie total del territorio valenciano) que constituyen cuencas internas de la Comunitat.

Entre las competencias que tendrían las Demarcaciones Territoriales, los decretos apuntan la elaboración de los Planes Hidrográficos de cuenca que determinarán las demandas de agua por municipios, los usos prioritarios de recursos y los sistemas de explotación. Otra de las competencias será la autorización de desalinizadoras en la zona de dominio público hidráulico o la gestión del agua para usos urbanísticos, agrícolas y medioambientales.

Las Provincias

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