jueves, agosto 03, 2006
El agua, cuestión de Estado
Editorial en ABC hoy:
El agua es un bien escaso en muchas zonas de España, de manera que su distribución debe realizarse de acuerdo con criterios de racionalidad, eficiencia y solidaridad. Así pues, es imprescindible evitar cualquier planteamiento partidista o basado en beneficios a corto plazo. El PP había puesto en marcha un Plan Hidrológico Nacional que enfocaba la cuestión con responsabilidad y sentido de Estado. Después de haber hecho bandera política en su contra, el Gobierno socialista se apresuró a desandar el camino ya iniciado, pero no ha ofrecido ninguna alternativa eficaz. De hecho, se han perdido dos años en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio. Los datos inducen ahora a una seria preocupación. Las reservas de agua embalsadas han descendido en un 1,6 por ciento en la última semana, de modo que nuestros pantanos acumulan actualmente 24.901 hectómetros cúbicos de agua. El problema resulta especialmente grave en las cuencas del Júcar y del Segura, y lo peor de todo es que al bajar del límite mínimo establecido las reservas en la cabecera del Tajo no cabe realizar el trasvase a la cuenca del Segura, lo que repercute directamente en el abastecimiento de casi dos millones de personas en Murcia y Alicante.
La política del agua tiene que ser concebida sin demora como una cuestión de interés general, dejando de lado pequeños egoísmos territoriales. El artículo 2 de la Constitución proclama el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas como el tercer pilar (junto con los de unidad y autonomía) del modelo territorial vigente. El Estado tiene el deber de mantener la igualdad de todos los españoles en cuanto a los derechos y deberes básicos en cualquier lugar del territorio nacional. En este caso, el derecho al agua es un elemento crucial en la sociedad del bienestar en la que nadie está legitimado para hacer suyos los bienes colectivos. Previos los estudios técnicos que procedan, Gobierno y oposición tendrán que ponerse de acuerdo para hacer frente a un problema que lleva siglos sin resolverse. No es lógico que en un país moderno y desarrollado haya que mirar al cielo para adivinar si va a llover y paliar así la sequía, sobre todo porque los indicios apuntan a un ciclo poco favorable, según advierten desde hace tiempo las organizaciones ecologistas más rigurosas. Dice el refrán castellano que «con las cosas de comer no se juega», y es fácil extender tan sabio consejo a las que afectan al consumo humano de agua, al riego de los campos y a las medidas imprescindibles de higiene. El Gobierno debe tomar decisiones bien fundadas y ponerlas en práctica sin demora.
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El agua es un bien escaso en muchas zonas de España, de manera que su distribución debe realizarse de acuerdo con criterios de racionalidad, eficiencia y solidaridad. Así pues, es imprescindible evitar cualquier planteamiento partidista o basado en beneficios a corto plazo. El PP había puesto en marcha un Plan Hidrológico Nacional que enfocaba la cuestión con responsabilidad y sentido de Estado. Después de haber hecho bandera política en su contra, el Gobierno socialista se apresuró a desandar el camino ya iniciado, pero no ha ofrecido ninguna alternativa eficaz. De hecho, se han perdido dos años en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio. Los datos inducen ahora a una seria preocupación. Las reservas de agua embalsadas han descendido en un 1,6 por ciento en la última semana, de modo que nuestros pantanos acumulan actualmente 24.901 hectómetros cúbicos de agua. El problema resulta especialmente grave en las cuencas del Júcar y del Segura, y lo peor de todo es que al bajar del límite mínimo establecido las reservas en la cabecera del Tajo no cabe realizar el trasvase a la cuenca del Segura, lo que repercute directamente en el abastecimiento de casi dos millones de personas en Murcia y Alicante.
La política del agua tiene que ser concebida sin demora como una cuestión de interés general, dejando de lado pequeños egoísmos territoriales. El artículo 2 de la Constitución proclama el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas como el tercer pilar (junto con los de unidad y autonomía) del modelo territorial vigente. El Estado tiene el deber de mantener la igualdad de todos los españoles en cuanto a los derechos y deberes básicos en cualquier lugar del territorio nacional. En este caso, el derecho al agua es un elemento crucial en la sociedad del bienestar en la que nadie está legitimado para hacer suyos los bienes colectivos. Previos los estudios técnicos que procedan, Gobierno y oposición tendrán que ponerse de acuerdo para hacer frente a un problema que lleva siglos sin resolverse. No es lógico que en un país moderno y desarrollado haya que mirar al cielo para adivinar si va a llover y paliar así la sequía, sobre todo porque los indicios apuntan a un ciclo poco favorable, según advierten desde hace tiempo las organizaciones ecologistas más rigurosas. Dice el refrán castellano que «con las cosas de comer no se juega», y es fácil extender tan sabio consejo a las que afectan al consumo humano de agua, al riego de los campos y a las medidas imprescindibles de higiene. El Gobierno debe tomar decisiones bien fundadas y ponerlas en práctica sin demora.
Etiquetas: agua
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