Directiva Marco del Agua

La callada por respuesta. Esta fue la actitud que ayer adoptó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, cuando fue interpelado en la comisión de la sequía por las extracciones ilegales de agua del río en Castilla-La Mancha.

Moragues se limitó a agradecer el “esfuerzo” a todos los regantes y a los usuarios para controlar el uso del agua. En concreto, resaltó que los agricultores de Castilla-La Mancha habían dejado de plantar 10.000 hectáreas de regadío. Pero aseguró desconocer el número de pozos ilegales con los que se pueden estar regando 100.000 hectáreas.

Respecto al uso de los pozos, Moragues destacó los análisis de calidad del agua subterránea en el acuífero de la Plana de Valencia, los más próximos a la costa y que corren el riesgo de infección salina, que semanalmente miden el nivel del agua, el nivel de cloruro y la salinidad.

“Hasta ahora funcionan todos adecuadamente y no se ha solicitado la apertura de ningún pozo más ni el aumento del volumen de agua que se extrae y que autoriza la Comisión”, apuntó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El esfuerzo en el ahorro de agua no sólo ha sido de los agricultores, sino que también se ha notado en las ciudades. Valencia ha ahorrado desde el pasado uno de octubre un 39% y un 43% desde el 13 de febrero, tres veces más que Albacete (11% desde octubre y un 16% desde febrero).

El abastecimiento de Valencia en estos momentos se está realizando fundamentalmente con agua del Júcar, pero se ha incrementado la cantidad que procede del Turia, un 56% que el año pasado.

Moragues, por otro lado, criticó que la Generalitat no había realizado las infraestructuras necesarias para evitar el vertido al mar de aguas de la depuradora de Pinedo, aunque esta instalación remite a la Albufera 4 hectómetros cúbicos mensuales que impide que el parque se degrade aún más.

Las críticas de Moragues se extendieron a que en julio el Ministerio de Medio Ambiente creó el Consejo Nacional del Agua donde se propusieron decretos “importantes para el futuro hídrico de este país y la Comunitat Valenciana ni siquiera ha contestado”. Desde la Conselleria de Infraestructuras desmintieron esta afirmación y señalaron que el 13 de julio el conseller José Ramón García Antón remitió al director general del Agua, Jaime Palop, en la que le indicaba que todas esas medidas ya se aplicaban en la Comunitat.

Las Provincias

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