viernes, noviembre 24, 2006
La UE amenaza con multas de hasta 95 millones por la contaminación de la ría de Vigo
La Voz de Galicia pone hoy números a la espada de Damocles que se cierne sobre la Ría de Vigo en forma de multa de la UE.
En la sentencia de diciembre de 2005 se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, al no haber adoptado un programa de reducción de la contaminación de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo.
La Xunta de Galicia presentó un plan de saneamiento de la Ría de cara al año 2012, cuya principal actuación es la nueva depuradora de Vigo, sobre la cual no existe hasta el momento un acuerdo en cuanto a su ubicación.
Según La Voz, que cita fuentes de la Consellería de Presidencia del Gobierno gallego, la sanción económica puede tener dos vertientes: una suma a tanto alzado de un mínimo de 7,3 millones (que puede ser mayor según la gravedad) y una multa coercitiva que oscila entre los 1,6 millones y los 95,7 millones de € (también en función de la gravedad que se estime).
«La amenaza de Bruselas está ahí y obliga a la Administración a tomar medidas, porque puede ocurrir que la solución sea mucho más barata que una sentencia firme», advierten desde la Consellería de Presidencia.
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En la sentencia de diciembre de 2005 se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, al no haber adoptado un programa de reducción de la contaminación de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo.
La Xunta de Galicia presentó un plan de saneamiento de la Ría de cara al año 2012, cuya principal actuación es la nueva depuradora de Vigo, sobre la cual no existe hasta el momento un acuerdo en cuanto a su ubicación.
Según La Voz, que cita fuentes de la Consellería de Presidencia del Gobierno gallego, la sanción económica puede tener dos vertientes: una suma a tanto alzado de un mínimo de 7,3 millones (que puede ser mayor según la gravedad) y una multa coercitiva que oscila entre los 1,6 millones y los 95,7 millones de € (también en función de la gravedad que se estime).
«La amenaza de Bruselas está ahí y obliga a la Administración a tomar medidas, porque puede ocurrir que la solución sea mucho más barata que una sentencia firme», advierten desde la Consellería de Presidencia.
Etiquetas: agua, recuperación de costes
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