jueves, enero 26, 2006
El Ministerio de Medio Ambiente gatarantiza a Greenpeace que no legalizará pozos ilegales
El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado a Greenpeace que no tiene intención de legalizar los más de 500.000 pozos ilegales, que según los datos que posee la propia Administración, están esquilmando nuestras reservas de aguas subterráneas. Este era el principal asunto que la asociación ecologista llevaba a la pasada reunión del Grupo de Trabajo de Aguas del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el pasado día 20 de enero, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop.
A esta reunión fue convocado Fernando López Vera, director del Grupo de Trabajo de Agua Subterránea, recientemente creado por el Ministerio de Medio Ambiente. Greenpeace le preguntó sobre la posible legalización de los pozos ilegales, un supuesto que negó rotundamente.
Todo ello, a pesar de que en la propuesta de modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), elaborada por dicho grupo de trabajo se hace mención a una regularización de aprovechamientos de aguas subterráneas, en su Disposición adicional cuarta. Dicha disposición ha creado un gran malestar entre los colectivos de agricultores afectados por extracciones ilegales, organizaciones ecologistas y de consumidores y de los propios funcionarios de las confederaciones dedicados a expedientar el robo de agua que ven así su trabajo totalmente desautorizado.
Greenpeace ya calificó el estado de calidad de las aguas subterráneas en España como muy deficiente. Únicamente el 16% de las mismas están actualmente en disposición de cumplir con los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua.
Las extracciones sin control que se realizan en España están causando gravísimos daños a los acuíferos, sobreexplotando y contaminando, a veces de forma irremediable, estas reservas estratégicas de agua.
"La Administración tiene la obligación de elaborar leyes y poner todos los medios a su alcance para erradicar conductas delictivas que ponen en peligro el futuro abastecimiento de agua. Las extracciones ilegales de agua, además, han causando graves pérdidas en nuestro medio ambiente. Un triste ejemplo de ello, son las Tablas de Daimiel, donde el robo de recursos hídricos durante décadas ha condenado a la desaparición a éste y otros humedales españoles. Todo ello, en ocasiones con la aparente complacencia y permisividad de algunas Administraciones", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.
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A esta reunión fue convocado Fernando López Vera, director del Grupo de Trabajo de Agua Subterránea, recientemente creado por el Ministerio de Medio Ambiente. Greenpeace le preguntó sobre la posible legalización de los pozos ilegales, un supuesto que negó rotundamente.
Todo ello, a pesar de que en la propuesta de modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), elaborada por dicho grupo de trabajo se hace mención a una regularización de aprovechamientos de aguas subterráneas, en su Disposición adicional cuarta. Dicha disposición ha creado un gran malestar entre los colectivos de agricultores afectados por extracciones ilegales, organizaciones ecologistas y de consumidores y de los propios funcionarios de las confederaciones dedicados a expedientar el robo de agua que ven así su trabajo totalmente desautorizado.
Greenpeace ya calificó el estado de calidad de las aguas subterráneas en España como muy deficiente. Únicamente el 16% de las mismas están actualmente en disposición de cumplir con los objetivos ambientales que marca la Directiva Marco del Agua.
Las extracciones sin control que se realizan en España están causando gravísimos daños a los acuíferos, sobreexplotando y contaminando, a veces de forma irremediable, estas reservas estratégicas de agua.
"La Administración tiene la obligación de elaborar leyes y poner todos los medios a su alcance para erradicar conductas delictivas que ponen en peligro el futuro abastecimiento de agua. Las extracciones ilegales de agua, además, han causando graves pérdidas en nuestro medio ambiente. Un triste ejemplo de ello, son las Tablas de Daimiel, donde el robo de recursos hídricos durante décadas ha condenado a la desaparición a éste y otros humedales españoles. Todo ello, en ocasiones con la aparente complacencia y permisividad de algunas Administraciones", ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.
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