Directiva Marco del Agua

El siempre magnificamente informado Rafael Méndez, descubría ayer los principales ejes sobre los que girará la reforma de la Ley de Aguas con la que se deben solventar muchos de los problemas de gestión que se ciernen en la actualidad sobre las masas de agua españolas:

El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno controlará ese organismo -tendrá la mitad más uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto. Su peso en ese organismo dependerá de la población que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podrá subir cada año, y amplía de cinco a diez metros la franja de protección de los ríos.

Participación de las autonomías, sí; pero bajo control del Gobierno. Ése es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el miércoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrográficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonomías y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o "comité de autoridades competentes" como "órgano de cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas" que ocupan más de una comunidad. El presidente de la demarcación reportará a este organismo, que será el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitación del dominio público y demás "planificación, gestión y protección de las aguas".

Además del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes, como la creación de una "tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua". Se trata de un nuevo canon que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. En realidad es una cantidad mínima, ya que un regante pagaría de media 1,4 euros por hectárea al año y todos los usos urbanos apenas darán un millón de euros, pero el texto ya advierte de que "estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado".

CONTAMINACIÓN: La norma duplica las sanciones

Además de las reformas competenciales, la reforma incorpora un tono ecologista que está presente desde el primer punto del texto. El objeto de la ley incluye como novedad que la norma debe "promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles". En muchos artículos hay coletillas que obligan a proteger el buen estado ecológico de los ríos y los acuíferos.

La norma duplica las sanciones por vertidos y por extracciones ilegales. Las más leves pasan de 6.000 euros a 300.000; las graves de 300.000 a un millón y las muy graves, de un millón a dos millones de euros. Además, extiende de cinco a diez metros la franja de dominio público y de protección de los ríos.

ABASTECIMIENTO: 60 litros diarios por habitante al día

La ley crea una "garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su capacidad económica al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas" de como mínimo 60 litros por habitante y día. En realidad, el efecto práctico es mínimo -en España todo el mundo tiene garantizados los 60 litros- pero Ecologistas en Acción (autor de la propuesta) afirma que puede servir de modelo para otros países.

Además, el agua desalada tendrá carácter público, como la de un río o un acuífero. Hasta ahora, comunidades como Murcia planeaban sus desaladoras al margen del Gobierno central. La ley afirma que "las obras de desalación que sean competencia de las comunidades autónomas" precisarán el visto bueno del Gobierno.

PRESAS Y EMBALSES: Registro de seguridad en los pantanos

El texto crea todo un nuevo capítulo (12 artículos nuevos) a la seguridad de presas y embalses. Obliga a registrar todas las presas y balsas de más de cinco metros de altura -muchas son privadas y están fuera de control- y crea una Agencia Estatal de seguridad de Presas, y que todos los embalses tengan un plan de seguridad.

Otro punto importante es el referido a las aguas subterráneas. En España existen 500.000 pozos, muchos de ellos sin control y que han llegado a secar un parque nacional como el de las Tablas de Daimiel. La norma obliga a clausurar "los pozos abandonados o en desuso", cambia el sistema de concesiones para reducir la sobreexplotación y obliga a tener permiso del Gobierno para recargar acuíferos.

La principal novedad, además del mayor poder otorgado a las comunidades autónomas en las demarcaciones intracomunitarias e internacionales, es esa tasa universal de la que se habla. Bajo mi punto de vista, no queda muy clara su cuantía y su aplicación. Si las cifras que aporta El País son correctas, la recaudación sería completamente insignificante. Para hacernos una idea, 0,2 €/1000m3 vendrían a ser 0,0002 €/m3, es decir, la diezmilésima parte del precio medio del agua de consumo urbano en España. Tampoco se aclara como se aplicaría y quienes serían los sujetos pasivos.

Tendremos que esperar al Consejo del Agua de este miercoles para saber algo más. De todos modos, la aprobación de esta tasa si serviría para ir enviando las señales a algunos consumidores de las que hablaba el Ministro de Economía hace no mucho tiempo.

Etiquetas: abastecimiento, agua, aguas_subterráneas, legislación, políticas_tarificación, programa de medidas, recuperación de costes

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