lunes, abril 09, 2007

El turismo residencial duplica el consumo de agua potable en la Costa Blanca

F.J. Benito (Diario Información)
Un informe del director del Instituto Universitario de Geografía de Alicante, Antonio Gil Olcina, y del catedrático de Geografía Regional, Antonio Rico, sobre los usos turísticos del agua en la provincia de Alicante advierte de que el modelo de desarrollo urbanístico por el que se ha apostado en los últimos cinco años ha duplicado el consumo hídrico hasta alcanzar cotas de 600 litros por habitante y día en el caso de las viviendas unifamiliares con piscina y jardín. Un diseño bautizado como «ciudad difusa» que dispara el consumo de suelo y de agua frente al modelo compacto de municipios como Benidorm, donde la estructura de los edificios permite una gestión más eficiente de la distribución del agua, el saneamiento y depuración.

En el trabajo, recogido en el libro «El problema del agua en la Comunidad Valenciana», se destaca, por otro lado, el esfuerzo que han hecho los hoteleros en el control del consumo de agua en sus establecimientos, hasta el punto de que un municipio como Benidorm, con más de ciento cuarenta hoteles abiertos, sólo necesita 12 hm 3 de agua al año para garantizar el abastecimiento de sus vecinos, hasta 300.000 personas en la temporada alta. El sector turístico representa el 14% del PIB y da a empleo directo a 280.000 personas en la Comunidad Valenciana, con una facturación de 12.000 millones al año.

El desarrollo urbanístico de Alicante en los últimos cinco años se ha caracterizado por la ocupación de grandes superficies de territorio donde se han construido cientos de viviendas unifamiliares, asociadas en muchos casos a campos de golf, que obligan a construir redes de distribución de agua donde se multiplican las dificultades para detectar las fugas. En el caso de las casas unifamiliares con casa y jardín, generalizadas en las poblaciones de costa del Baix Vinalopó, Marina Baixa o la Marina Alta, se pueden alcanzar consumos por persona y día de más de 600 litros. Una cantidad que duplica a la que se necesita para núcleos de veraneo importantes como Benidorm o Torrevieja donde la configuración urbanística se basa en bloques de apartamentos o adosados sin jardín ni piscina, que reducen el uso del agua a una horquilla que oscila entre los 150 y los 200 litros al día, según el mes. «Debe tenerse en cuenta que este tipo de demanda se activa durante el verano y los periodos de vacaciones, con una ocupación que no supera los noventa días y, sin embargo, unas necesidades de 40 hm 3 al año», apuntan los autores.

Frente a la «ciudad difusa», los geógrafos destacan el denominado modelo compacto -paradójicamente un diseño que alabó y por el que apostó el Consell pero que no se ha potenciado-. Para Gil Olcina y Rico, la concentración de la edificación rentabiliza de manera más eficiente las infraestructuras hidráulicas de distribución del agua potable y saneamiento, a la vez que el modelo de apartamentos y, por ejemplo, hoteles «justifica una utilización intensiva del espacio urbano-turístico y contribuye a explicar la menor estacionalidad frente al resto de los destinos litorales».

Mención aparte merece en el estudio la buena relación de los hoteles de la Costa Blanca con el consumo de agua. Pese a las críticas que reciben de partidos políticos y, sobre todo, grupos ecologistas, los hoteles alicantinos ofrecen para estos expertos un ejemplo de buena gestión. Un hotel de 3 estrellas - la ocupación media anual es del 88% - con piscina necesita 253 litros diarios por plaza - cantidad en la que se incluyen todos los usos - . En los establecimientos de lujo - 4 y 5 estrellas - el consumo es de 289 litros. Números muy alejados de los 600 litros por habitante de las viviendas unifamiliares con piscina. El informe refleja también el consumo del golf. Un campo de 18 hoyos y 40 hectáreas necesita 500.000 m 3 al año. Los 25 de la Comunidad utilizan la misma cantidad que un campo de naranjas de 1.500 hectáreas.

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jueves, marzo 01, 2007

"La problemática del Agua en España". Debate en el club Siglo XXI

C. S. Rubio

Si en una cosa están de acuerdo Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y el Gobierno central es en que no hay ningún acuerdo a la hora de hablar de agua. Así quedó constatado en el coloquio organizado ayer por el Club Siglo XXI, que reunió a los responsables de la política hidráulica de las tres comunidades y del Ministerio de Medio Ambiente. Y es que, si bien las palabras «es necesario alcanzar un pacto» sonaron repetidamente en la sala, ni Murcia ni Valencia quisieron hablar de una política hidráulica sin trasvases. Mientras, en la otra esquina del ring, Castilla-La Mancha defendió la caducidad «por ley» del Tajo-Segura y el director general del Agua, Jaime Palop, aseguró en que la única razón por la que pervive el trasvase del Tajo y no el del Ebro es porque «la infraestructura existe».

En este sentido, el consejero de Agricultura y de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, insistió en que «en España hay agua suficiente, pero mal distribuida». Una tesis que le sirve para justificar que la derogación del trasvase del Ebro fue una «decisión política», que ha traído consigo la «insolidaridad entre las comunidades autónomas». Una insolidaridad que, añadió, «no se solucionará con leyes sino con mucho tiempo».

Sigue en La Tribuna de Albacete.

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jueves, febrero 01, 2007

Las sensaciones políticas de González Pons

Artículo de Antonio Estevan en El País del 23 de Enero:

Hace unos días el conseller González Pons declaraba ante los medios de comunicación que tiene la "sospecha" y la "sensación" políticas de que el Gobierno español pretende desalar masivamente agua en la Comunidad Valenciana para exportarla posteriormente a otras comunidades vecinas, entre las cuales citó a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, pero no a Murcia.
La defensa surrealista de las ideas del Consell en materia de agua no es nueva. Empezó con el trasvase del Ebro, que ha devenido en el pensamiento único del presidente Camps, sosteniendo que el agua del Ebro sería baratísima porque bajaría sola de Tortosa a Valencia. No había más que ver el mapa para comprenderlo. Siguió con el trasvase Júcar-Vinalopó, asegurando que el agua transportada 80 kilómetros desde Cullera hasta Villena por el trazado "socialista" saldrá carísima, mientras que el agua transportada 300 kilómetros desde Tortosa también hasta Villena pero por el trazado "popular" del trasvase del Ebro habría sido baratísima. Luego vino la amenaza de la desertización, pronosticando que sin el agua del Ebro los bosques valencianos se secarían y la Comunidad quedaría desertizada. ¿Acaso Camps pretendía construir en secreto una inmensa red de tuberías capaz de distribuir el agua del Ebro de pino en pino, subiendo y bajando por las montañas valencianas?

Sin embargo, cuando parecía que ya se había alcanzado el techo absoluto del disparate hidráulico, el conseller González Pons ha roto todas las marcas en su nueva cruzada ecológica contra las desaladoras. No hace mucho tiempo, en su etapa de gobierno en Madrid, el PP fue por derecho propio "el gran desalador". No sólo se construyeron o tramitaron entonces grandes desaladoras marinas en Palma, San Antonio de Ibiza, Formentera, Blanes, Xàbia, Alicante, San Pedro del Pinatar, Carboneras, Almería, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, todas ellas con financiación pública, sino que en época del ministro Matas se llegó a enviar telegramas a los ayuntamientos de Baleares diciéndoles: "Pidan ahora su desaladora, que hay fondos disponibles". Alcudia, Ciudadela, Santa Eulalia y Andratx la pidieron, y todos ellos tienen sus desaladoras en construcción.

Sin embargo, ahora todo ha cambiado. Para que no decaiga la guerra del agua, las desaladoras han pasado a ser un invento del demonio y deben ser públicamente deleznadas y vilipendiadas. La tarea le ha tocado a González Pons, y la tiene que combinar con el encargo de Camps de verdear la imagen gris-hormigón del PP hasta las elecciones de mayo. La conjunción de ambos encargos ha convertido la campaña contra las desaladoras en una auténtica charlotada ambiental sin precedentes en España ni en el mundo.

Para empezar, González Pons ha acusado a las desaladoras de ser nada menos que "las nucleares del mar", una acusación ciertamente terrorífica, aunque un tanto sorprendente viniendo de un partido que es el más cerradamente pronuclear de España, y uno de los más destacados de Europa en la materia. A continuación ha pintado un sombrío panorama de apagones y escasez de energía en la Comunidad ocasionado por el consumo eléctrico de las desaladoras, que chuparán hasta el último kilovatio disponible. Habrá que volver a las lámparas de aceite y a las barras de hielo para mantener las desaladoras...

Pero los desastres de las desaladoras no se acaban ahí. El conseller las ha acusado también de destruir implacablemente la Poseidonia oceanica, que fenecerá por completo cuando las desaladoras salinicen el Mediterráneo hasta convertirlo en un Mar Muerto, aniquilando de paso nuestra industria turística, y por supuesto la pesca. La Poseidonia es el gran descubrimiento ecológico del PP. "¿Poseiqué?", preguntaban los eurodiputados populares hace tres o cuatro años, cuando los ecologistas aludían a esta valiosa planta marina en los debates europeos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Ahora el conseller dice que esta planta es "el segundo pulmón" de la Comunidad Valenciana (el primero son los pinos que también se morirán si no se riegan con agua del Ebro). Pobre País, si la mitad de su respiración dependiera del oxígeno liberado por los escasos 500 km2 de praderas de Poseidonia que aún subsisten a duras penas en el litoral amenazadas, no por las desaladoras, que tienen resuelto hace años ese problema, sino por la pesca de arrastre, los puertos deportivos y los vertidos urbanos mal depurados o sin depurar, temas todos ellos desgobernados por el Consell.

Pero ahora, por fin, con la confesión de las "sensaciones políticas" del conseller, comenzamos a entender las razones de toda esta destrucción. El Gobierno pretende convertir a la Comunidad Valenciana en una gran fábrica de agua desalada, pero no para dársela a los valencianos, sino para exportarla a Castilla-La Mancha, Aragón y, sobre todo, a Cataluña. Así, los catalanes y otros enemigos de Valencia tendrán agua a chorro libre después de habernos dejado a los valencianos sin el mar Mediterráneo, sin turismo, sin pesca, sin agua, sin electricidad y hasta sin oxígeno para respirar. ¿Cabe imaginar mayor infamia contra la Comunidad Valenciana? Y todo por haber votado al PP.

Hasta aquí todo muy divertido. Pero el problema es que hoy en día, con la televisión y con Internet, las astracanadas políticas se ven desde todas partes. En los medios políticos españoles la obsesión enfermiza de Camps con el trasvase del Ebro ya despierta sonrisas de conmiseración, y en Bruselas están hartos de soportar el circo acuático y urbanístico valenciano. Bastan unos pocos años para conseguir el descrédito institucional de una clase política, y el PP valenciano lo ha conseguido con creces. Cuando esto cambie va a costar mucho tiempo y muchos esfuerzos recomponer la imagen del Consell como una institución seria, sin políticos sandía ni melón, con la que se pueda discutir y en la que se pueda confiar.


Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

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miércoles, enero 17, 2007

El Tribunal Superior Valenciano desautoriza cualquier urbanización sin agua garantizada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado un auto por el que se establece no aprobar ninguna urbanización sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada.

El TSJ resolvió suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador por no acreditar el suministro de agua, un proyecto en junio aprobado por la Consejería de Territorio de la Generalitat y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, según informa El País.

La decisión de este tribunal afecta a más de una docena de planes urbanísticos similares al de Ador, entre éstos se encuentran el polémico Manhattan de Cullera (con 35 rascacielos en la desembocadura del Jucar) y el plan de Porxinos en Ribaroja (está prevista la construcción de 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF) que supuso la imputación del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urbanísticos.

El tribunal dictamina que "las Administraciones tienen el deber de exigir, y las entidades colaboradoras o empresas deben emitir informe razonado sobre la existencia de agua, tipo, calidad, disponibilidad presente o futura, necesidad o no de tratamiento y obras de infraestructura necesarias", todo ello conforme a la legislación estatal y autonómica. "La sala no va a dar por válidos informes que no se ajusten a los parámetros que se acaban de citar, ni al organismo de cuenca ni a las entidades colaboradoras o empresas".

Anotaciones relacionadas:

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