jueves, mayo 24, 2007

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratifica la suspensión de un plan con 3.884 viviendas y golf en la Nucia (Alicante)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado, en una resolución del pasado 16 de mayo, la suspensión del PAI de La Serreta en la Nucia, que prevé la construcción de 3.884 viviendas y de un campo de golf sin recursos hídricos, de acuerdo a los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y al margen del planeamiento general. Es el segundo fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ contra el polémico proyecto que aumentaría la población de la Nucia en 16.000 personas.

El juzgado insiste, casi en exclusiva, en los mismos argumentos que sirvieron para paralizar el desarrollo de la macrourbanización el pasado mes de marzo. El tribunal considera que la documentación aportada por el consistorio no varía, «en exceso las conclusiones del auto sobre el enorme incremento poblacional» que supondría el desarrollo del polémico PAI nuciero.

El tribunal también insiste en la carencia de recursos hídricos y, más allá de eso, rechaza un nuevo informe de la empresa que gestiona el agua en la Nucia tratando de justificar la existencia de los acuíferos necesarios para atender a cerca de cuatro mil viviendas, un documento que, según, el juez ha sido elaborado «ad hoc».

Vía, Levante.

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lunes, abril 16, 2007

Medio Ambiente advierte de que no hay agua garantizada para 300.000 viviendas

Hay al menos 129 municipios (de Cádiz a Asturias y de Valencia a Badajoz) y 189 planes urbanísticos, con un mínimo de 300.000 viviendas implicadas, que no tienen garantizado el suministro de agua, según los informes emitidos por las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no frena a los promotores, que exigen al Gobierno que suministre el agua, dado su carácter de servicio básico.

En julio de 2005, la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional obligó a las confederaciones hidrográficas a pronunciarse "expresamente sobre la existencia o inexistencia de agua suficiente" para planes urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente intentaba así controlar el urbanismo en zonas sin agua o al menos liberarse de la responsabilidad de abastecer esas urbanizaciones.

Las confederaciones tardaron en emitir esos informes pero, casi dos años después, los datos de las cuencas con más dictámenes contrarios -Júcar, Segura, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y Norte- revelan que hay más de 300.000 viviendas en el aire, sin garantía de suministro por parte del ministerio: 100.000 en la cuenca del Júcar, otras 100.000 en la del Segura y el resto principalmente en la del Tajo. Los datos no están centralizados y el cálculo es complicado. Un informe, por ejemplo, se refiere a todo el Plan General del municipio de Las Rozas de Madrid (unas 5.000 casas), y otro a una pequeña urbanización en un pueblo de Alicante, sin especificar cuánto se construirá.
Más, en El País.

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martes, marzo 13, 2007

La Confederación Hidrográfica del Segura desaconseja 19 proyectos urbanísticos en Murcia por la sequía

Según informa hoy 20 minutos en su edición de Murcia, desde octubre de 2005, los 85 informes que ha realizado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para opinar sobre si pueden hacerse más casas han sido negativos.

«No podemos hacer un informe positivo porque no hay agua suficiente para los nuevos desarrollos. El Taibilla entró en déficit en el año 1998. Habrá que esperar a que entren en marcha todas las desaladoras y se palíe la situación»

Conviene recordar que estos informes son preceptivos, pero no vinculantes, por lo que los proyectos urbanísticos pueden seguir adelante.

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lunes, febrero 05, 2007

La Confederación del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos de la región. Este organismo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, considera que los proyectos no justifican suficientemente la procedencia de sus recursos hídricos, y por eso a lo largo del último año ha elaborado sucesivos informes en contra. El Gobierno regional replica que la posición del ministerio no condicionará la tramitación de los planes urbanísticos, porque "quien tiene que garantizar el agua es el distribuidor, en este caso el Canal de Isabel II".

La Ley de Aguas establece que, cuando los planes de las comunidades o ayuntamientos comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica "se pronunciará expresamente sobre la existencia o no de recursos suficientes para establecer las demandas". El ministerio sostiene que ese informe debe ser determinante a la hora de aprobar o tumbar un proyecto de urbanización, mientras que la Comunidad de Madrid interpreta que el dictamen es preceptivo, pero no vinculante.

Más, en El País.

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miércoles, enero 17, 2007

El Tribunal Superior Valenciano desautoriza cualquier urbanización sin agua garantizada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado un auto por el que se establece no aprobar ninguna urbanización sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada.

El TSJ resolvió suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador por no acreditar el suministro de agua, un proyecto en junio aprobado por la Consejería de Territorio de la Generalitat y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, según informa El País.

La decisión de este tribunal afecta a más de una docena de planes urbanísticos similares al de Ador, entre éstos se encuentran el polémico Manhattan de Cullera (con 35 rascacielos en la desembocadura del Jucar) y el plan de Porxinos en Ribaroja (está prevista la construcción de 2.700 viviendas junto a la ciudad deportiva del Valencia CF) que supuso la imputación del alcalde y dos concejales del PP por supuestos delitos urbanísticos.

El tribunal dictamina que "las Administraciones tienen el deber de exigir, y las entidades colaboradoras o empresas deben emitir informe razonado sobre la existencia de agua, tipo, calidad, disponibilidad presente o futura, necesidad o no de tratamiento y obras de infraestructura necesarias", todo ello conforme a la legislación estatal y autonómica. "La sala no va a dar por válidos informes que no se ajusten a los parámetros que se acaban de citar, ni al organismo de cuenca ni a las entidades colaboradoras o empresas".

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