jueves, marzo 15, 2007

La Confederación Hidrográfica del Tajo revoca por incumplimiento diez autorizaciones de vertido de aguas residuales en Madrid, Toledo y Guadalajara

El Consejo del Agua de la Cuenca del Tajo ha aprobado en su reunión de hoy la revocación de autorizaciones de vertido por el incumplimiento de las condiciones impuestas por el organismo de cuenca para el tratamiento de las aguas residuales con absoluta garantía para los ríos y los ecosistemas asociados.

Las autorizaciones revocadas corresponden a los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Trillo (Guadalajara) y Los Yébenes (Toledo), a dos Juntas de Compensación de sendas urbanizaciones en Boadilla del Monte (Madrid), a una Comunidad de Propietarios en Casarrubios del Monte (Toledo), además de dos empresas de Toledo y Guadalajara.

La decisión obedece a lo establecido en el artículo 263.2 del Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril de 1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que dispone que las autorizaciones de vertido podrán ser revocadas por incumplimiento de sus condiciones.

Respecto al Ayuntamiento madrileño de San Sebastián de los Reyes, el Consejo del Agua ha decidido anular dos autorizaciones debido al estado de abandono en que se encuentran las dos depuradoras que tratan las aguas residuales de la urbanización Fuente el Fresno.

En el caso de Trillo, se ha decidido suspender dos autorizaciones de vertido, al no haber ejecutado el Ayuntamiento las obras de dos depuradoras, para lo que fueron concedidas.

En relación al Ayuntamiento de Los Yébenes, la autorización ha sido revocada por el incumplimiento de los límites de emisión establecidos por la CHT.

Por su parte, la Junta de Compensación de la Urbanización Bonanza, situada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, ha visto anulada la autorización al no cumplir los límites de vertido concedidos. Asimismo, en cuanto a la Junta de Compensación de la Urbanización Valdepastores, de la misma localidad, el permiso fue otorgado en base a una EDAR que, actualmente, no existe.

A la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Calypo I-Fado, en Casarrubios de Monte (Toledo), se le ha revocado la autorización de vertidos como consecuencia del abandono de una estación depuradora, así como la mala explotación de otra.

Por último, la empresa Inversiones Inmobiliarias La Tejera, S.L, en Mondéjar (Guadalajara) no ha llevado a cabo la construcción de las obras de la EDAR que tenía previsto, por lo que también se ha procedido a la revocación de la autorización. La misma decisión se ha adoptado en el caso de la empresa Senoble España. S.A., ubicada en Noblejas (Toledo), por incumplimiento de los límites fijados en la autorización.

Conviene recordar que la revocación de la autorización de vertido implica el cese en los mismos hasta que no se tramite una nueva autorización. En caso contrario, habría lugar a la preceptiva sanción.

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jueves, marzo 01, 2007

"La problemática del Agua en España". Debate en el club Siglo XXI

C. S. Rubio

Si en una cosa están de acuerdo Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y el Gobierno central es en que no hay ningún acuerdo a la hora de hablar de agua. Así quedó constatado en el coloquio organizado ayer por el Club Siglo XXI, que reunió a los responsables de la política hidráulica de las tres comunidades y del Ministerio de Medio Ambiente. Y es que, si bien las palabras «es necesario alcanzar un pacto» sonaron repetidamente en la sala, ni Murcia ni Valencia quisieron hablar de una política hidráulica sin trasvases. Mientras, en la otra esquina del ring, Castilla-La Mancha defendió la caducidad «por ley» del Tajo-Segura y el director general del Agua, Jaime Palop, aseguró en que la única razón por la que pervive el trasvase del Tajo y no el del Ebro es porque «la infraestructura existe».

En este sentido, el consejero de Agricultura y de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, insistió en que «en España hay agua suficiente, pero mal distribuida». Una tesis que le sirve para justificar que la derogación del trasvase del Ebro fue una «decisión política», que ha traído consigo la «insolidaridad entre las comunidades autónomas». Una insolidaridad que, añadió, «no se solucionará con leyes sino con mucho tiempo».

Sigue en La Tribuna de Albacete.

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lunes, febrero 12, 2007

Entrevista a José María Barreda, presidente de Castilla La-Mancha


"Que se queden con su dinero y nosotros con el agua"


Entrevista de José Fidel López a José María Barreda en La Verdad con el trasvase Tajo-Segura como telón de fondo.

Estas son algunas de las respuestas más destacables:

-Aunque durante el estudio y redacción del nuevo Estatuto se llegó a dar otra fecha, incluso antes del 2010, finalmente el documento fija el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase. Esa fecha responde a que para ese momento se prevé que estén solventados los problemas del agua de Levante o porque entra en vigor la Directiva Marco de Agua de Europa...

-No queríamos poner una fecha que resultara excesivamente precipitada, ya que no se trata de que Castilla-La Mancha, de repente, haya dejado de ser solidaria, que queramos cerrar el grifo de la noche a la mañana. Por eso, ese espacio temporal nos parecía lo suficientemente razonable como para dar tiempo a que entren en funcionamiento las alternativas que permitan asegurar el abastecimiento a Murcia y al sur de Alicante. Nosotros ahora necesitamos el agua, y tenemos un derecho preferente al ser la cuenca cedente. Pero hasta ahora resultaba como las Leyes de Indias, que se acataban pero no se cumplían, ya que no teníamos la infraestructura que nos permitiera utilizar a nosotros también el agua y el Acueducto Tajo-Segura. Muy pronto, dos millones de castellano-manchegos estaremos bebiendo en especial aguas superficiales del Tajo.

-¿Le está resultando muy complicado mantener sus argumentos sobre la caducidad del Trasvase dentro de su partido?

-Sin duda alguna, puesto que en el tema del agua hay planteamientos más que ideológicos, territoriales, y se producen agrupamientos mucho más que por afinidades políticas por el lugar de procedencia. En Castilla-La Mancha PP y PSOE están de acuerdo, y coinciden con el Gobierno de la Región en la defensa del agua. Y vemos al mismo tiempo, como, en Murcia, los socialistas y el PP están también de acuerdo frente a nuestras pretensiones. Eso, lógicamente, tiene una traslación a nivel nacional, pero a mí no me preocupa. Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, no me debo a ningún partido político.

-¿Le está resultando muy complicado mantener sus argumentos sobre la caducidad del Trasvase dentro de su partido?

-Sin duda alguna, puesto que en el tema del agua hay planteamientos más que ideológicos, territoriales, y se producen agrupamientos mucho más que por afinidades políticas por el lugar de procedencia. En Castilla-La Mancha PP y PSOE están de acuerdo, y coinciden con el Gobierno de la Región en la defensa del agua. Y vemos al mismo tiempo, como, en Murcia, los socialistas y el PP están también de acuerdo frente a nuestras pretensiones. Eso, lógicamente, tiene una traslación a nivel nacional, pero a mí no me preocupa. Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, no me debo a ningún partido político.

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jueves, febrero 08, 2007

El Ayuntamiento de Talavera se quejará de forma oficial por la venta de agua del Tajo

El Ayuntamiento de Talavera remitirá un escrito a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para mostrar su «enérgica protesta» por la autorización de vender agua de los regantes de Almoguera (Madrid) a los murcianos.

El concejal de Medio Ambiente, Lorenzo Castellote, dijo ayer que la Junta de Gobierno Local aprobará el documento que se remitirá a la Confederación en su próxima reunión. Precisó que el Ayuntamiento seguirá «al lado» de la Plataforma en Defensa del Tajo, una organización que aglutina a cuarenta colectivos de la ciudad y que se ha opuesto a la venta de agua a los regantes murcianos al tiempo que ha exigido la actuación de la Junta y el Ayuntamiento talaverano «para impedir el expolio del Tajo».

La Plataforma en Defensa del Tajo ha manifestado en nota de prensa su oposición a la autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la venta de agua de los regantes de Almoguera (Madrid), a los murcianos.

El Ministerio ha anunciado que permitirá él «intercambio» de 31 hectómetros cúbicos de agua entre ambas comunidades de regante. Para la Plataforma no se trata de un «intercambio» sino que es «en realidad es una venta pura y dura de un bien de dominio público en tiempos de sequía extrema por unos particulares que se lucran, vendiendo las aguas de un río exhausto al mejor postor».

Según la Plataforma, «uno de los principales efectos, es que no solo se perderán esos 31 hectómetros cúbicos para la cuenca del río Tajo, sino que los retornos del agua de riego tampoco se recuperarán en la cuenca del Tajo, ya que se quedarán en la del Segura, añadiéndose al agua vendida».

Hacen notar que no se ha realizado, previa a la toma de esta determinación, ninguna evaluación previa de los efectos ambientales que la venta de esta importante cantidad de agua tendrá en la cuenca del Tajo en época de sequía, cuenca en la que además sus responsables hacen una gravísima dejación de funciones al no haber realizado estudios para establecer caudales ecológicos que permitan mantener al río vivo, a pesar de estar obligados a ello desde hace nueve años por el Plan de cuenca.

Según Castellote, la postura del Ayuntamiento respecto a la autorización para vender agua del Tajo es la misma que mantiene desde hace dos años y que ya en su momento expresó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

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lunes, febrero 05, 2007

La Confederación del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo no garantiza el agua a 22 nuevos desarrollos urbanísticos de la región. Este organismo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, considera que los proyectos no justifican suficientemente la procedencia de sus recursos hídricos, y por eso a lo largo del último año ha elaborado sucesivos informes en contra. El Gobierno regional replica que la posición del ministerio no condicionará la tramitación de los planes urbanísticos, porque "quien tiene que garantizar el agua es el distribuidor, en este caso el Canal de Isabel II".

La Ley de Aguas establece que, cuando los planes de las comunidades o ayuntamientos comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica "se pronunciará expresamente sobre la existencia o no de recursos suficientes para establecer las demandas". El ministerio sostiene que ese informe debe ser determinante a la hora de aprobar o tumbar un proyecto de urbanización, mientras que la Comunidad de Madrid interpreta que el dictamen es preceptivo, pero no vinculante.

Más, en El País.

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