miércoles, noviembre 30, 2005
Enrique Cabrera duda sobre el cumplimiento de la DMA en la Comunidad Valenciana
¿Son necesarias más infraestructuras hídricas?
ENRIQUE CABRERA - U. POLITÉCNICA DE VALENCIA
Atónito asisto al debate actual del agua centrado de manera exclusiva en cuáles y cuántas infraestructuras hídricas se necesitan para no entorpecer el crecimiento económico de nuestra Comunidad. Debate que, en ocasiones, llega hasta la segunda derivada. Porque cuando todos asumen que una obra es necesaria (el Júcar-Vinalopó) la discusión se traslada al cómo realizarla. De tal manera que para que el debate no decaiga, todos, tirios y troyanos, ponen cuanto está de su parte. Y siempre sobre el mismo tablero, cuando lo que importa discutir es cómo realizar la transición que lleve esta política del subsidio a otra que, en línea con la Directiva Marco del Agua (DMA), repercuta al usuario todos los costes. Sin excepción en el uso urbano y con los matices que otro día expondré en el riego.
Porque ya en el ecuador de los diez años de plazo que la Directiva Marco del Agua (DMA) estableció para que entre en vigor su artículo 9, el que podrá obligar al usuario a asumir todos los costes del agua que consume, su precio apenas si ha cambiado. De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la factura del agua urbana va al compás de la inflación, mientras se mantiene el coste del agua de riego. Tanto que el reciente intento de aumentar un céntimo el metro cúbico del Ministerio de Medio Ambiente ha sido abortado por otro Ministerio, el de Agricultura, que hizo suya la frontal oposición de los regantes al conato.
Se han perdido, pues, cinco de los diez años que la DMA estimó necesarios para pasar de una política subsidiada a otra en la que el usuario asuma todos los costes. Y ello porque, con independencia del credo, el político no está por asumir el desgaste de algo tan impopular como necesario. Probablemente porque el agua es el único maná que cae del cielo, desde siempre el ciudadano ha creído que el Gobierno de turno debe propiciar que llegue a su grifo a un precio simbólico. Sin embargo, los más ignoran que el subsidio fomenta el despilfarro y aumenta la contaminación. La recuperación de costes no es, pues, una maldición de Bruselas a la que algún día los políticos se tendrán que enfrentar. Es, sencillamente, el motor de la eficiencia, la esencia de toda política que quiera recuperar el buen estado ecológico de las aguas continentales y marítimas.
Estudios llevados a cabo en la Unión Europea concluyen que, de media, España subsidia el agua urbana en un 75%. Es decir, de recuperar los costes, se pagaría hasta cuatro veces más por ella, igualándonos con quienes hace una década decidieron hacerlo: los europeos del norte. Porque el recibo no sólo debe incluir, como ahora, costes de explotación y personal. El mantenimiento y la amortización de las infraestructuras del ciclo también deben ser asumidos por el usuario. Desde la presa y el bombeo que, para que el hombre tenga (y contamine) el agua en casa, alteran su camino natural, hasta la depuradora que, previa al vertido al medio receptor le devuelve la calidad perdida. Y sin olvidar etapas intermedias. Canal de derivación, potabilizadora, depósito de regulación, redes de transporte, distribución y drenaje y, en fin, los elementos electromecánicos necesarios. Un conjunto de infraestructuras casi siempre subsidiadas y casi nunca ni mantenidas ni amortizadas.
Con todo conviene subrayar que el principio de recuperación de costes no comporta pagar más. Consiste, simplemente, en un reparto distinto, más justo y eficiente, porque el importe global es el mismo. En efecto, las inversiones las definen los estándares de calidad del servicio prestado y el nivel de conservación del medio natural deseado. Habiendo consenso en ello (la sociedad, desde el respeto al medio ambiente, quiere servicios de calidad) las inversiones están definidas. Falta decidir, pues, el reparto de la factura. Y, al respecto, la DMA es clara: el usuario asumirá todos los costes, y no sólo el 25 % (con el resto a cargo -vía Europa, Estado o autonomía-, de los impuestos generales). Por tanto, con la actual distribución, quienes ahorran agua pagan por quienes no lo hacen. Por ello, erradicar subsidios es educar al ciudadano. Al fin y al cabo se le explica la lección que todo padre enseña a su hijo: el valor de las cosas.
No acaba ahí la lección educativa inherente a la implantación del artículo 9 de la DMA. Obliga también a que las administraciones del agua asuman todas las responsabilidades de lo que gestionan. Porque, al ingresar todos los costes, se contrae la obligación de mantener y reponer las infraestructuras que se explotan, de tal modo que quien gestione un servicio tenga todos los derechos y todos los deberes. Se abre así un proceso descentralizador, en el que la administración exclusivamente inversora pierde su razón de ser, que responsabilizará de los problemas a quien más próximo esté a ellos. Al fin y a la postre, esa es la razón que justifica un estado de las autonomías que nadie discute.
El actual debate está, pues, descentrado. Y por más que, tratando de justificarlo, se nos diga que esta Comunidad usa el agua eficientemente, la realidad es bien otra. Porque ser tuerto en un país de ciegos no equivale a tener buena vista. Y aún cuando puede que necesitemos más infraestructuras, trasvases y desaladoras incluidos, demos prioridad a lo que más importa. Sin ordenar el actual desorden, seguiremos en esta irracional huida hacia delante.
La sociedad ha recibido un legado maravilloso, un medio natural virgen y sin contaminar, que tiende a degradar. La DMA fue concebida para frenar este deterioro y, en la medida de lo posible, revertir la situación. Y ello, sin renunciar al nivel de vida actual, exige implantar el principio de recuperación de costes y aumentar la eficiencia. Con las salvaguardas del caso, será el mejor valedor de los intereses de las generaciones venideras. Urge explicarlo y, con buen tino, implantarlo. Hay mucho en juego. Tanto que el debate actual sólo merece un papel secundario. Otórguesele, pues, el protagonismo a quien corresponde.
Meneame
Del.icio.us
ENRIQUE CABRERA - U. POLITÉCNICA DE VALENCIA
Atónito asisto al debate actual del agua centrado de manera exclusiva en cuáles y cuántas infraestructuras hídricas se necesitan para no entorpecer el crecimiento económico de nuestra Comunidad. Debate que, en ocasiones, llega hasta la segunda derivada. Porque cuando todos asumen que una obra es necesaria (el Júcar-Vinalopó) la discusión se traslada al cómo realizarla. De tal manera que para que el debate no decaiga, todos, tirios y troyanos, ponen cuanto está de su parte. Y siempre sobre el mismo tablero, cuando lo que importa discutir es cómo realizar la transición que lleve esta política del subsidio a otra que, en línea con la Directiva Marco del Agua (DMA), repercuta al usuario todos los costes. Sin excepción en el uso urbano y con los matices que otro día expondré en el riego.
Porque ya en el ecuador de los diez años de plazo que la Directiva Marco del Agua (DMA) estableció para que entre en vigor su artículo 9, el que podrá obligar al usuario a asumir todos los costes del agua que consume, su precio apenas si ha cambiado. De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la factura del agua urbana va al compás de la inflación, mientras se mantiene el coste del agua de riego. Tanto que el reciente intento de aumentar un céntimo el metro cúbico del Ministerio de Medio Ambiente ha sido abortado por otro Ministerio, el de Agricultura, que hizo suya la frontal oposición de los regantes al conato.
Se han perdido, pues, cinco de los diez años que la DMA estimó necesarios para pasar de una política subsidiada a otra en la que el usuario asuma todos los costes. Y ello porque, con independencia del credo, el político no está por asumir el desgaste de algo tan impopular como necesario. Probablemente porque el agua es el único maná que cae del cielo, desde siempre el ciudadano ha creído que el Gobierno de turno debe propiciar que llegue a su grifo a un precio simbólico. Sin embargo, los más ignoran que el subsidio fomenta el despilfarro y aumenta la contaminación. La recuperación de costes no es, pues, una maldición de Bruselas a la que algún día los políticos se tendrán que enfrentar. Es, sencillamente, el motor de la eficiencia, la esencia de toda política que quiera recuperar el buen estado ecológico de las aguas continentales y marítimas.
Estudios llevados a cabo en la Unión Europea concluyen que, de media, España subsidia el agua urbana en un 75%. Es decir, de recuperar los costes, se pagaría hasta cuatro veces más por ella, igualándonos con quienes hace una década decidieron hacerlo: los europeos del norte. Porque el recibo no sólo debe incluir, como ahora, costes de explotación y personal. El mantenimiento y la amortización de las infraestructuras del ciclo también deben ser asumidos por el usuario. Desde la presa y el bombeo que, para que el hombre tenga (y contamine) el agua en casa, alteran su camino natural, hasta la depuradora que, previa al vertido al medio receptor le devuelve la calidad perdida. Y sin olvidar etapas intermedias. Canal de derivación, potabilizadora, depósito de regulación, redes de transporte, distribución y drenaje y, en fin, los elementos electromecánicos necesarios. Un conjunto de infraestructuras casi siempre subsidiadas y casi nunca ni mantenidas ni amortizadas.
Con todo conviene subrayar que el principio de recuperación de costes no comporta pagar más. Consiste, simplemente, en un reparto distinto, más justo y eficiente, porque el importe global es el mismo. En efecto, las inversiones las definen los estándares de calidad del servicio prestado y el nivel de conservación del medio natural deseado. Habiendo consenso en ello (la sociedad, desde el respeto al medio ambiente, quiere servicios de calidad) las inversiones están definidas. Falta decidir, pues, el reparto de la factura. Y, al respecto, la DMA es clara: el usuario asumirá todos los costes, y no sólo el 25 % (con el resto a cargo -vía Europa, Estado o autonomía-, de los impuestos generales). Por tanto, con la actual distribución, quienes ahorran agua pagan por quienes no lo hacen. Por ello, erradicar subsidios es educar al ciudadano. Al fin y al cabo se le explica la lección que todo padre enseña a su hijo: el valor de las cosas.
No acaba ahí la lección educativa inherente a la implantación del artículo 9 de la DMA. Obliga también a que las administraciones del agua asuman todas las responsabilidades de lo que gestionan. Porque, al ingresar todos los costes, se contrae la obligación de mantener y reponer las infraestructuras que se explotan, de tal modo que quien gestione un servicio tenga todos los derechos y todos los deberes. Se abre así un proceso descentralizador, en el que la administración exclusivamente inversora pierde su razón de ser, que responsabilizará de los problemas a quien más próximo esté a ellos. Al fin y a la postre, esa es la razón que justifica un estado de las autonomías que nadie discute.
El actual debate está, pues, descentrado. Y por más que, tratando de justificarlo, se nos diga que esta Comunidad usa el agua eficientemente, la realidad es bien otra. Porque ser tuerto en un país de ciegos no equivale a tener buena vista. Y aún cuando puede que necesitemos más infraestructuras, trasvases y desaladoras incluidos, demos prioridad a lo que más importa. Sin ordenar el actual desorden, seguiremos en esta irracional huida hacia delante.
La sociedad ha recibido un legado maravilloso, un medio natural virgen y sin contaminar, que tiende a degradar. La DMA fue concebida para frenar este deterioro y, en la medida de lo posible, revertir la situación. Y ello, sin renunciar al nivel de vida actual, exige implantar el principio de recuperación de costes y aumentar la eficiencia. Con las salvaguardas del caso, será el mejor valedor de los intereses de las generaciones venideras. Urge explicarlo y, con buen tino, implantarlo. Hay mucho en juego. Tanto que el debate actual sólo merece un papel secundario. Otórguesele, pues, el protagonismo a quien corresponde.
Meneame
Del.icio.us
domingo, noviembre 27, 2005
El Problema del Agua en España
José Santamarta nos brinda un pormenorizado y polémico análisis de la problemática hidráulica española en la edición de Noviembre de la revista World Watch
Artículo Completo
Estas son solo algunas de las perlas:
"Ningún territorio puede “blindar” un río que discurre por varias Comunidades Autónomas, y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca, como pretenden dos de las regiones gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana."
"El PP y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas donde gobierna
(Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid) están utilizando la sequía contra el gobierno, al que no perdonan la derogación del trasvase del Ebro, y sobre todo haber perdido las elecciones y el gobierno."
"El PP de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la piedra filosofal, la seña de identidad que sirve de bandera contra la izquierda y el gobierno: el nacionalismo hidráulico, la demagogia del “agua para todos”, y la reivindicación del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde los embalses vacíos de la cabecera del Tajo(Entrepeñas, y Buendía)."
Sin duda, la polémica está servida.
Meneame
Del.icio.us
viernes, noviembre 25, 2005
Según FENACORE, el consumo agrícola de agua baja del 80% al 67% de todo el caudal utilizado en España
25-11-2005 (Las Provincias)
VICENTE LLADRÓ
El ahorro se debe al esfuerzo modernizador y a que se cuenta mejor lo que gasta el regadío
Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), ha explicado en Valencia que el consumo global de agua en los regadíos de España ha bajado en los últimos años del 80% al 67% de toda el agua consumida en el país. El ahorro se debe a la modernización y a que se contabiliza mejor lo que gasta el campo.
De manera tradicional y reiterada se suele achacar al regadío español el consumo del 80% de toda el agua que se emplea en todos los usos en España, lo que, a menudo, induce a plantear serias dudas sobre posibles derroches.
Sin embargo, el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, ha dicho en Valencia que ese concepto ya está anticuado, porque el consumo global agrícola ha bajado en los últimos años del 80% al 67% de toda el agua utilizada, según los últimos datos oficiales.
Andrés del Campo ha participado en el Fórum Regaber sobre Infraestructuras Hidráulicas de Regadío, que ha reunido en Valencia a miembros de todas las administraciones españolas y autonómicas relacionadas con las políticas del agua y la modernización de regadíos, así como catedráticos y empresas especializadas en la materia. Con esta convocatoria, Regaber, firma líder en riego localizado, pretende fomentar el debate y la reflexión sobre las inversiones en el regadío.
El presidente de Fenacore lamentó que, pese al sustancial ahorro porcentual experimentado, la ministra de Medio Ambiente ‘‘sigue repitiendo aún lo del 80%, cuando está claro que no es cierto’’, lo que, en su opinión, sólo sirve ‘‘para alimentar indirectamente las absurdas críticas fundamentalistas del ecologismo radical, empeñado en demonizar a la agricultura de regadío con acusaciones de presunto despilfarro’’.
Crisis de popularidad
Andrés del Campo explicó que la bajada del 80% al 67% se debe a varias causas: Ahorro en el gasto de agua en los regadíos, gracias al esfuerzo inversor y modernizador de los agricultores y al apoyo de las Administraciones; aumento en los consumos urbanos e industriales, lo que también contribuye a reducir algo el montante relativo de la agricultura, y, por último, una cuestión sumamente llamativa: ‘‘Ahora se contabiliza mejor el agua que realmente consumen muchos regadíos, y es menor de lo que se suponía’’.
Resulta que la contabilización del agua agrícola se ha realizado muchas veces de una forma que los regantes consideran poco adecuada. Como no hay manera de medir con exactitud lo que se desembalsa de los pantanos para riego, del total se descontaban los consumos medidos para abastecimientos urbanos e industriales, y el resto se asignaba al consumo agrícola. Pero ahí entraban también las pérdidas por filtraciones, evaporación y fugas en las canalizaciones, y las comunidades de regantes arrastran una larga polémica con la Administración, reclamando que no se les cobre el canon por caudales que realmente no utilizan.
Meneame
Del.icio.us
VICENTE LLADRÓ
El ahorro se debe al esfuerzo modernizador y a que se cuenta mejor lo que gasta el regadío
Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), ha explicado en Valencia que el consumo global de agua en los regadíos de España ha bajado en los últimos años del 80% al 67% de toda el agua consumida en el país. El ahorro se debe a la modernización y a que se contabiliza mejor lo que gasta el campo.
De manera tradicional y reiterada se suele achacar al regadío español el consumo del 80% de toda el agua que se emplea en todos los usos en España, lo que, a menudo, induce a plantear serias dudas sobre posibles derroches.
Sin embargo, el presidente de los regantes españoles, Andrés del Campo, ha dicho en Valencia que ese concepto ya está anticuado, porque el consumo global agrícola ha bajado en los últimos años del 80% al 67% de toda el agua utilizada, según los últimos datos oficiales.
Andrés del Campo ha participado en el Fórum Regaber sobre Infraestructuras Hidráulicas de Regadío, que ha reunido en Valencia a miembros de todas las administraciones españolas y autonómicas relacionadas con las políticas del agua y la modernización de regadíos, así como catedráticos y empresas especializadas en la materia. Con esta convocatoria, Regaber, firma líder en riego localizado, pretende fomentar el debate y la reflexión sobre las inversiones en el regadío.
El presidente de Fenacore lamentó que, pese al sustancial ahorro porcentual experimentado, la ministra de Medio Ambiente ‘‘sigue repitiendo aún lo del 80%, cuando está claro que no es cierto’’, lo que, en su opinión, sólo sirve ‘‘para alimentar indirectamente las absurdas críticas fundamentalistas del ecologismo radical, empeñado en demonizar a la agricultura de regadío con acusaciones de presunto despilfarro’’.
Crisis de popularidad
Andrés del Campo explicó que la bajada del 80% al 67% se debe a varias causas: Ahorro en el gasto de agua en los regadíos, gracias al esfuerzo inversor y modernizador de los agricultores y al apoyo de las Administraciones; aumento en los consumos urbanos e industriales, lo que también contribuye a reducir algo el montante relativo de la agricultura, y, por último, una cuestión sumamente llamativa: ‘‘Ahora se contabiliza mejor el agua que realmente consumen muchos regadíos, y es menor de lo que se suponía’’.
Resulta que la contabilización del agua agrícola se ha realizado muchas veces de una forma que los regantes consideran poco adecuada. Como no hay manera de medir con exactitud lo que se desembalsa de los pantanos para riego, del total se descontaban los consumos medidos para abastecimientos urbanos e industriales, y el resto se asignaba al consumo agrícola. Pero ahí entraban también las pérdidas por filtraciones, evaporación y fugas en las canalizaciones, y las comunidades de regantes arrastran una larga polémica con la Administración, reclamando que no se les cobre el canon por caudales que realmente no utilizan.
Meneame
Del.icio.us
El déficit energético impide bajar el coste de la desalación
El déficit energético impide bajar el coste de la desalación
25-11-2005 (Diario de Sevilla)
Alternativas al Plan Hidrológico Nacional
Chaves afirma que las nuevas plantas proyectadas por el Gobierno resolverán al cien por cien la falta de agua sin recurrir a trasvases
La primera jornada del V Congreso Nacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización del Agua (AEDyR), que se celebra en Almería, reabrió ayer el debate sobre el déficit hídrico en Andalucía. Las fórmulas planteadas por las administraciones para atajar la escasez de este recurso van desde un trasvase a las zonas deficitarias, aprobado por el anterior Gobierno del PP y derogado luego por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, a la restauración de aguas residuales y desalación, los referentes del programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente. Pero es el coste final del mismo lo que preocupa a consumidores y comunidades de regantes, toda vez que Andalucía fue la cuarta región donde más se encareció el agua en 2002 y son aquéllos quienes deben asumir el mantenimiento de las infraestructuras hidraúlicas.
La apuesta por la desalación de agua de mar ha encontrado, sin embargo, su peor enemigo en la dependencia energética de España, cuyas industrias se ven obligadas a recurrir a la importación cada vez más cara , lo cual impide la reducción de los costes del agua, ya que la energía incide en casi el 50 por ciento de su precio final. Así lo pusieron de manifiesto ayer el presidente del Instituto Andaluz del Agua, Hermelindo Castro, y el de la AEDyR, José Antonio Medina, quienes apostaron por la investigación como fórmula para contrarrestar los costes producidos por la energía, sobre la que la Junta no tiene competencia.
Entre las posibles soluciones se encuentra la implantación de sistemas de reciclaje que devuelvan la salmuera (residuos salinos del agua de mar) a unas turbinas para la producción de nueva energía o el desarrollo de membranas y filtros más eficientes que permitan una reducción del consumo. Castro y Medina abogaron por investigar y perfeccionar éstas y otras técnicas que ya han comenzado a utilizarse logrando reducir los costes de producción y prolongar la vida útil de las instalaciones.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien ofreció el discurso inaugural del cónclave. Éste apuntó la posibilidad que ofrece la tecnología de producir mil metros cúbicos de agua desalada al precio de venta de un litro de agua mineral y, aunque en rueda de prensa posterior reconoció que en Andalucía aún no se ha logrado esta proporción, se mostró convencido de que, como mínimo, el precio de este recurso con la desalación será más reducido que el previsto por el Gobierno del PP en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Chaves aseguró que con las construcción de desaladoras y las actuaciones de reutilización de aguas previstas por el Ejecutivo central se resolverán al cien por cien los problemas de consumo y de demanda sin tener que acudir a la alternativa del trasvase. Por contra, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), que precedió al presidente autonómico en la palabra, reivindicó para la provincia lo previsto por su partido en el PHN. Nos negamos a renunciar a otras aportaciones de agua a las que, por solidaridad, tenemos derecho , dijo.
En la actualidad, aunque la comparación entre lo que se paga por agua desalada con respecto a las soluciones convencionales es todavía favorable a estas últimas, el precio al que se obtiene el recurso convencional es cada vez mayor al del recurso desalado, que va disminuyendo.
La intención del Gobierno central es situar el precio del agua por debajo de lo previsto en el PHN que cifraba en una media de 90 céntimos de euro el metro cúbico trasvasado. Según Narbona, infraestructuras como las desaladoras permitirían abaratar el recurso hasta pagar 40 céntimos por metro cúbico.
Meneame
Del.icio.us
25-11-2005 (Diario de Sevilla)
Alternativas al Plan Hidrológico Nacional
Chaves afirma que las nuevas plantas proyectadas por el Gobierno resolverán al cien por cien la falta de agua sin recurrir a trasvases
La primera jornada del V Congreso Nacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización del Agua (AEDyR), que se celebra en Almería, reabrió ayer el debate sobre el déficit hídrico en Andalucía. Las fórmulas planteadas por las administraciones para atajar la escasez de este recurso van desde un trasvase a las zonas deficitarias, aprobado por el anterior Gobierno del PP y derogado luego por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, a la restauración de aguas residuales y desalación, los referentes del programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente. Pero es el coste final del mismo lo que preocupa a consumidores y comunidades de regantes, toda vez que Andalucía fue la cuarta región donde más se encareció el agua en 2002 y son aquéllos quienes deben asumir el mantenimiento de las infraestructuras hidraúlicas.
La apuesta por la desalación de agua de mar ha encontrado, sin embargo, su peor enemigo en la dependencia energética de España, cuyas industrias se ven obligadas a recurrir a la importación cada vez más cara , lo cual impide la reducción de los costes del agua, ya que la energía incide en casi el 50 por ciento de su precio final. Así lo pusieron de manifiesto ayer el presidente del Instituto Andaluz del Agua, Hermelindo Castro, y el de la AEDyR, José Antonio Medina, quienes apostaron por la investigación como fórmula para contrarrestar los costes producidos por la energía, sobre la que la Junta no tiene competencia.
Entre las posibles soluciones se encuentra la implantación de sistemas de reciclaje que devuelvan la salmuera (residuos salinos del agua de mar) a unas turbinas para la producción de nueva energía o el desarrollo de membranas y filtros más eficientes que permitan una reducción del consumo. Castro y Medina abogaron por investigar y perfeccionar éstas y otras técnicas que ya han comenzado a utilizarse logrando reducir los costes de producción y prolongar la vida útil de las instalaciones.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien ofreció el discurso inaugural del cónclave. Éste apuntó la posibilidad que ofrece la tecnología de producir mil metros cúbicos de agua desalada al precio de venta de un litro de agua mineral y, aunque en rueda de prensa posterior reconoció que en Andalucía aún no se ha logrado esta proporción, se mostró convencido de que, como mínimo, el precio de este recurso con la desalación será más reducido que el previsto por el Gobierno del PP en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Chaves aseguró que con las construcción de desaladoras y las actuaciones de reutilización de aguas previstas por el Ejecutivo central se resolverán al cien por cien los problemas de consumo y de demanda sin tener que acudir a la alternativa del trasvase. Por contra, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP), que precedió al presidente autonómico en la palabra, reivindicó para la provincia lo previsto por su partido en el PHN. Nos negamos a renunciar a otras aportaciones de agua a las que, por solidaridad, tenemos derecho , dijo.
En la actualidad, aunque la comparación entre lo que se paga por agua desalada con respecto a las soluciones convencionales es todavía favorable a estas últimas, el precio al que se obtiene el recurso convencional es cada vez mayor al del recurso desalado, que va disminuyendo.
La intención del Gobierno central es situar el precio del agua por debajo de lo previsto en el PHN que cifraba en una media de 90 céntimos de euro el metro cúbico trasvasado. Según Narbona, infraestructuras como las desaladoras permitirían abaratar el recurso hasta pagar 40 céntimos por metro cúbico.
Meneame
Del.icio.us
jueves, noviembre 24, 2005
La industria papelera se compromete a eliminar el cloro y mejorar sus vertidos
El sector papelero se comprometió hoy a erradicar en cuatro años el uso de cloro molecular (Cl2) en el blanqueo de la pasta Kraft, a adecuar sus vertidos a unos valores límite de emisión de los contaminantes altamente exigentes y a impulsar el uso eficiente del agua, según el acuerdo firmado hoy por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), Juan Vila. El objetivo del acuerdo es establecer un marco de referencia básico para las comunidades autónomas y organismos de cuenca en la determinación de los valores límite de emisión que conviene fijar en la autorización ambiental integrada o autorización de vertido de las aguas residuales originadas en las fábricas de pasta, papel y cartón y vertidas a las aguas continentales y marítimas. Se pretende reducir la contaminación a través de la mejora significativa de la calidad de los vertidos del sector papelero en su conjunto y del consumo de agua utilizado en los procesos de fabricación. El potencial de vertido al mar y a los ríos, sujeto al acuerdo, es del orden de los 90 hectómetros cúbicos (hm3) al año. El sector papelero ha reducido su utilización de agua en un 40 por ciento desde 1990, mientras que la producción ha aumentado un 50 por ciento, indicó el presidente de ASPAPEL en rueda de prensa. En la actualidad la asociación cuenta con 130 plantas en España, que crean 20.000 empleos directos y 90.000 indirectos, y su facturación asciende a 4.100 millones de euros. La ministra de Medio Ambiente señaló que "España necesita una mayor calidad de aguas porque eso significa más agua disponible" y destacó los compromisos importantes del sector papelero de eliminar el cloro y reducir emisiones. "Este sector podrá beneficiarse de los beneficios fiscales por mejoras tecnológicas, dentro de los trabajos que estamos realizando con el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo la reforma fiscal y premiar el esfuerzo adicional al exigido por las normas", indicó Narbona |
Meneame
Del.icio.us
lunes, noviembre 21, 2005
Comunidad Valenciana. El Futuro.
La Comunidad Valenciana necesita agua y energía para afrontar su propio horizonte. El futuro está cargado de incertidumbres y el componente exógeno es decisivo. Respecto al agua, los expertos coinciden en que no se puede hacer una proyección de futuro en base a la evolución de las demandas o de los recursos del pasado. El peso de otros factores, como la crisis energética, será determinante. Dependiendo del precio de la energía se podrán introducir o no en los ciclos de consumo de agua determinados tipos de caudales, como la desalación. También influirá el cambio climático. España está situada en la zona de Europa más vulnerable.
Según los últimos modelos, Manuel Nieto manifiesta que podemos tener unas temperaturas más elevadas, menos precipitaciones y mayor índice de torrencialidad: 'Eso va a modificar la aportación de recursos como también los cambios en el uso del suelo van a modificar la estructura de las demandas; por ejemplo, y en contra de lo que generalmente se cree, el incremento de la cobertura forestal a costa del suelo agrícola provoca una mayor retención del agua en el suelo, lo que en nuestro clima implica un aumento de la evapotranspiración y una disminución de la escorrentía tanto superficial como subterránea, es decir de los recursos disponibles'. Nieto señala que la consideración del agua como un bien en vez de como un recurso es un tema esencial que aún no está internalizado en la planificación hidrológica. Se necesitará por lo tanto más agua para el mantenimiento de los ecosistemas y con toda seguridad para el abastecimiento urbano, y menos para el gran consumidor actual que es la agricultura. 'Eso va a modificar las cifras de los balances hídricos; y en consecuencia, las estrategias en el uso del agua', mantiene.
Meneame
Del.icio.us
Según los últimos modelos, Manuel Nieto manifiesta que podemos tener unas temperaturas más elevadas, menos precipitaciones y mayor índice de torrencialidad: 'Eso va a modificar la aportación de recursos como también los cambios en el uso del suelo van a modificar la estructura de las demandas; por ejemplo, y en contra de lo que generalmente se cree, el incremento de la cobertura forestal a costa del suelo agrícola provoca una mayor retención del agua en el suelo, lo que en nuestro clima implica un aumento de la evapotranspiración y una disminución de la escorrentía tanto superficial como subterránea, es decir de los recursos disponibles'. Nieto señala que la consideración del agua como un bien en vez de como un recurso es un tema esencial que aún no está internalizado en la planificación hidrológica. Se necesitará por lo tanto más agua para el mantenimiento de los ecosistemas y con toda seguridad para el abastecimiento urbano, y menos para el gran consumidor actual que es la agricultura. 'Eso va a modificar las cifras de los balances hídricos; y en consecuencia, las estrategias en el uso del agua', mantiene.
Meneame
Del.icio.us
viernes, noviembre 18, 2005
La Junta alerta del insostenible aumento del consumo de agua
| Por primera vez se reconoce formalmente la amenaza de un colapso de los recursos hídricos Propone planes para prever la demanda y la recuperación integral de todo el Guadalquivir |
| 17-11-2005 (Córdoba) |
Si bien el Plan Hidrológico, de carácter nacional, lo dejó bien claro, y la Consejería de Medio Ambiente lo viene anunciando hace años, nunca un documento tan importante de la Junta como es el avance del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POT) ha reconocido el riesgo que tiene Córdoba y el resto de la comunidad autónoma de sufrir en un futuro no muy lejano un colapso de sus recursos hídricos, si no se toman medidas, por el insostenible ritmo con el que aumenta la demanda de agua. El análisis del POT en el preocupante futuro de la gestión del agua no descubre nada nuevo en algunas cuestiones y a veces reitera propuestas que ya desarrollan otros organismos y administraciones, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al abogar por no ampliar los regadíos si no se supedita a una obtención de recursos vía ahorro y reutilización, o las estrategias de empresas municipales y provinciales de agua de crear sistemas supramunicipales, dos de las recomendaciones más llamativas que hace el POT. También la depuración, completar el ciclo integral del agua o establecer políticas de gestión de la demanda son programas que, con más o menos fortuna, están desarrollando tanto la Junta como otras administraciones y empresas de suministro. TRASCENDENCIA Sin embargo, el POT, y es lo importante, es la gran directriz en la que se basarán en las próximas décadas muchos proyectos de desarrollo, y por lo tanto sus advertencias y sus recomendaciones tienen un peso más que notable. Además, el POT contempla en su programa de actuación 34 proyectos concretos, entre los que se encuentran dos referentes a este capítulo: la redacción de programas agua-territorio para definir la gestión, ahorro y reutilización de los recursos hídricos en las diferentes zonas andaluzas (con un modelo de gestión interanual y objetivos de eficiencia del uso del agua) y otro programa coordinado con la Confederación Hidrográfica para la recuperación integral de todo el río Guadalquivir, desde su nacimiento hasta la desembocadura. Ambos proyectos tienen una estimación económica calculada de tres y un millón de euros, respectivamente. Al respecto, la propuesta de recuperación integral de todo el río Guadalquivir afectaría particularmente a Córdoba. Desde Villa del Río a Palma se identificará para recuperar no sólo los elementos hidrológicos y naturales del cauce, sino también los hitos medioambientales ribereños, históricos, bosques de galería, riqueza piscícola, entorno, y se programarán actividades para su aprovechamiento lúdico, cultural, educativo y turístico. Eso sí, el desarrollo del plan se fija a largo plazo. |
Meneame
Del.icio.us
jueves, noviembre 17, 2005
Questions and answers on the marine environment strategy
The marine environment is indispensable to life itself. Oceans and seas cover 71% of the Earth’s surface and contain 90% of the biosphere. Marine ecosystems play a key role in climate and weather patterns, distribution of solar energy, carbon absorption and provide a number of other essential services. Protecting Europe’s seas effectively will make an essential contribution to our quality of life. The marine environment is also a great contributor to economic prosperity and social well-being.
Today we are witnessing a considerable loss of marine biodiversity in Europe and in other parts of the world due to contamination by dangerous substances, excess nutrients, the impact of commercial fishing or effects of climate change – to name just a few threats. These threats have multiplied in diversity and intensity over the past few years. If not addressed, they will continue to erode marine ecosystems and will put at risk the economic potential of maritime sectors such as fisheries and tourism.
Why is a strategy on the marine environment needed?
The strategy aims to ensure that all EU marine waters are environmentally healthy by 2021, so that people are able to benefit from seas and oceans that are safe, clean and rich in nature. A high level of protection of the marine environment is a precondition to realise the full economic potential of oceans and seas.
The sum of all existing measures and efforts, whether taken at international, EU or national level, is clearly not sufficient to protect Europe’s marine environment.
Apart from the legislation on preventing marine pollution, none of the EU policies affecting the marine environment (fisheries, transport, industry, agriculture, regional development, research, external relations) are specifically designed to protect it. Human activities impacting on the maritime environment have so far been addressed in a sector by sector manner rather than holistically.
The correct implementation of existing EU water protection laws (the urban waste water treatment directive, the nitrates directive, the water framework directive[1]) will have a significant impact upon the input of nutrients and dangerous substances into our regional seas. However, even if stringently implemented or tightened up, existing EU legislation affecting the marine environment would leave significant problems unaddressed. For instance, marine species’ functional characteristics and ecosystem properties would be largely overlooked, although they are the key to a healthy marine environment.
Meneame
Del.icio.us
Today we are witnessing a considerable loss of marine biodiversity in Europe and in other parts of the world due to contamination by dangerous substances, excess nutrients, the impact of commercial fishing or effects of climate change – to name just a few threats. These threats have multiplied in diversity and intensity over the past few years. If not addressed, they will continue to erode marine ecosystems and will put at risk the economic potential of maritime sectors such as fisheries and tourism.
Why is a strategy on the marine environment needed?
The strategy aims to ensure that all EU marine waters are environmentally healthy by 2021, so that people are able to benefit from seas and oceans that are safe, clean and rich in nature. A high level of protection of the marine environment is a precondition to realise the full economic potential of oceans and seas.
The sum of all existing measures and efforts, whether taken at international, EU or national level, is clearly not sufficient to protect Europe’s marine environment.
Apart from the legislation on preventing marine pollution, none of the EU policies affecting the marine environment (fisheries, transport, industry, agriculture, regional development, research, external relations) are specifically designed to protect it. Human activities impacting on the maritime environment have so far been addressed in a sector by sector manner rather than holistically.
The correct implementation of existing EU water protection laws (the urban waste water treatment directive, the nitrates directive, the water framework directive[1]) will have a significant impact upon the input of nutrients and dangerous substances into our regional seas. However, even if stringently implemented or tightened up, existing EU legislation affecting the marine environment would leave significant problems unaddressed. For instance, marine species’ functional characteristics and ecosystem properties would be largely overlooked, although they are the key to a healthy marine environment.
Meneame
Del.icio.us
miércoles, noviembre 16, 2005
La ACA expedienta a 25 hidroeléctricas por incumplir decreto sequía
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha abierto 25 expedientes sancionadores a diversas centrales hidroeléctricas que operan en los ríos Llobregat, Ter y Fluviá, por efectuar derivaciones del cauce hidrológico que incumplen el decreto de sequía.
El director de la ACA, Jaume Solá, ha explicado hoy en rueda de prensa que los expedientes se han incoado por derivar más agua de la permitida por el decreto, dejando el cauce del río demasiado seco, en unos casos, y por embalsar el agua durante la noche para poder "turbinar" (paso del agua para producir electricidad) de día a una potencia superior.
Solá ha destacado que las sanciones a estas hidroeléctricas, tal y como indica el decreto de sequía, será de grado máximo, por lo que cada una oscilará entre los 6.000 y los 30.000 euros.
Las centrales hidroeléctricas a las que se han abierto expedientes sancionadores están ubicadas en los municipios de Bagá, Castellar de N'Hug, Casserres, Guardiola de Berguedá, Manlleu, Orís, Puig-Reig y Vallcebre, todos ellos en la provincia de Barcelona, y en Campdenávol, Camprodon, Llanars, Queralbs, Ripoll, Sant Jaume de Llierca, Sant Vicenc de Torelló, Sant Joan de les Abadesses, en las comarcas de Girona.
Solá, por otro lado, ha dado a conocer el estado de las reservas hídricas de Cataluña después de las lluvias de las últimas semanas, las más abundantes de los últimos años, que han alejado el fantasma de la sequía en buena parte del territorio catalán.
Así, las lluvias del mes de octubre han permitido recuperar los niveles de los embalses de las cuencas internas de Cataluña por encima del 40%. En concreto, las reservas han aumentado en más de 84 millones de metros cúbicos (hectómetros cúbicos) de agua, lo que supone un 12% de media.
En el ámbito del Ter-Llobregat el incremento de reservas también ha sido considerable, de 68 hectómetros cúbicos, aunque aún así se mantiene la situación de excepcionalidad.
El motivo, según ha indicado Solá, es que se trata de una zona que comprende el 70% de la población y el 30% del territorio, lo que hace que la situación sea más "preocupante" o "sensible".
No obstante, las últimas precipitaciones permiten garantizar en este ámbito el consumo de agua durante un mínimo de cuatros meses, en caso de que no llueva más.
Tras el último episodio de lluvias, pues, las reservas de los pantanos en las cuencas internas de Cataluña se sitúan en los 291 hectómetros cúbicos y en el ámbito Ter-Llobregat en 242 hectómetros cúbicos.
Pero a pesar de esta situación de bonanza hidrológica, el director de la ACA ha recordado que un total de 60 poblaciones, en su mayoría de la Cataluña central, siguen en "presunta" situación de emergencia por la sequía, tras haber solicitado las autorizaciones pertinentes para abastecerse con cisternas o captaciones de emergencia.
Solá ha precisado que habla de "presunta" situación de emergencia porque los municipios afectados solicitaron en su día ayuda a la ACA y a día de hoy aún no han comunicado si siguen teniendo problemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico.
Meneame
Del.icio.us
El director de la ACA, Jaume Solá, ha explicado hoy en rueda de prensa que los expedientes se han incoado por derivar más agua de la permitida por el decreto, dejando el cauce del río demasiado seco, en unos casos, y por embalsar el agua durante la noche para poder "turbinar" (paso del agua para producir electricidad) de día a una potencia superior.
Solá ha destacado que las sanciones a estas hidroeléctricas, tal y como indica el decreto de sequía, será de grado máximo, por lo que cada una oscilará entre los 6.000 y los 30.000 euros.
Las centrales hidroeléctricas a las que se han abierto expedientes sancionadores están ubicadas en los municipios de Bagá, Castellar de N'Hug, Casserres, Guardiola de Berguedá, Manlleu, Orís, Puig-Reig y Vallcebre, todos ellos en la provincia de Barcelona, y en Campdenávol, Camprodon, Llanars, Queralbs, Ripoll, Sant Jaume de Llierca, Sant Vicenc de Torelló, Sant Joan de les Abadesses, en las comarcas de Girona.
Solá, por otro lado, ha dado a conocer el estado de las reservas hídricas de Cataluña después de las lluvias de las últimas semanas, las más abundantes de los últimos años, que han alejado el fantasma de la sequía en buena parte del territorio catalán.
Así, las lluvias del mes de octubre han permitido recuperar los niveles de los embalses de las cuencas internas de Cataluña por encima del 40%. En concreto, las reservas han aumentado en más de 84 millones de metros cúbicos (hectómetros cúbicos) de agua, lo que supone un 12% de media.
En el ámbito del Ter-Llobregat el incremento de reservas también ha sido considerable, de 68 hectómetros cúbicos, aunque aún así se mantiene la situación de excepcionalidad.
El motivo, según ha indicado Solá, es que se trata de una zona que comprende el 70% de la población y el 30% del territorio, lo que hace que la situación sea más "preocupante" o "sensible".
No obstante, las últimas precipitaciones permiten garantizar en este ámbito el consumo de agua durante un mínimo de cuatros meses, en caso de que no llueva más.
Tras el último episodio de lluvias, pues, las reservas de los pantanos en las cuencas internas de Cataluña se sitúan en los 291 hectómetros cúbicos y en el ámbito Ter-Llobregat en 242 hectómetros cúbicos.
Pero a pesar de esta situación de bonanza hidrológica, el director de la ACA ha recordado que un total de 60 poblaciones, en su mayoría de la Cataluña central, siguen en "presunta" situación de emergencia por la sequía, tras haber solicitado las autorizaciones pertinentes para abastecerse con cisternas o captaciones de emergencia.
Solá ha precisado que habla de "presunta" situación de emergencia porque los municipios afectados solicitaron en su día ayuda a la ACA y a día de hoy aún no han comunicado si siguen teniendo problemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico.
Meneame
Del.icio.us
La CHN y Augas de Galicia explican la DMA en Lugo
La Confederación Hidrográfica del Norte como el resto de los organismos de cuenca del Ministerio de Medio Ambiente está realizando la transposición de la Directiva Marco de Agua que incluye la denominada 'participación pública'.
Por ese motivo, el jefe de la Oficina de Planificación de CHN, Jesús González Piedra, y la bióloga, Amanda Miranda, compartirán mañana una mesa redonda con el subdirector general de Programación y Proyectos de Augas de Galicia, Francisco Alonso, y el jefe de área de Calidad del Agua de Augas de Galicia, Daniel Romay Díaz en la Escola Politécnica Superior de Lugo.
El objetivo es explicar a los alcaldes de la lucense comarca de Terra Chá los cambios y las consecuencias en la gestión del agua con la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua.
Esta jornada, que coordina la Universidad de Santiago de Compostela, pertenece al proyecto ENMAR (European Network of Municipalities and Rivers) del programa europeo INTERREG III. Este proyecto, integrado por un equipo de trabajo de Suecia, Inglaterra, Alemania, Letonia y de España, intenta analizar las diferencias y similitudes, los problemas y oportunidades de la aplicación de la nueva directiva en materia de agua con la participación activa de las distintas administraciones, especialmente las locales.
Meneame
Del.icio.us
Por ese motivo, el jefe de la Oficina de Planificación de CHN, Jesús González Piedra, y la bióloga, Amanda Miranda, compartirán mañana una mesa redonda con el subdirector general de Programación y Proyectos de Augas de Galicia, Francisco Alonso, y el jefe de área de Calidad del Agua de Augas de Galicia, Daniel Romay Díaz en la Escola Politécnica Superior de Lugo.
El objetivo es explicar a los alcaldes de la lucense comarca de Terra Chá los cambios y las consecuencias en la gestión del agua con la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua.
Esta jornada, que coordina la Universidad de Santiago de Compostela, pertenece al proyecto ENMAR (European Network of Municipalities and Rivers) del programa europeo INTERREG III. Este proyecto, integrado por un equipo de trabajo de Suecia, Inglaterra, Alemania, Letonia y de España, intenta analizar las diferencias y similitudes, los problemas y oportunidades de la aplicación de la nueva directiva en materia de agua con la participación activa de las distintas administraciones, especialmente las locales.
Meneame
Del.icio.us
lunes, noviembre 14, 2005
Aguas del Júcar asegura que la Unión Europea apoya el nuevo trazado del trasvase
 Un agricultor riega unos viñedos en el Vinalopó. |
El consejero delegado de Aguas del Júcar S. A., José Marugán, presenta hoy en el Ministerio de Medio Ambiente la Memoria del “Anteproyecto técnico de conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V para la conducción Júcar-Vinalopó”.
Antes de finalizar noviembre espera remitir el anteproyecto, visado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, para su aprobación definitiva. En diciembre se licitará el concurso del proyecto y obra.
Marugán aseguró estar “convencido” de que las autoridades europeas apoyan el nuevo trazado. “Son conscientes del esfuerzo del Gobierno español para hacer compatible este proyecto con la Directiva Marco del Agua. Esto, según señaló, no estaba nada claro con el trazado antiguo.
Más agua y menos gastos
El Parlamento Europeo ya cuestionó en julio de 2004 que el anterior trazado cumpliera con las exigencias hidrológicas y ambientales estipuladas por Europa, lo que originó la comisión técnica Júcar-Vinalopó, según Marugán. “Resulta muy difícil comprender el rechazo visceral de algunos hacia el nuevo trazado, pues garantiza más agua para el Vinalopó, lo que aliviará la sobreexplotación de sus acuíferos; es más respetuoso con el medio ambiente; y es más beneficioso para los usuarios, ya que el Ministerio se compromete a financiar la obra y los usuarios sólo pagarán el agua cuando la reciban”.
Explicó que las autoridades europeas han aconsejado a los usuarios que lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y consideró que no le parece una estrategia “muy aconsejable rechazar el acuerdo y boicotear la solución”.
Antes de finalizar noviembre espera remitir el anteproyecto, visado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, para su aprobación definitiva. En diciembre se licitará el concurso del proyecto y obra.
Marugán aseguró estar “convencido” de que las autoridades europeas apoyan el nuevo trazado. “Son conscientes del esfuerzo del Gobierno español para hacer compatible este proyecto con la Directiva Marco del Agua. Esto, según señaló, no estaba nada claro con el trazado antiguo.
Más agua y menos gastos
El Parlamento Europeo ya cuestionó en julio de 2004 que el anterior trazado cumpliera con las exigencias hidrológicas y ambientales estipuladas por Europa, lo que originó la comisión técnica Júcar-Vinalopó, según Marugán. “Resulta muy difícil comprender el rechazo visceral de algunos hacia el nuevo trazado, pues garantiza más agua para el Vinalopó, lo que aliviará la sobreexplotación de sus acuíferos; es más respetuoso con el medio ambiente; y es más beneficioso para los usuarios, ya que el Ministerio se compromete a financiar la obra y los usuarios sólo pagarán el agua cuando la reciban”.
Explicó que las autoridades europeas han aconsejado a los usuarios que lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y consideró que no le parece una estrategia “muy aconsejable rechazar el acuerdo y boicotear la solución”.
Meneame
Del.icio.us
viernes, noviembre 11, 2005
La Xunta revisa el Plan Hidroeléctrico y pone en jaque a 71 minicentrales
Suspende 32 concesiones, negocia con otras 22 y tramita 9 expedientes de caducidad
Meneame
Del.icio.us
Medio Ambiente deberá pronunciarse además sobre ocho concesiones recurridas
(Firma: Luis Villamor | Lugar: santiago) El Gobierno gallego suspendió ayer 32 nuevas concesiones de aprovechamiento hidroeléctrico, en trámites de concesión con el cambio de Gobierno, y decidió la revisión del Plan Hidroeléctrico del 2001, lo que ha puesto en jaque a 71 minicentrales. De las 32 suspendidas, 24 eran nuevas y ocho aspiraban a una ampliación de concesión.
La decisión del Consello de la Xunta, según explicó el presidente, Emilio Pérez Touriño, tiene un impacto «moi escaso», porque «non afecta nin tan siquera ao 1% da producción». La iniciativa fue saludada por la Federación Ecoloxista Galega y afecta a la cuenca Galicia-Costa, de titularidad autonómica, concretamente a los ríos Verdugo, Lérez, Umia, al sistema Ulla-Arnego-Deza-Sar, al Eume y al Landro.
La revisión del plan hidroeléctrico implica además que el Gobierno negocia con propietarios de otras 22 minicentrales -que disponen ahora de la concesión en firme- su posible paso a la energía eólica.
En otros nueve casos el Gobierno va a proceder a la tramitación de expedientes de caducidad, que afectan a diferentes concesiones, por no reunir los requisitos necesarios.
Medio Ambiente tendrá además la última palabra sobre ocho concesiones con trámites aprobados en los últimos meses, a los que se han presentado diferentes recursos. La Consellería de Pachi Vázquez procede en estos momentos a la contestación de los recursos y a la realización de un estudio riguroso para analizar la seguridad jurídica de los trámites cuestionados.
La decisión del Gobierno gallego se justifica, según Medio Ambiente, por la necesidad de asegurar un uso racional de los ríos y compatibilizar su potencial hidroeléctrico con la directiva marco del agua, la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.
Meneame
Del.icio.us
Historia de los proyectos de trasvases en España - por Edmundo Fayanás
"La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático."
De la España humeda a la España seca
Historia de los proyectos de trasvases en España
por Edmundo Fayanás
Las primeras solicitudes de trasvases documentadas históricamente corresponden a la región de Murcia y Almería, cuyo régimen de lluvia, siempre ha sido escaso, destacando además por su irregularidad.
Cuando este territorio se encontraba todavía dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, la ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia planteó a Enrique II la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encontraban a más de cincuenta kilómetros de distancia.
En 1420, la villa de Elche decidió gestionar un trasvase con las aguas perennes del Júcar, consiguiéndolo de Villena y Chinchilla que se encontraban en el territorio de Castilla, permitieron pasar por sus territorios las conducciones de agua.
Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traer el agua de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.
El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentin desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros por un terreno muy accidentado.
Otros proyectos que pretendían traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acabaron también en fracaso. A ellos se opusieron no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino el rechazo de los lugares de donde debía salir el agua.
El Antiguo Régimen proyectó la realización de grandes obras hidráulicas, debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comarcales, intentaba la ordenación del territorio, tal y como lo propugnaba el reformismo borbónico.
Este tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacaríamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón, canal de Tauste entre otros, como fracasos muy sonoros, los canales de Murcia y de Guadarrama.
Si en los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado le sobraron utopías y limitaciones técnicas, es verdad, que hubo un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753, los canales del Ebro, y el fracaso del Canal de Murcia. En el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” del reinado de Fernando VII.
Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el reconocimiento hidrológico de España, a partir de la creación en 1865 de las Divisiones Hidrológicas, organismos, que conocerán una serie de vicisitudes, suprimidas en 1870, restablecidas y reajustadas en 1881, nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX pero ya desvirtuadas y convertidas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.
Éstas elaboran el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, año en que se crearon las Confederaciones Sindicales Hidrográficas.
El plan de 1902, fue elaborado con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento de Joaquín Costa. Impulsado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, siendo la respuesta del liberalismo a la grave crisis agraria en que estaba inmerso el país. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo.
El plan de 1902, optó por un planteamiento uniforme, considerando beneficioso cualquier regadío y no utilizando como criterio de transformación del mismo el coste por hectárea. La consecuencia de este hecho fue que se hicieron muchos regadíos interiores, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan tuvo unos resultados poco satisfactorios.
Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1923, se modificó radicalmente la política hidráulica, planteando la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.
La política hidráulica española tiene pues, un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.
Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados obedecen más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentaron solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho plan tiene una perspectiva unitaria, supeditando cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.
Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea fue marginada.
Para lograr esto, se ideó el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para realizar dichos regadíos se necesitaba un volumen de agua de 2.300 hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua se contó con los sobrantes de agua de los ríos valencianos y murcianos, pero se requería aguas de otras cuencas fundamentalmente de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.
Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirmaba su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero este no se hace realidad hasta 1979.
Por Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.
Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionado a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo del 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.
Se argumenta como motivo de su creación, el que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.
La representación de las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de construcción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio, formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.
La gran obra hidráulica del siglo XX fue el trasvase Tajo-Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera pero fue aprobado, en el año 1933, en tiempos de la II República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realizó. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.
El proyecto consiste en un canal de 286 km. de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas-Buendía, llegando al de Alarcón sobre el Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Comisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “ En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.
Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 ha y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha llegado a trasvasar tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.
La experiencia de este trasvase debe servir, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores. Si se estudia su funcionamiento y su historia, veremos los conocimientos suficientes para evitarlos en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el trasvase del Ebro.
El trasvase del Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones pueden generar más desequilibrios y conflictos que los que pretende resolver.
La cesión de los recursos hídricos desde el Tajo no sólo no ha aliviado, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que ha servido para agravar la situación, al transformar un 40% más de ha de tierra que inicialmente se iban a poner en regadío.
El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel cifra en 57.000 ha de regadío las que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada por el trasvase del Tajo.
Esta extensión del regadío, que surge al margen de la ley, y sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.
El crecimiento descontrolado del regadío, al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.
Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, obra de Julia Martínez y Miguel Angel Esteve, señalan que el déficit de la región murciana es por lo menos de 1.000 hm3, en el año 2003 y con una tendencia creciente.
Este trasvase ha tenido un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando fue aprobada y realizada su construcción.
El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propiciando roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si se realiza el trasvase del Ebro aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicitó en el verano del 2004, el doble del caudal previsto en el PHN del PP que traería el trasvase del Ebro.
Por Real Decreto 1821/1985, se integra en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas, modificándose su estructura orgánica. En las Cuencas Hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen en Organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan por ley.
Los Organismos de Cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son conferidos; para adquirir y enajenar los bienes y los derechos que puedan constituir sus propios patrimonios; para contratar y obligarse, para ejercer ante los Tribunales todo genero de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
En el siglo XX, en los años sesenta y setenta, la política económica de España introduce la mecanización y la agroquímica en el campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la emigración hacia los grandes núcleos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegan en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y al crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas económicas y políticas demandan otro plan hidráulico. Así nos encontramos con el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, presentado por el PSOE y el ministro Josep Borrell.
La política hidráulica en vigor mantiene la falsa idea de que la solución del problema del agua en España pasa por enderezar el desequilibrio entre la abundancia de la España húmeda y la escasez de la seca. Por razones técnico-económicas las grandes operaciones de trasvases no se plantean desde la verdadera España húmeda, sino desde cuencas que están sometidas al clima mediterráneo, que son también deficitarias. No se trata de resolver el problema técnico del agua de un territorio naturalmente excedentario a otro deficitario, sino de discutir la conveniencia de utilizar un recurso deficitario en un territorio o en otro.
En España, se acusan cada vez más los efectos de un siglo de políticas de fomento de obras hidráulicas que soslayan sus crecientes costes económicos, ecológicos y sociales. Al alejar el fantasma de la escasez a base de obras públicas y de ofertas promovidas desde el Estado, se incentivan también usos extremadamente consumistas, que acrecientan más todavía el déficit de agua que los nuevos abastecimientos trataban de paliar.
Resulta ingenuo creer, que el trasvase del Ebro pueda resolver los problemas hídricos tan diversos como los planteados en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Estos problemas requieren análisis y políticas más finas, pegadas a las realidades de cada territorio. Así como otro tipo de inversiones más adecuadas a la gestión del agua en cada lugar. Lo que ocurre es que el trasvase, al estar promovido desde el Estado, encubre mejor que la desalación u otras opciones, los verdaderos costes económicos, ecológicos y sociales que conlleva, por eso los beneficiarios lo prefieren a otras soluciones mejores que tendrían que acometer y sufragar directamente, adoptando la máxima “a caballo regalado no le mires el diente”.
El fiasco técnico-económico-ecológico del trasvase del Ebro evidencia el agotamiento que acusa la política de promoción de obras hidráulicas de oferta actualmente en vigor. Este proyecto tenía sentido hace un siglo, cuando empezó a tomar cuerpo esta clase de políticas, con Joaquín Costa a la cabeza. Cuando el Ebro llevaba el doble de caudal y mejor calidad y menos salinidad que ahora. En la medida que el consumo y la contaminación aumentan, disminuyen el caudal y la calidad de las aguas del mismo.
El trasvase del Ebro es una incoherencia y nos recuerda a la melancolía de otros tiempos, lo que unido a la presión de los intereses en juego, intenta prolongar la inercia de una política de obras hidráulicas, revelándose que cada vez más se revelan insostenibles y ajenas a los problemas y a las posibilidades que brinda la gestión del agua en nuestro territorio.
En los inicios del siglo XXI, se está realizando el llamado trasvase Júcar/Vinalopó, teniendo un nivel de ejecución del 45% en el año 2004. Pero están surgiendo serias dudas de si habrá agua suficiente en el río Júcar para ser trasvasada al Vinalopó, sin poner en cuestión el ahora inexistente caudal ecológico en el tramo final del río y la alimentación del Parque Natural de la Albufera.
Según se ha sabido, hay una manipulación de los modelos matemáticos de asignación de recursos, dando prioridad a las demandas urbanas de Alicante sobre las demandas agrícolas de la Ribera, mientras se sostiene lo contrario entre la población afectada y ante las autoridades comunitarias.
La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático.
A ello hay que unir que las extracciones de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental que surten el río Júcar sin cesar de crecer, así como las expectativas de demandas en Castilla la Mancha para usos residenciales y turísticos.
El Banco Europeo de Inversiones en su informe de julio del 2004, establece en 50 hm3 de media anual el caudal que se puede transferir al Vinalopó en los próximos años. Aunque la obra está diseñada y realizada técnicamente para transportar hasta 200 hm3. En dicho informe, se concluye que a largo plazo no hay una recuperación suficiente de los costes de la obra, aspecto este importante, porque va en contra de la Directiva Marco sobre el agua de la Unión Europea.
Es positivo volver a utilizar las diferentes alternativas que existen para llevar agua al Vinalopó, entre ellas la utilización del trasvase Tajo/Segura, el cese de la extracción de agua en los pozos del Alto Vinalopó para las zonas litorales y utilizar en estas zonas agua de desalación.
Debe verificarse las demandas reales en la agricultura del Vinalopó, y en los abastecimientos urbanos de Alicante y Benidorm
Antonio Estevan, Premio Nacional de economía del año 2000 y José Naredo afirman que la esencia del cambio que inspira la directiva marco del agua europea es el tránsito desde una política sectorial extractiva, como puede ser la minería o la pesca, hacía una política de carácter ambiental y luego sectorial. La política del agua va ganando cada vez más una forma territorial, adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas.
En España, la política del agua se ha confundido con la política de obras. Hasta hace poco, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón, el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros.
Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Meneame
Del.icio.us
De la España humeda a la España seca
Historia de los proyectos de trasvases en España
por Edmundo Fayanás
Las primeras solicitudes de trasvases documentadas históricamente corresponden a la región de Murcia y Almería, cuyo régimen de lluvia, siempre ha sido escaso, destacando además por su irregularidad.
Cuando este territorio se encontraba todavía dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, la ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia planteó a Enrique II la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encontraban a más de cincuenta kilómetros de distancia.
En 1420, la villa de Elche decidió gestionar un trasvase con las aguas perennes del Júcar, consiguiéndolo de Villena y Chinchilla que se encontraban en el territorio de Castilla, permitieron pasar por sus territorios las conducciones de agua.
Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traer el agua de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.
El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentin desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros por un terreno muy accidentado.
Otros proyectos que pretendían traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acabaron también en fracaso. A ellos se opusieron no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino el rechazo de los lugares de donde debía salir el agua.
El Antiguo Régimen proyectó la realización de grandes obras hidráulicas, debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comarcales, intentaba la ordenación del territorio, tal y como lo propugnaba el reformismo borbónico.
Este tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacaríamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón, canal de Tauste entre otros, como fracasos muy sonoros, los canales de Murcia y de Guadarrama.
Si en los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado le sobraron utopías y limitaciones técnicas, es verdad, que hubo un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753, los canales del Ebro, y el fracaso del Canal de Murcia. En el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” del reinado de Fernando VII.
Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el reconocimiento hidrológico de España, a partir de la creación en 1865 de las Divisiones Hidrológicas, organismos, que conocerán una serie de vicisitudes, suprimidas en 1870, restablecidas y reajustadas en 1881, nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX pero ya desvirtuadas y convertidas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.
Éstas elaboran el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, año en que se crearon las Confederaciones Sindicales Hidrográficas.
El plan de 1902, fue elaborado con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento de Joaquín Costa. Impulsado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, siendo la respuesta del liberalismo a la grave crisis agraria en que estaba inmerso el país. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo.
El plan de 1902, optó por un planteamiento uniforme, considerando beneficioso cualquier regadío y no utilizando como criterio de transformación del mismo el coste por hectárea. La consecuencia de este hecho fue que se hicieron muchos regadíos interiores, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan tuvo unos resultados poco satisfactorios.
Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1923, se modificó radicalmente la política hidráulica, planteando la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.
La política hidráulica española tiene pues, un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.
Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados obedecen más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentaron solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho plan tiene una perspectiva unitaria, supeditando cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.
Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea fue marginada.
Para lograr esto, se ideó el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para realizar dichos regadíos se necesitaba un volumen de agua de 2.300 hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua se contó con los sobrantes de agua de los ríos valencianos y murcianos, pero se requería aguas de otras cuencas fundamentalmente de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.
Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirmaba su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero este no se hace realidad hasta 1979.
Por Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.
Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionado a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo del 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.
Se argumenta como motivo de su creación, el que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.
La representación de las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de construcción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio, formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.
La gran obra hidráulica del siglo XX fue el trasvase Tajo-Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera pero fue aprobado, en el año 1933, en tiempos de la II República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realizó. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.
El proyecto consiste en un canal de 286 km. de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas-Buendía, llegando al de Alarcón sobre el Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Comisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “ En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.
Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 ha y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha llegado a trasvasar tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.
La experiencia de este trasvase debe servir, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores. Si se estudia su funcionamiento y su historia, veremos los conocimientos suficientes para evitarlos en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el trasvase del Ebro.
El trasvase del Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones pueden generar más desequilibrios y conflictos que los que pretende resolver.
La cesión de los recursos hídricos desde el Tajo no sólo no ha aliviado, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que ha servido para agravar la situación, al transformar un 40% más de ha de tierra que inicialmente se iban a poner en regadío.
El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel cifra en 57.000 ha de regadío las que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada por el trasvase del Tajo.
Esta extensión del regadío, que surge al margen de la ley, y sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.
El crecimiento descontrolado del regadío, al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.
Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, obra de Julia Martínez y Miguel Angel Esteve, señalan que el déficit de la región murciana es por lo menos de 1.000 hm3, en el año 2003 y con una tendencia creciente.
Este trasvase ha tenido un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando fue aprobada y realizada su construcción.
El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propiciando roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si se realiza el trasvase del Ebro aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicitó en el verano del 2004, el doble del caudal previsto en el PHN del PP que traería el trasvase del Ebro.
Por Real Decreto 1821/1985, se integra en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas, modificándose su estructura orgánica. En las Cuencas Hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen en Organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan por ley.
Los Organismos de Cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son conferidos; para adquirir y enajenar los bienes y los derechos que puedan constituir sus propios patrimonios; para contratar y obligarse, para ejercer ante los Tribunales todo genero de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
En el siglo XX, en los años sesenta y setenta, la política económica de España introduce la mecanización y la agroquímica en el campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la emigración hacia los grandes núcleos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegan en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y al crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas económicas y políticas demandan otro plan hidráulico. Así nos encontramos con el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, presentado por el PSOE y el ministro Josep Borrell.
La política hidráulica en vigor mantiene la falsa idea de que la solución del problema del agua en España pasa por enderezar el desequilibrio entre la abundancia de la España húmeda y la escasez de la seca. Por razones técnico-económicas las grandes operaciones de trasvases no se plantean desde la verdadera España húmeda, sino desde cuencas que están sometidas al clima mediterráneo, que son también deficitarias. No se trata de resolver el problema técnico del agua de un territorio naturalmente excedentario a otro deficitario, sino de discutir la conveniencia de utilizar un recurso deficitario en un territorio o en otro.
En España, se acusan cada vez más los efectos de un siglo de políticas de fomento de obras hidráulicas que soslayan sus crecientes costes económicos, ecológicos y sociales. Al alejar el fantasma de la escasez a base de obras públicas y de ofertas promovidas desde el Estado, se incentivan también usos extremadamente consumistas, que acrecientan más todavía el déficit de agua que los nuevos abastecimientos trataban de paliar.
Resulta ingenuo creer, que el trasvase del Ebro pueda resolver los problemas hídricos tan diversos como los planteados en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Estos problemas requieren análisis y políticas más finas, pegadas a las realidades de cada territorio. Así como otro tipo de inversiones más adecuadas a la gestión del agua en cada lugar. Lo que ocurre es que el trasvase, al estar promovido desde el Estado, encubre mejor que la desalación u otras opciones, los verdaderos costes económicos, ecológicos y sociales que conlleva, por eso los beneficiarios lo prefieren a otras soluciones mejores que tendrían que acometer y sufragar directamente, adoptando la máxima “a caballo regalado no le mires el diente”.
El fiasco técnico-económico-ecológico del trasvase del Ebro evidencia el agotamiento que acusa la política de promoción de obras hidráulicas de oferta actualmente en vigor. Este proyecto tenía sentido hace un siglo, cuando empezó a tomar cuerpo esta clase de políticas, con Joaquín Costa a la cabeza. Cuando el Ebro llevaba el doble de caudal y mejor calidad y menos salinidad que ahora. En la medida que el consumo y la contaminación aumentan, disminuyen el caudal y la calidad de las aguas del mismo.
El trasvase del Ebro es una incoherencia y nos recuerda a la melancolía de otros tiempos, lo que unido a la presión de los intereses en juego, intenta prolongar la inercia de una política de obras hidráulicas, revelándose que cada vez más se revelan insostenibles y ajenas a los problemas y a las posibilidades que brinda la gestión del agua en nuestro territorio.
En los inicios del siglo XXI, se está realizando el llamado trasvase Júcar/Vinalopó, teniendo un nivel de ejecución del 45% en el año 2004. Pero están surgiendo serias dudas de si habrá agua suficiente en el río Júcar para ser trasvasada al Vinalopó, sin poner en cuestión el ahora inexistente caudal ecológico en el tramo final del río y la alimentación del Parque Natural de la Albufera.
Según se ha sabido, hay una manipulación de los modelos matemáticos de asignación de recursos, dando prioridad a las demandas urbanas de Alicante sobre las demandas agrícolas de la Ribera, mientras se sostiene lo contrario entre la población afectada y ante las autoridades comunitarias.
La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático.
A ello hay que unir que las extracciones de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental que surten el río Júcar sin cesar de crecer, así como las expectativas de demandas en Castilla la Mancha para usos residenciales y turísticos.
El Banco Europeo de Inversiones en su informe de julio del 2004, establece en 50 hm3 de media anual el caudal que se puede transferir al Vinalopó en los próximos años. Aunque la obra está diseñada y realizada técnicamente para transportar hasta 200 hm3. En dicho informe, se concluye que a largo plazo no hay una recuperación suficiente de los costes de la obra, aspecto este importante, porque va en contra de la Directiva Marco sobre el agua de la Unión Europea.
Es positivo volver a utilizar las diferentes alternativas que existen para llevar agua al Vinalopó, entre ellas la utilización del trasvase Tajo/Segura, el cese de la extracción de agua en los pozos del Alto Vinalopó para las zonas litorales y utilizar en estas zonas agua de desalación.
Debe verificarse las demandas reales en la agricultura del Vinalopó, y en los abastecimientos urbanos de Alicante y Benidorm
Antonio Estevan, Premio Nacional de economía del año 2000 y José Naredo afirman que la esencia del cambio que inspira la directiva marco del agua europea es el tránsito desde una política sectorial extractiva, como puede ser la minería o la pesca, hacía una política de carácter ambiental y luego sectorial. La política del agua va ganando cada vez más una forma territorial, adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas.
En España, la política del agua se ha confundido con la política de obras. Hasta hace poco, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón, el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros.
Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Meneame
Del.icio.us
Historia de los proyectos de trasvases en España - por Edmundo Fayanás
"La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático."
De la España humeda a la España seca
Historia de los proyectos de trasvases en España
por Edmundo Fayanás
Las primeras solicitudes de trasvases documentadas históricamente corresponden a la región de Murcia y Almería, cuyo régimen de lluvia, siempre ha sido escaso, destacando además por su irregularidad.
Cuando este territorio se encontraba todavía dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, la ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia planteó a Enrique II la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encontraban a más de cincuenta kilómetros de distancia.
En 1420, la villa de Elche decidió gestionar un trasvase con las aguas perennes del Júcar, consiguiéndolo de Villena y Chinchilla que se encontraban en el territorio de Castilla, permitieron pasar por sus territorios las conducciones de agua.
Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traer el agua de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.
El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentin desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros por un terreno muy accidentado.
Otros proyectos que pretendían traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acabaron también en fracaso. A ellos se opusieron no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino el rechazo de los lugares de donde debía salir el agua.
El Antiguo Régimen proyectó la realización de grandes obras hidráulicas, debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comarcales, intentaba la ordenación del territorio, tal y como lo propugnaba el reformismo borbónico.
Este tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacaríamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón, canal de Tauste entre otros, como fracasos muy sonoros, los canales de Murcia y de Guadarrama.
Si en los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado le sobraron utopías y limitaciones técnicas, es verdad, que hubo un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753, los canales del Ebro, y el fracaso del Canal de Murcia. En el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” del reinado de Fernando VII.
Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el reconocimiento hidrológico de España, a partir de la creación en 1865 de las Divisiones Hidrológicas, organismos, que conocerán una serie de vicisitudes, suprimidas en 1870, restablecidas y reajustadas en 1881, nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX pero ya desvirtuadas y convertidas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.
Éstas elaboran el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, año en que se crearon las Confederaciones Sindicales Hidrográficas.
El plan de 1902, fue elaborado con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento de Joaquín Costa. Impulsado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, siendo la respuesta del liberalismo a la grave crisis agraria en que estaba inmerso el país. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo.
El plan de 1902, optó por un planteamiento uniforme, considerando beneficioso cualquier regadío y no utilizando como criterio de transformación del mismo el coste por hectárea. La consecuencia de este hecho fue que se hicieron muchos regadíos interiores, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan tuvo unos resultados poco satisfactorios.
Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1923, se modificó radicalmente la política hidráulica, planteando la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.
La política hidráulica española tiene pues, un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.
Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados obedecen más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentaron solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho plan tiene una perspectiva unitaria, supeditando cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.
Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea fue marginada.
Para lograr esto, se ideó el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para realizar dichos regadíos se necesitaba un volumen de agua de 2.300 hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua se contó con los sobrantes de agua de los ríos valencianos y murcianos, pero se requería aguas de otras cuencas fundamentalmente de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.
Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirmaba su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero este no se hace realidad hasta 1979.
Por Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.
Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionado a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo del 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.
Se argumenta como motivo de su creación, el que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.
La representación de las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de construcción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio, formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.
La gran obra hidráulica del siglo XX fue el trasvase Tajo-Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera pero fue aprobado, en el año 1933, en tiempos de la II República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realizó. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.
El proyecto consiste en un canal de 286 km. de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas-Buendía, llegando al de Alarcón sobre el Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Comisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “ En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.
Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 ha y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha llegado a trasvasar tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.
La experiencia de este trasvase debe servir, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores. Si se estudia su funcionamiento y su historia, veremos los conocimientos suficientes para evitarlos en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el trasvase del Ebro.
El trasvase del Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones pueden generar más desequilibrios y conflictos que los que pretende resolver.
La cesión de los recursos hídricos desde el Tajo no sólo no ha aliviado, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que ha servido para agravar la situación, al transformar un 40% más de ha de tierra que inicialmente se iban a poner en regadío.
El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel cifra en 57.000 ha de regadío las que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada por el trasvase del Tajo.
Esta extensión del regadío, que surge al margen de la ley, y sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.
El crecimiento descontrolado del regadío, al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.
Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, obra de Julia Martínez y Miguel Angel Esteve, señalan que el déficit de la región murciana es por lo menos de 1.000 hm3, en el año 2003 y con una tendencia creciente.
Este trasvase ha tenido un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando fue aprobada y realizada su construcción.
El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propiciando roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si se realiza el trasvase del Ebro aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicitó en el verano del 2004, el doble del caudal previsto en el PHN del PP que traería el trasvase del Ebro.
Por Real Decreto 1821/1985, se integra en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas, modificándose su estructura orgánica. En las Cuencas Hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen en Organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan por ley.
Los Organismos de Cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son conferidos; para adquirir y enajenar los bienes y los derechos que puedan constituir sus propios patrimonios; para contratar y obligarse, para ejercer ante los Tribunales todo genero de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
En el siglo XX, en los años sesenta y setenta, la política económica de España introduce la mecanización y la agroquímica en el campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la emigración hacia los grandes núcleos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegan en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y al crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas económicas y políticas demandan otro plan hidráulico. Así nos encontramos con el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, presentado por el PSOE y el ministro Josep Borrell.
La política hidráulica en vigor mantiene la falsa idea de que la solución del problema del agua en España pasa por enderezar el desequilibrio entre la abundancia de la España húmeda y la escasez de la seca. Por razones técnico-económicas las grandes operaciones de trasvases no se plantean desde la verdadera España húmeda, sino desde cuencas que están sometidas al clima mediterráneo, que son también deficitarias. No se trata de resolver el problema técnico del agua de un territorio naturalmente excedentario a otro deficitario, sino de discutir la conveniencia de utilizar un recurso deficitario en un territorio o en otro.
En España, se acusan cada vez más los efectos de un siglo de políticas de fomento de obras hidráulicas que soslayan sus crecientes costes económicos, ecológicos y sociales. Al alejar el fantasma de la escasez a base de obras públicas y de ofertas promovidas desde el Estado, se incentivan también usos extremadamente consumistas, que acrecientan más todavía el déficit de agua que los nuevos abastecimientos trataban de paliar.
Resulta ingenuo creer, que el trasvase del Ebro pueda resolver los problemas hídricos tan diversos como los planteados en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Estos problemas requieren análisis y políticas más finas, pegadas a las realidades de cada territorio. Así como otro tipo de inversiones más adecuadas a la gestión del agua en cada lugar. Lo que ocurre es que el trasvase, al estar promovido desde el Estado, encubre mejor que la desalación u otras opciones, los verdaderos costes económicos, ecológicos y sociales que conlleva, por eso los beneficiarios lo prefieren a otras soluciones mejores que tendrían que acometer y sufragar directamente, adoptando la máxima “a caballo regalado no le mires el diente”.
El fiasco técnico-económico-ecológico del trasvase del Ebro evidencia el agotamiento que acusa la política de promoción de obras hidráulicas de oferta actualmente en vigor. Este proyecto tenía sentido hace un siglo, cuando empezó a tomar cuerpo esta clase de políticas, con Joaquín Costa a la cabeza. Cuando el Ebro llevaba el doble de caudal y mejor calidad y menos salinidad que ahora. En la medida que el consumo y la contaminación aumentan, disminuyen el caudal y la calidad de las aguas del mismo.
El trasvase del Ebro es una incoherencia y nos recuerda a la melancolía de otros tiempos, lo que unido a la presión de los intereses en juego, intenta prolongar la inercia de una política de obras hidráulicas, revelándose que cada vez más se revelan insostenibles y ajenas a los problemas y a las posibilidades que brinda la gestión del agua en nuestro territorio.
En los inicios del siglo XXI, se está realizando el llamado trasvase Júcar/Vinalopó, teniendo un nivel de ejecución del 45% en el año 2004. Pero están surgiendo serias dudas de si habrá agua suficiente en el río Júcar para ser trasvasada al Vinalopó, sin poner en cuestión el ahora inexistente caudal ecológico en el tramo final del río y la alimentación del Parque Natural de la Albufera.
Según se ha sabido, hay una manipulación de los modelos matemáticos de asignación de recursos, dando prioridad a las demandas urbanas de Alicante sobre las demandas agrícolas de la Ribera, mientras se sostiene lo contrario entre la población afectada y ante las autoridades comunitarias.
La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático.
A ello hay que unir que las extracciones de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental que surten el río Júcar sin cesar de crecer, así como las expectativas de demandas en Castilla la Mancha para usos residenciales y turísticos.
El Banco Europeo de Inversiones en su informe de julio del 2004, establece en 50 hm3 de media anual el caudal que se puede transferir al Vinalopó en los próximos años. Aunque la obra está diseñada y realizada técnicamente para transportar hasta 200 hm3. En dicho informe, se concluye que a largo plazo no hay una recuperación suficiente de los costes de la obra, aspecto este importante, porque va en contra de la Directiva Marco sobre el agua de la Unión Europea.
Es positivo volver a utilizar las diferentes alternativas que existen para llevar agua al Vinalopó, entre ellas la utilización del trasvase Tajo/Segura, el cese de la extracción de agua en los pozos del Alto Vinalopó para las zonas litorales y utilizar en estas zonas agua de desalación.
Debe verificarse las demandas reales en la agricultura del Vinalopó, y en los abastecimientos urbanos de Alicante y Benidorm
Antonio Estevan, Premio Nacional de economía del año 2000 y José Naredo afirman que la esencia del cambio que inspira la directiva marco del agua europea es el tránsito desde una política sectorial extractiva, como puede ser la minería o la pesca, hacía una política de carácter ambiental y luego sectorial. La política del agua va ganando cada vez más una forma territorial, adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas.
En España, la política del agua se ha confundido con la política de obras. Hasta hace poco, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón, el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros.
Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Meneame
Del.icio.us
De la España humeda a la España seca
Historia de los proyectos de trasvases en España
por Edmundo Fayanás
Las primeras solicitudes de trasvases documentadas históricamente corresponden a la región de Murcia y Almería, cuyo régimen de lluvia, siempre ha sido escaso, destacando además por su irregularidad.
Cuando este territorio se encontraba todavía dividido entre la Corona de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, la ciudad de Lorca, llave del reino de Murcia planteó a Enrique II la necesidad de traer agua para sus regadíos, provenientes de las fuentes de Archivel o Caravaca, que se encontraban a más de cincuenta kilómetros de distancia.
En 1420, la villa de Elche decidió gestionar un trasvase con las aguas perennes del Júcar, consiguiéndolo de Villena y Chinchilla que se encontraban en el territorio de Castilla, permitieron pasar por sus territorios las conducciones de agua.
Los siglos XVI y XVII son muy importantes a nivel de la política hidráulica, debido fundamentalmente a la construcción de embalses para el riego en los Reinos de Valencia y Murcia. Las reservas en ríos/ramblas y barrancos del sudeste peninsular no terminan de solucionar los problemas de agua ya que tienen una función reguladora muy escasa por las pocas precipitaciones. Por eso, se plantea traer el agua de fuera, como solución a sus problemas agrícolas.
El fracaso de la ciudad de Lorca para el aprovechamiento de las fuentes de Caravaca, está en el origen de hacer un gran trasvase al Alto del Guadalentin desde las cabeceras de los ríos Castril y Guardal, mediante un canal de trescientos kilómetros por un terreno muy accidentado.
Otros proyectos que pretendían traer agua al regadío de Elche desde Villena, del río Júcar, del Ebro y hasta de las lagunas de Ruidera acabaron también en fracaso. A ellos se opusieron no sólo las dificultades técnicas y económicas del momento, sino el rechazo de los lugares de donde debía salir el agua.
El Antiguo Régimen proyectó la realización de grandes obras hidráulicas, debido a la política estatal que superando las ambiciones locales o comarcales, intentaba la ordenación del territorio, tal y como lo propugnaba el reformismo borbónico.
Este tuvo grandes éxitos y muchos fracasos. Dentro de los primeros, destacaríamos los canales de Campos de Castilla, prolongación del Canal Imperial de Aragón, canal de Tauste entre otros, como fracasos muy sonoros, los canales de Murcia y de Guadarrama.
Si en los ambiciosos proyectos hidráulicos del reformismo ilustrado le sobraron utopías y limitaciones técnicas, es verdad, que hubo un intento serio de modernización del país, con una clara anticipación del futuro. Los inicios de la política hidráulica española tienen como referencia el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego para los Reinos de Castilla y León de 1753, los canales del Ebro, y el fracaso del Canal de Murcia. En el siglo XIX, la propuesta de ley sobre Caminos y Canales del Reino, del año 1820, en el denominado “trienio liberal” del reinado de Fernando VII.
Hay una gran labor legisladora sobre planificación hidráulica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se produce un avance muy significativo en el reconocimiento hidrológico de España, a partir de la creación en 1865 de las Divisiones Hidrológicas, organismos, que conocerán una serie de vicisitudes, suprimidas en 1870, restablecidas y reajustadas en 1881, nuevamente abolidas en 1891, reapareciendo en los inicios del siglo XX pero ya desvirtuadas y convertidas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos.
Éstas elaboran el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, año en que se crearon las Confederaciones Sindicales Hidrográficas.
El plan de 1902, fue elaborado con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento de Joaquín Costa. Impulsado por el ministro de Fomento, Rafael Gasset, siendo la respuesta del liberalismo a la grave crisis agraria en que estaba inmerso el país. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo.
El plan de 1902, optó por un planteamiento uniforme, considerando beneficioso cualquier regadío y no utilizando como criterio de transformación del mismo el coste por hectárea. La consecuencia de este hecho fue que se hicieron muchos regadíos interiores, en detrimento de los mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan tuvo unos resultados poco satisfactorios.
Con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, en 1923, se modificó radicalmente la política hidráulica, planteando la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como son las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada.
La política hidráulica española tiene pues, un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.
Manuel Lorenzo Pardo dice, en 1934, que los resultados obedecen más a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que se intentaron solucionar con el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho plan tiene una perspectiva unitaria, supeditando cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.
Dicho Plan tiene como finalidad corregir dos problemas básicos: en primer lugar solucionar los desequilibrios hídricos entre la vertiente atlántica y la mediterránea y en segundo lugar, subsanar el desequilibrio resultante del Plan de 1902, donde la cuenca mediterránea fue marginada.
Para lograr esto, se ideó el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha. en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca. Para realizar dichos regadíos se necesitaba un volumen de agua de 2.300 hm3 anuales. Para conseguir este caudal de agua se contó con los sobrantes de agua de los ríos valencianos y murcianos, pero se requería aguas de otras cuencas fundamentalmente de las cabeceras de los ríos Guadiana y sobre todo del Tajo.
Manuel Lorenzo Pardo considera prioritario apoyar las comarcas agrícolas exportadoras, con lo que se reafirmaba su apuesta por la zona mediterránea. El trasvase Tajo/Segura es la principal obra a realizar para la corrección del desequilibrio hidrográfico que preconiza el Iº Plan Nacional de Obras Hidráulicas, pero este no se hace realidad hasta 1979.
Por Real Decreto, de cinco de marzo de 1926, se publica en la Gaceta de Madrid (número 65) el nacimiento de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas para el aprovechamiento de aguas.
Su formación por cuencas hidrográficas queda condicionado a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo del 70% de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.
Se argumenta como motivo de su creación, el que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.
La representación de las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos (uno de construcción y otro de explotación). La Asamblea está presidida por un Delegado Regio, formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Banca y Junta Central de Colonización.
La gran obra hidráulica del siglo XX fue el trasvase Tajo-Segura. Es diseñado durante la dictadura del general Primo de Rivera pero fue aprobado, en el año 1933, en tiempos de la II República a propuesta del ministro de Fomento, el socialista Indalecio Prieto. Debido a la guerra civil no se realizó. Es durante la dictadura del general Franco cuando se llevó a cabo dicho proyecto, siendo inaugurado en 1979.
El proyecto consiste en un canal de 286 km. de longitud, con una capacidad de 33 m3 por segundo, que arranca del embalse de Bolarque en el Tajo, aguas abajo de los de Entrepeñas-Buendía, llegando al de Alarcón sobre el Júcar, y desde allí al embalse de Talave en el río Mundo, principal afluente del Segura.
Las aportaciones de este trasvase han posibilitado una agricultura altamente productiva, pero no ha impedido el consumo por encima de los recursos hídricos disponibles, ni el agotamiento progresivo de embalses y aguas subterráneas de la región murciana. Es esclarecedora la opinión del Comisario del Segura, Miguel Aldeguer, cuando dice: “ En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado en los últimos diez años de forma escandalosa por las urbanizaciones y el aumento de los regadíos”.
Este trasvase afecta a siete comunidades: Aragón, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía.
Tiene como objetivo la transferencia de 1.000 hm3 anuales, de ellos 640 con destino a riegos, transformándose unas 90.000 ha y mejorando otras 47.000 ha. La realidad es que nunca se ha llegado a trasvasar tal cantidad de agua, sirva como ejemplo, que en el año 1992, se trasvasó solamente 185 hm3 y en 1993, unos 115 hm3.
La experiencia de este trasvase debe servir, tras un cuarto de siglo de funcionamiento para no volver a cometer los mismos errores. Si se estudia su funcionamiento y su historia, veremos los conocimientos suficientes para evitarlos en los nuevos Planes Hidrológicos Nacionales que vayan surgiendo, y darnos cuenta de la inviabilidad de proyectos como el trasvase del Ebro.
El trasvase del Tajo/Segura pone de manifiesto que estas operaciones pueden generar más desequilibrios y conflictos que los que pretende resolver.
La cesión de los recursos hídricos desde el Tajo no sólo no ha aliviado, en estos años la falta de agua de zonas de Murcia y el sur de Alicante, sino que ha servido para agravar la situación, al transformar un 40% más de ha de tierra que inicialmente se iban a poner en regadío.
El profesor de la Universidad de Murcia, Francisco Calvo García-Tornel cifra en 57.000 ha de regadío las que se han transformado de forma ilegal en los últimos treinta años en la cuenca del Segura, ante la expectativa generada por el trasvase del Tajo.
Esta extensión del regadío, que surge al margen de la ley, y sin ninguna garantía de suministro hídrico, pasa de esa forma a engrosar el déficit de agua de la zona y a colaborar en la sobreexplotación de los acuíferos.
El crecimiento descontrolado del regadío, al calor de la oferta de agua, junto a la especulación urbanística, con un modelo masificado e insostenible en el tiempo, ha agudizado la escasez en los últimos años de los recursos hídricos en la cuenca del Segura.
Un estudio del departamento de Ecología e Hidrogeología de la universidad de Murcia, obra de Julia Martínez y Miguel Angel Esteve, señalan que el déficit de la región murciana es por lo menos de 1.000 hm3, en el año 2003 y con una tendencia creciente.
Este trasvase ha tenido un fuerte coste social, de incomprensión y permanente incertidumbre, por el autoritarismo y la imposición imperantes en los años de la dictadura franquista cuando fue aprobada y realizada su construcción.
El trasvase consigue disparar la demanda y el mercado negro del agua, propiciando roturaciones salvajes de montes para regadíos ilegales, así como secar los acuíferos subterráneos. Es de prever que si se realiza el trasvase del Ebro aumenten los problemas de agua en el Levante. Sirva como ejemplo, que la cuenca del Segura solicitó en el verano del 2004, el doble del caudal previsto en el PHN del PP que traería el trasvase del Ebro.
Por Real Decreto 1821/1985, se integra en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas, modificándose su estructura orgánica. En las Cuencas Hidrográficas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen en Organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan por ley.
Los Organismos de Cuenca disponen de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les son conferidos; para adquirir y enajenar los bienes y los derechos que puedan constituir sus propios patrimonios; para contratar y obligarse, para ejercer ante los Tribunales todo genero de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
En el siglo XX, en los años sesenta y setenta, la política económica de España introduce la mecanización y la agroquímica en el campo, contribuyendo notablemente al abandono progresivo del mundo rural y a la emigración hacia los grandes núcleos urbanos. Las infraestructuras hidráulicas llegan en años posteriores a ser insuficientes ante el incremento de las zonas regables, de la expansión turística en la costa mediterránea y al crecimiento de las áreas metropolitanas. Las fuerzas económicas y políticas demandan otro plan hidráulico. Así nos encontramos con el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, presentado por el PSOE y el ministro Josep Borrell.
La política hidráulica en vigor mantiene la falsa idea de que la solución del problema del agua en España pasa por enderezar el desequilibrio entre la abundancia de la España húmeda y la escasez de la seca. Por razones técnico-económicas las grandes operaciones de trasvases no se plantean desde la verdadera España húmeda, sino desde cuencas que están sometidas al clima mediterráneo, que son también deficitarias. No se trata de resolver el problema técnico del agua de un territorio naturalmente excedentario a otro deficitario, sino de discutir la conveniencia de utilizar un recurso deficitario en un territorio o en otro.
En España, se acusan cada vez más los efectos de un siglo de políticas de fomento de obras hidráulicas que soslayan sus crecientes costes económicos, ecológicos y sociales. Al alejar el fantasma de la escasez a base de obras públicas y de ofertas promovidas desde el Estado, se incentivan también usos extremadamente consumistas, que acrecientan más todavía el déficit de agua que los nuevos abastecimientos trataban de paliar.
Resulta ingenuo creer, que el trasvase del Ebro pueda resolver los problemas hídricos tan diversos como los planteados en Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Estos problemas requieren análisis y políticas más finas, pegadas a las realidades de cada territorio. Así como otro tipo de inversiones más adecuadas a la gestión del agua en cada lugar. Lo que ocurre es que el trasvase, al estar promovido desde el Estado, encubre mejor que la desalación u otras opciones, los verdaderos costes económicos, ecológicos y sociales que conlleva, por eso los beneficiarios lo prefieren a otras soluciones mejores que tendrían que acometer y sufragar directamente, adoptando la máxima “a caballo regalado no le mires el diente”.
El fiasco técnico-económico-ecológico del trasvase del Ebro evidencia el agotamiento que acusa la política de promoción de obras hidráulicas de oferta actualmente en vigor. Este proyecto tenía sentido hace un siglo, cuando empezó a tomar cuerpo esta clase de políticas, con Joaquín Costa a la cabeza. Cuando el Ebro llevaba el doble de caudal y mejor calidad y menos salinidad que ahora. En la medida que el consumo y la contaminación aumentan, disminuyen el caudal y la calidad de las aguas del mismo.
El trasvase del Ebro es una incoherencia y nos recuerda a la melancolía de otros tiempos, lo que unido a la presión de los intereses en juego, intenta prolongar la inercia de una política de obras hidráulicas, revelándose que cada vez más se revelan insostenibles y ajenas a los problemas y a las posibilidades que brinda la gestión del agua en nuestro territorio.
En los inicios del siglo XXI, se está realizando el llamado trasvase Júcar/Vinalopó, teniendo un nivel de ejecución del 45% en el año 2004. Pero están surgiendo serias dudas de si habrá agua suficiente en el río Júcar para ser trasvasada al Vinalopó, sin poner en cuestión el ahora inexistente caudal ecológico en el tramo final del río y la alimentación del Parque Natural de la Albufera.
Según se ha sabido, hay una manipulación de los modelos matemáticos de asignación de recursos, dando prioridad a las demandas urbanas de Alicante sobre las demandas agrícolas de la Ribera, mientras se sostiene lo contrario entre la población afectada y ante las autoridades comunitarias.
La Agencia Europea del Medio Ambiente en un reciente informe hecho público, dice que el caudal de los ríos mediterráneos de la península Ibérica descenderá en un 50% en los próximos setenta años, debido al cambio climático.
A ello hay que unir que las extracciones de agua en los acuíferos de la Mancha Oriental que surten el río Júcar sin cesar de crecer, así como las expectativas de demandas en Castilla la Mancha para usos residenciales y turísticos.
El Banco Europeo de Inversiones en su informe de julio del 2004, establece en 50 hm3 de media anual el caudal que se puede transferir al Vinalopó en los próximos años. Aunque la obra está diseñada y realizada técnicamente para transportar hasta 200 hm3. En dicho informe, se concluye que a largo plazo no hay una recuperación suficiente de los costes de la obra, aspecto este importante, porque va en contra de la Directiva Marco sobre el agua de la Unión Europea.
Es positivo volver a utilizar las diferentes alternativas que existen para llevar agua al Vinalopó, entre ellas la utilización del trasvase Tajo/Segura, el cese de la extracción de agua en los pozos del Alto Vinalopó para las zonas litorales y utilizar en estas zonas agua de desalación.
Debe verificarse las demandas reales en la agricultura del Vinalopó, y en los abastecimientos urbanos de Alicante y Benidorm
Antonio Estevan, Premio Nacional de economía del año 2000 y José Naredo afirman que la esencia del cambio que inspira la directiva marco del agua europea es el tránsito desde una política sectorial extractiva, como puede ser la minería o la pesca, hacía una política de carácter ambiental y luego sectorial. La política del agua va ganando cada vez más una forma territorial, adquiriendo la transversalidad propia de este tipo de políticas.
En España, la política del agua se ha confundido con la política de obras. Hasta hace poco, la Dirección General de Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma razón, el 75% de los funcionarios superiores y medios del Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros.
Edmundo Fayanás Escuer. Pamplona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Meneame
Del.icio.us
jueves, noviembre 10, 2005
El PP anuncia su «oposición radical» a la subida del agua que aplicará la Junta
SEVILLA. El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer la «oposición radical» que realizará el PP a la decisión del Gobierno andaluz de incrementar el precio del agua en 0,2 euros por metro cúbico. E indicó que la medida supondrá más «fiscalidad» en su conjunto para las tasas e impuestos que tienen que asumir los andaluces.
Arenas se mostró convencido de que esta decisión es consecuencia de que finalmente no se vaya a llevar a cabo el trasvase del Ebro, que hubiera supuesto que el precio medio del agua fuera de 0,33 euros de media, mientras que, según auguró, con la medida de laJunta puede llegar a 0,90 euros y, en algunas urbanizaciones, a 1,10 ó 1,30 el metro cúbico. Frente a lo que suponía el Plan Hidrológico Nacional, la Junta ha optado por el «parcheo» y el incremento del precio, precisó.
Por su parte, la Federación de Consumidores de Andalucía (Facua) criticó «duramente» las formas en las que la Junta decidió la subida del precio del agua «puesto que se ha realizado sin contar con los consumidores», lo que en contra, en su opinión, de uno de los puntos que establece la directiva marco europea.
Los únicos que valoraron positivamente la subida fueron Los Verdes, socios en el Congreso del PSOE. Su portavoz andaluz, Francisco Garrido consideró «positivo» el incremento del agua para consumo humano, si bien lo calificó de «corto» y reclamó que este tipo de subidas se extiendan a otros usos, sobre todo, a los agrarios.
Estabilizado el manganeso
Por otra parte, la totalidad de la red de abastecimiento de agua de la Costa del Sol Occidental ha recuperado los parámetros de calidad al estabilizarse sus niveles de manganeso, al igual que en la salida de la estación de tratamiento de Río Verde. La empresa de aguas de la zona, Acosol, informó ayer de que los análisis efectuados por el Laboratorio Central de la estación determinan que «el agua ya cumple los parámetros establecidos».
La elevada concentración de manganeso, que superaba lo establecido por la Consejería de Salud, llevó a recomendar el pasado lunes que no se bebiera agua procedente de esa estación, lo que afectó a seis localidades del litoral.
Meneame
Del.icio.us
miércoles, noviembre 09, 2005
La Comisión Europea advierte a España, Italia y Grecia
El Mundo
La Comisión Europea ha enviado hoy un último aviso a España, Italia y Grecia por no respetar sus obligaciones en relación a la directiva-marco comunitaria sobre el agua y, si no modifican la situación en un plazo de dos meses, podrían ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Estos países no han cumplido el plazo fijado por la directiva -junio de 2004- para designar los distritos hidrográficos, que es uno de los "elementos clave" para conseguir una buena calidad de todos los recursos hídricos, según explicó la CE en un comunicado.
Por ello, Bruselas decidió enviar "dictámenes motivados" a estos tres países, que es el segundo paso del procedimiento por escrito y último antes de la denuncia ante el Tribunal.
La directiva marco del agua es, resalta la CE en la nota, "la piedra angular de la política de aguas de la UE" y establece "un marco europeo para la protección de todas las masas de agua de la Unión Europea (ríos, lagos, aguas costeras y aguas subterráneas)".
Su objetivo es alcanzar en 2015 una buena calidad de los recursos hídricos, lo que se debe alcanzar mediante un control de la contaminación y una gestión cooperativa en cada cuenca hidrográfica.
Para lograrlo, la directiva dispone que los Estados miembros establezcan demarcaciones hidrográficas, que pueden constar de distintas cuencas fluviales, acuíferos y aguas costeras.
Estas unidades de gestión deben servir de base para una serie de medidas, incluidos análisis e informes sobre las condiciones de las masas de agua.
Además, la directiva marco del agua establece unos plazos para la ejecución de las diferentes etapas necesarias para llegar a una gestión de las aguas europeas más sostenible en Europa.
Según esa estructura, el 22 de junio de 2004, los Estados miembros tenían que designar sus demarcaciones hidrográficas y proporcionar a la Comisión información detallada sobre las autoridades designadas para su gestión.
España, Italia y Grecia todavía no han suministrado toda la información necesaria, razón por la cual se les ha enviado este último aviso.
El comisario europeo de Medioambiente, Stavros Dimas, afirmó en el comunicado que "los ciudadanos europeos tienen derecho a un agua limpia y a un medio ambiente sano".
"La aplicación correcta y oportuna de esta ambiciosa directiva ayudará a Italia, España y Grecia a gestionar mejor sus preciosos recursos hídricos", por lo que expresó su confianza en que estos países cumplan rápidamente sus obligaciones.
Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas tomadas hoy por el Ejecutivo comunitario contra varios Estados miembros en relación a infracciones medioambientales.
En este contexto, la Comisión también ha remitido un primer aviso (carta de emplazamiento) a Italia y a Grecia por no haber presentado estudios ambientales sobre la situación actual de sus recursos hídricos, lo que debían haber hecho antes del pasado 22 de marzo.
Estos países no han cumplido el plazo fijado por la directiva -junio de 2004- para designar los distritos hidrográficos, que es uno de los "elementos clave" para conseguir una buena calidad de todos los recursos hídricos, según explicó la CE en un comunicado.
Por ello, Bruselas decidió enviar "dictámenes motivados" a estos tres países, que es el segundo paso del procedimiento por escrito y último antes de la denuncia ante el Tribunal.
La directiva marco del agua es, resalta la CE en la nota, "la piedra angular de la política de aguas de la UE" y establece "un marco europeo para la protección de todas las masas de agua de la Unión Europea (ríos, lagos, aguas costeras y aguas subterráneas)".
Su objetivo es alcanzar en 2015 una buena calidad de los recursos hídricos, lo que se debe alcanzar mediante un control de la contaminación y una gestión cooperativa en cada cuenca hidrográfica.
Para lograrlo, la directiva dispone que los Estados miembros establezcan demarcaciones hidrográficas, que pueden constar de distintas cuencas fluviales, acuíferos y aguas costeras.
Estas unidades de gestión deben servir de base para una serie de medidas, incluidos análisis e informes sobre las condiciones de las masas de agua.
Además, la directiva marco del agua establece unos plazos para la ejecución de las diferentes etapas necesarias para llegar a una gestión de las aguas europeas más sostenible en Europa.
Según esa estructura, el 22 de junio de 2004, los Estados miembros tenían que designar sus demarcaciones hidrográficas y proporcionar a la Comisión información detallada sobre las autoridades designadas para su gestión.
España, Italia y Grecia todavía no han suministrado toda la información necesaria, razón por la cual se les ha enviado este último aviso.
El comisario europeo de Medioambiente, Stavros Dimas, afirmó en el comunicado que "los ciudadanos europeos tienen derecho a un agua limpia y a un medio ambiente sano".
"La aplicación correcta y oportuna de esta ambiciosa directiva ayudará a Italia, España y Grecia a gestionar mejor sus preciosos recursos hídricos", por lo que expresó su confianza en que estos países cumplan rápidamente sus obligaciones.
Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas tomadas hoy por el Ejecutivo comunitario contra varios Estados miembros en relación a infracciones medioambientales.
En este contexto, la Comisión también ha remitido un primer aviso (carta de emplazamiento) a Italia y a Grecia por no haber presentado estudios ambientales sobre la situación actual de sus recursos hídricos, lo que debían haber hecho antes del pasado 22 de marzo.
Meneame
Del.icio.us
martes, noviembre 08, 2005
El agua está en la raíz de casi todos los problemas ecológicos
El agua está en la raíz de casi todos los problemas ecológicos |
| Una adecuada administración de este recurso, vital para el desarrollo, exige cooperación. POLÍTICA HÍDRICA / El agua virtual facilita la seguridad alimentaria y la huella hidrológica |
| 08-11-2005 (Gaceta de los Negocios) |
EN España, la adecuada gestión de los recursos hídricos es un tema tan importante como conflictivo. La mayor parte de los expertos, como el presidente de la Sección de Ciencias Naturales de la Real Academia de Ciencias, el catedrático Ramón Llamas, suele admitir que los "conflictos hídricos no se deben normalmente a la escasez física de agua sino a la mala, a veces pésima, gestión que realizan los poderes públicos de este recurso". De ahí que Llamas piense que ha llegado el momento de que todos los implicados en la gestión del agua en España pasen lo antes posible de la actual "confrontación a la cooperación" Los avances en la ciencia y en la tecnología producidos en el último medio siglo permiten resolver estos conflictos con medios que hace pocas décadas nadie podía imaginar. Entre ellos, y en lo que a España se refiere, destacan la desalación de las aguas marinas o salobres, el abaratamiento y la rapidez del transporte de mercancías, la facilidad para extraer aguas subterráneas a bajo coste, las técnicas para depurar las aguas urbanas e industriales y la biotecnología. Desaladoras. Últimamente, los medios de comunicación se hacen eco de la polémica suscitada por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de ampliar la red de desaladoras como la mejor solución para que no falte nunca agua en los hogares españoles. Existen hoy en España alrededor de 900 plantas desaladoras, que llegan a producir unos 500 millones de metros cúbicos al año. Muchas de ellas parecen ser pequeñas plantas privadas. El uso del agua de mar desalada para usos urbanos es algo bien conocido en España. Hay desaladoras funcionando desde hace décadas, especialmente en el archipiélago canario, pero también en algunas zonas del Mediterráneo. 'Sin embargo, el uso de agua de mar desalada para regadío está menos claro', declara el catedrático Llamas a LA GACETA. Y, para ejemplificarlo, comenta lo que le sucedió este verano en uno de los cursos de la Universidad Complutense. 'Afirmé que en España se están ya utilizando cantidades significativas de agua de mar desalada para regadío. Un profesor de Economía Agraria de la Universidad de Berkeley, que participaba en ese curso, expresó abiertamente dudas sobre esta afirmación y solicitó datos concretos'. Desde entonces, ha intentado 'sin éxito' obtener esos datos concretos sobre el uso actual de agua desalada en regadíos españoles, con indicación precisa de la extensión y situación de las superficies a las que se aplica y sobre sus costes y precios. Entre los poquísimos datos encontrados están los que da el catedrático Olcina, quien indica que en 2001 se utilizaban en España 225 millones de metros cúbicos de agua de mar desalada, y de ellos, solamente cinco millones estaban destinados al regadío. Quizá esta situación de 'falta de claridad informativa esté influenciada por la carga política que actualmente conlleva este tema, dada la cancelación del trasvase del Ebro, que estaba prevista en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001. De acuerdo con el denominado Plan Agua de 2005 aprobado por el nuevo Gobierno, esta gran infraestructura va a ser sustituida fundamentalmente por la construcción y operación de una veintena de plantas desaladoras de agua de mar. También es interesante consignar los aspectos económicos de este proyecto, que incluye inversiones públicas del orden de 1.200 millones de euros para la construcción de nuevas plantas desaladoras de agua de mar para obtener aproximadamente 600 millones de metros cúbicos de agua dulce; de ellos, el 50% se prevé que se destine a usos agrícolas. El coste previsto de esta agua desalada, a pie de desaladora, es del orden de 0,5 milímetros cúbicos. El coste del agua subterránea (extraída o no de modo sostenible) oscila entre 0,1 y 0,2/m3. 'Como es lógico, los agricultores no están fácilmente dispuestos a pagar el agua a un precio mayor mientras no se vean obligados a ello', indica Llamas. Por ello, algunos expertos sostienen que, 'para poder implementar el Plan Agua, es imprescindible que la Administración haga cumplir estrictamente los límites de las extracciones de aguas subterráneas'. Advierten además que el riesgo que tiene este proyecto es que, una vez completadas las inversiones públicas en la construcción de esas plantas desaladoras, 'la demanda de agua para agricultura no se materialice debido a que no se haya podido controlar la actual extracción abusiva de aguas subterráneas. En resumen, 'parece probable que el volumen total de aguas desaladas (de mar y subterráneas salobres) no pase de los 500 millones de metros cúbicos, una cantidad que equivale a menos del 0,5% de la huella hidrológica de España, que es del orden de los 90.000 millones de metros cúbicos, Agua virtual. Sin embargo, muy poco se habla del agua virtual, que es el agua necesaria para producir un bien o un servicio. Al principio, el papel del agua virtual se refirió principalmente a la producción de alimentos; pero progresivamente se ha extendido a la producción de todos los bienes y servicios que requieren el uso de agua en una región.Si un país exportara un producto que exigiera mucha agua virtual para su producción, sería equivalente a que estuviera exportando agua, pues de este modo el país importador no necesita utilizar agua nacional para obtener ese producto y podría dedicarla a otros fines. La importación de agua virtual permite que los países pobres en recursos hídricos consigan seguridad alimentaria. Así pueden destinar esas limitaciones de que disponen a fines más lucrativos como el turismo o la industria o el abastecimiento urbano o la producción de cosechas de alto valor. El catedrático Ramón Llamas subraya que siempre ha existido comercio de alimentos y, por consiguiente, de agua virtual. 'Ahora bien, en los últimos lustros el comercio de alimentos se ha incrementado mucho debido en buena parte a las políticas agrarias y al aumento de su productividad; pero en otra parte no despreciable, a que los avances tecnológicos han abaratado y facilitado el transporte de modo muy notable'. Puede estimarse que el transporte marítimo de una tonelada es del orden de un euro, bastante menos de un céntimo de euro por kilo. Este precio es casi independiente de la distancia que tenga que recorrer el barco. Esto explica, por ejemplo, que en los mercados de Madrid se puedan comprar kiwis procedentes de nueva Zelanda o manzanas que vienen de Chile a precios competitivos con los de los equivalentes frutos producidos en España. Por eso, 'el comercio de agua virtual puede permitir a los países de escasos recursos hídricos evitar lo que hasta hace muy poco se consideraba una probable e inminente crisis'. |
Meneame
Del.icio.us
Recurso de inconstitucionalidad contra la derogación del trasvase del Ebro
| Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la derogación del trasvase del Ebro | |
| El Gobierno de Murcia planteará un recurso similar ante Bruselas por entender que la referida modificación del Plan Hidrológico Nacional vulnera la Directiva Marco del Agua. | |
| El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia ha manifestado su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra algunos apartados de la Ley 11/2005 que regula el Plan Hidrológico Nacional referente al cauce del Delta del Ebro. Según el Gobierno de la Comunidad Autónoma esta decisión ''avala en origen, y a falta de producirse la sentencia, los planteamientos iniciales que para nosotros no son otros que los de recuperar el sentido de Estado, el sentido de solidaridad y, si se nos permite, el sentido común. El agua es un bien público, es un bien de Estado. El agua es de todos y nadie puede apropiarse de ella.'' El secretario general de la Presidencia, José Antonio Ruiz Vivo se muestra de acuerdo con el alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro; ''nosotros también estamos de acuerdo con quienes opinan que blindar ríos es práctica de políticos ineptos y mediocres'', declara Ruiz Vivo. Asimismo establece que esta decisión ''es un importante revés que recibe el Gobierno Zapatero en su política insolidaria del agua.'' ''Hay quien olvida a menudo -ha agregado Ruiz Vivo- que el Ebro discurre por nueve comunidades autónomas y quien parece olvidar que la Constitución proclama en su artículo 149 el mantenimiento del principio de la unidad de cuenca.'' Por último, el portavoz adjunto anunció que el Gobierno de Murcia planteará un recurso similar ante Bruselas por entender que la referida modificación del PHN vulnera la Directiva Marco del Agua. | |
Meneame
Del.icio.us
Informe AGUA de Greenpeace
Sólo el 11% del agua de los ríos en España tiene una calidad aceptable
Para adaptarse a la normativa europea, España tiene que luchar contra la contaminación en sus cuencas, el principal motivo de la falta de disponibilidad de agua
El Agua es la base de la vida de nuestro planeta. Rio Irati, Navarra.
Madrid, España — Greenpeace denunció hoy en la presentación de su informe "Agua: La calidad de las aguas en España. Un estudio por cuencas", que el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas es muy deficiente. De hecho, en los informes remitidos por las cuencas al Ministerio de Medio Ambiente, los propios organismos oficiales reconocen que sólo el 11% de las aguas superficiales y el 16% de las subterráneas están en este momento en condiciones de cumplir en 2015 los objetivos que marca la Directiva Marco del Agua, DMA. Es decir, sólo el 11% de las aguas superficiales tiene calidad suficiente para mantener su poder de autodepuración y los ecosistemas que dependen de ella. Y en el caso de las subterráneas, sólo el 16% mantiene las cualidades químicas suficientes para que se puedan utilizar en abastecimiento y riego.La DMA es la ley europea que rige la política de aguas desde el 2004 y que tendrá que cumplirse en su totalidad antes del 2015. Esta Directiva trata de recuperar la calidad de las aguas continentales en toda Europa abandonando la política de infraestructuras hidráulicas que se ha demostrado ineficaz y obsoleta. La Unión Europea apuesta así por una visión ambientalista del medio hídrico que permita su protección y garantice el agua a futuras generaciones.
Greenpeace hace esta investigación en un momento crucial: la entrada en vigor de la DMA. El estudio “Agua” es el primero que analiza todos los datos oficiales existentes sobre la totalidad de las aguas continentales españolas (ríos, acuíferos, lagos, humedales, estuarios, rías...) desde una perspectiva nueva en España, pero que es la base ya de la legislación europea a la que tendremos que adaptarnos: la calidad.
El término calidad incluye la contaminación (grado de toxicidad de los diferentes vertidos), el estado ecológico de las aguas superficiales (la buena salud del ecosistema y su capacidad de regeneración) y el estado químico de las subterráneas.
“La lucha contra la contaminación no sólo permitiría aumentar más la disponibilidad de recursos hídricos que la construcción de desaladoras, embalses y trasvases, sino que es la única forma de asegurar agua para las futuras generaciones”, ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.
"La lamentable situación de nuestras masas de agua hace necesario un cambio radical en la gestión del medio hídrico por parte de Confederaciones y Comunidades Autónomas. Este cambio es obligatorio para cumplir la Directiva Marco del Agua, pero como en otras ocasiones España pretende cumplir la ley mediante parches y soluciones adaptadas a intereses creados en torno al agua”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
El informe “Agua” concluye que:
-
El agua en España está sirviendo como elemento catalizador de la especulación económica (agricultura intensiva, urbanismo y turismo). Y la política de aguas está al servicio de un modelo de desarrollo insostenible que conducirá a medio plazo al agotamiento de los recursos.
-
Es necesario cambiar la visión que la Administración y la ciudadanía tienen del agua. Más aún cuando fenómenos como el cambio climático prevén una disminución significativa en los recursos hídricos de la Península Ibérica.
-
La contaminación del agua es el factor que más influye en la pérdida de recursos hídricos. La lucha contra la contaminación permitiría aumentar en mayor medida la disponibilidad de recursos que la construcción de embalses, canalizaciones o trasvases.
-
Los vertidos industriales y urbanos son los principales causantes de la pérdida de calidad del medio hídrico.
-
Buena parte de nuestros acuíferos (los depósitos naturales de agua) están afectados por contaminación difusa procedente de las malas prácticas agrícolas y ganaderas.
-
Las infraestructuras hidráulicas suponen una merma importante en la calidad del agua. La mitad de las aguas embalsadas presentan problemas de eutrofización (contaminación por nitrógeno y/o fósforo). Los embalses provocan también que no se respete el caudal ecológico mínimo aguas abajo.
-
El uso abusivo que se está haciendo de los recursos hídricos supone un grave inconveniente para lograr alcanzar un buen estado ecológico de nuestras masas de agua continentales. La cada vez mayor demanda de recursos (regadíos, crecimiento demográfico, segundas residencias, complejos turísticos, campos de golf...) ha provocado que ríos tan importantes como el Júcar o el Segura no lleven caudal varios kilómetros antes de su desembocadura en el Mediterráneo (incluso en algunos tramos altos de los mismos).
Meneame
Del.icio.us
lunes, noviembre 07, 2005
Josep Puxeu aboga por un plan de choque destinado a economizar al máximo los recursos hídricos aplicados al regadío
En la clausura del Congreso de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE)
En este sentido ha destacado la necesidad de articular un plan de choque destinado a economizar al máximo los recursos hídricos aplicados al regadío, como la manera más eficaz, viable y social de garantizar su mantenimiento.
Para ello, ha manifestado el Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA, se reajustarán los presupuestos, se reorientará la actuación de las SEIASAs y, mediante la actuación de la empresa pública TRAGSA, se impulsará la intensificación en determinadas obras de modernización de regadíos que estaba previsto llevar a cabo.
Junto con la importancia del ahorro del agua, Puxeu ha destacado también la necesidad de mantener su calidad, poniendo los medios para evitar el problema de la salinidad, recabando para ello la colaboración de las comunidades de Regantes, cuya labor ha ensalzado.
En su intervención, el Secretario General se ha referido también a las legislaciones europeas relacionadas con la utilización del agua, señalando la necesidad de abordar con tiempo y serenidad la aplicación de la Directiva Marco, invitando para ello a las Comunidades de Regantes presentes a iniciar una reflexión sobre la convergencia y homologación de tarifas y a mantener un debate sobre esta cuestión.
Josep Puxeu ha abordado también los temas medioambientales, sobre los que ha afirmado, no son en ningún caso periféricos o colaterales, señalando que si bien la modernización cuyo fin básico es el ahorro del 30 al 60 por ciento del agua es importante, no lo es menos su armonización con el medioambiente, y la protección de los setos vivos, las zonas de lagunaje, el mantenimiento de humedales, o la regeneración de bosquetes.
El Secretario General ha anunciado en este foro la próxima firma, con el ICO y los Presidentes de las instituciones financieras de la nación, del acuerdo de financiación del amueblamiento de los regadíos acogidos al plan de modernización, prevista el miércoles 16 de noviembre, destacando las ventajas de conseguir financiación a 35 años y al Euribor más 0,40.
Por último, Josep Puxeu ha hecho especial hincapié en la necesidad de mantener un marco de colaboración entre las administraciones responsables y los regantes, destacando en este propósito el importante papel a jugar por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes como interlocutora entre las administraciones agrarias, los agricultores y la sociedad.
Meneame
Del.icio.us
JOSEP PUXEU ABOGA POR UN PLAN DE CHOQUE DESTINADO A ECONOMIZAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS HÍDRICOS APLICADOS AL REGADÍO
Para ello, ha manifestado el Secretario General de Agricultura y Alimentación, reajustaremos presupuestos y reorientaremos la actuación de las SEIASAs, impulsando la modernizaciones de regadíos previstas
En su intervención ha anunciado la firma, con el ICO y los Presidentes de las instituciones financieras, del acuerdo de financiación del amueblamiento de los regadíos, para el próximo miércoles, 16 de noviembre
En este sentido ha destacado la necesidad de articular un plan de choque destinado a economizar al máximo los recursos hídricos aplicados al regadío, como la manera más eficaz, viable y social de garantizar su mantenimiento.
Para ello, ha manifestado el Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA, se reajustarán los presupuestos, se reorientará la actuación de las SEIASAs y, mediante la actuación de la empresa pública TRAGSA, se impulsará la intensificación en determinadas obras de modernización de regadíos que estaba previsto llevar a cabo.
Junto con la importancia del ahorro del agua, Puxeu ha destacado también la necesidad de mantener su calidad, poniendo los medios para evitar el problema de la salinidad, recabando para ello la colaboración de las comunidades de Regantes, cuya labor ha ensalzado.
En su intervención, el Secretario General se ha referido también a las legislaciones europeas relacionadas con la utilización del agua, señalando la necesidad de abordar con tiempo y serenidad la aplicación de la Directiva Marco, invitando para ello a las Comunidades de Regantes presentes a iniciar una reflexión sobre la convergencia y homologación de tarifas y a mantener un debate sobre esta cuestión.
Josep Puxeu ha abordado también los temas medioambientales, sobre los que ha afirmado, no son en ningún caso periféricos o colaterales, señalando que si bien la modernización cuyo fin básico es el ahorro del 30 al 60 por ciento del agua es importante, no lo es menos su armonización con el medioambiente, y la protección de los setos vivos, las zonas de lagunaje, el mantenimiento de humedales, o la regeneración de bosquetes.
El Secretario General ha anunciado en este foro la próxima firma, con el ICO y los Presidentes de las instituciones financieras de la nación, del acuerdo de financiación del amueblamiento de los regadíos acogidos al plan de modernización, prevista el miércoles 16 de noviembre, destacando las ventajas de conseguir financiación a 35 años y al Euribor más 0,40.
Por último, Josep Puxeu ha hecho especial hincapié en la necesidad de mantener un marco de colaboración entre las administraciones responsables y los regantes, destacando en este propósito el importante papel a jugar por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes como interlocutora entre las administraciones agrarias, los agricultores y la sociedad.
Meneame
Del.icio.us
